4.700 son los concejales colombianos que están amenazados por grupos ilegales, de los cuales 2.400 se encuentran sin ninguna protección por parte del Estado. Jorge Armando Otálora director de la Defensoría del Pueblo, hizo la denuncia tras conocerse el sábado pasado la muerte del líder indígena Kamentsá Luis Chalpatar Rivera, presidente del Concejo Municipal de Puerto Asís (Putumayo) y miembro del Movimiento Social Indígena (ASI).Después de estos hechos, Otálora ha venido enviando cartas al ministro de interior Aurelio Irragori, buscando que le agende una reunión para buscar pronta solución y una efectiva protección a los amenazados.
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