Avanzan los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); ya se habla incluso de explorar el camino hacía un cese bilateral de fuego y hostilidades. Otro paso más se está dando para alcanzar la paz rural que podría abrir espacio para buscar la paz urbana. Sin embargo, a pesar de tan importantes noticias el panorama no está nada fácil para alcanzar la tan anhelada paz.
Además de las disidencias que están surgiendo del proceso de paz con las FARC —que espero sean pocas—, igualmente podrían presentarse en el ELN si termina con éxito la negociación política con ellos. En un futuro cercano estas personas que no se acomodan a los resultados de los acuerdos podrían retomar vastos territorios dejados por sus antiguas organizaciones o vincularse al paramilitarismo asociado a la mafia y el crimen trasnacional, verdadero riesgo para la paz en Colombia.
Las estructuras paramafiosas, llamadas coloquialmente bacrim, hacen presencia real en no menos de 27 departamentos. Entre estas organizaciones ilegales hay unas más poderosas que otras ya que tienen presencia nacional. Se considera que la más grande y mejor estructurada serían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); según la Fundación Paz y Reconciliación habría otras cuatro con características similares al recién bautizado Clan del Golfo (AGC) y veintisiete más pequeñas y focalizadas regionalmente. La Fiscalía General de la Nación dice que hay 1500 en las ciudades colombianas, y muchas más hacen presencia debido al negocio criminal que se desarrolla libremente en esa especie de laissez faire, laissez passer (dejen hacer, dejen pasar) y con protección oficial en la mayor parte de la geografía nacional.
En Colombia ser una organización pequeña pero armada no es sinónimo de que no tenga poder militar, económico, territorial y se pueda expandir y crecer cuando inicie la era de los posacuerdos. Y aclaro que posacuerdo no es lo mismo que posconflicto, como se quiere mostrar tras los acuerdos de paz con las FARC y seguro próximamente con el ELN; en realidad el posconflicto en nuestro país está todavía lejos de poder iniciar.
Con los datos anteriores y dado que en Antioquia hacen presencia varias de esas estructuras paramafiosas tales como las AGC y la Oficina del Valle de Aburrá que tienen presencia nacional e internacional y con fuertes nexos con el crimen trasnacional como los carteles mexicanos o las organizaciones criminales del Brasil como El Primeiro Comando da Capital (Primer Comando Capital, PCC) o el Comando Vermelho (Comando Rojo) y mafias de China, Rusia, entre otros, y hacen presencia en el país, pregunto, una vez más: ¿cuándo iniciarán diálogos urbanos y rurales que lleven al desmantelamiento y al sometimiento de las estructuras paramafiosas en Colombia?
El presidente Juan Manuel Santos debería ponerse serio con el país, la estrategia ya debería estar en marcha y no es otra que obligar a estas estructuras paramilitares y mafiosas, a las bandas armadas que les sirven a quienes las protegen desde la legalidad y la institucionalidad a transitar el camino del diálogo, la negociación y el sometimiento a la justicia. La estrategia implantada a partir de decretar el fin del paramilitarismo y anunciar por decreto la llegada de las bacrim no está funcionado; capturas y decomisos no han garantizado el desmantelamiento efectivo del fenómeno paramilitar y mafioso en Colombia. ——–
Apunte Urbano
Pareciera que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la clase dirigente que lo acompaña no se dieran cuenta de la realidad que vive el país a partir de la última marcha de las FARC-EP; las zonas que ellos van dejando están siendo retomadas, eso significa que el poder mafioso y paramilitar fortalecerá mucho más la clase emergente que quiere llevar a la guerra civil a nuestro país. Mientras tanto, el gobierno duerme y se prepara para anunciar que la paz ha llegado, paz en medio de los asesinatos de los defensores de derechos humanos y la gran ofensiva de los amanuenses de la guerra.
*Director de Análisis Urbano
