La semana del 13 de febrero, se iniciarán los debates en el Congreso sobre uno de los aspectos más cruciales en la implementación del Acuerdo: La reincorporación política de las Farc. Con el proyecto de reforma que ya fue radicado por el gobierno se inicia formalmente el tránsito de las Farc hacia su conversión en partido político legal. Balas por votos o botas por votos. Según el proyecto la estructura política de las Farc se medirá en el escenario democrático con una vocería nacional a la cabeza de 5 Senadores y 5 Representantes en un periodo de transición de ocho años. La otorgación de las 10 curules en el Congreso ha levantado mucha suspicacia y varios sectores se han manifestado en contra desde que se hizo público ese apartado de la reincorporación política. Se entiende la molestia de ciertos sectores si consideramos que las Farc van a ingresar al sistema de partidos como un partido mediano, con una financiación proporcional por 10 años y una amplia base presupuestaria para su Centro de Pensamiento. Se confirma la molestia si tenemos en cuenta que en ninguno de los procesos de paz celebrados con los grupos insurgentes en El Salvador o en Guatemala se ajustó el sistema de partidos para que los movimientos tuvieran una representación fija en el parlamento. En ese sentido el colombiano es un caso excepcional y solo encuentra similares en procesos de negociación y desarme en África y Asia. ¿Por qué?
Considero que el acuerdo es hasta cierto punto restaurativo y a pesar que las Farc no fue el único grupo que participó en la creación de la UP si fue su eje articulador y el exterminio de la colectividad es entendido como un atentando directo a las plataformas políticas y sociales cercanas a su ideología. Si en el acuerdo sobre Víctimas se acodaron medidas de reparación colectiva se debe entender la asignación de las 10 curules en una lógica de reparación a un partido que fue virtualmente exterminado. El reconocimiento de responsabilidades debe ser mutuo y en ese sentido el gobierno Santos ya reconoció cierta participación del Estado en los asesinatos de líderes y militantes del partido. Asimismo, no cabe la menor duda que la oposición política en Colombia ha sido estigmatizada y perseguida, hasta el punto de ser el único país con la obligación de expedir un estatuto para garantizar su adecuada participación. Por eso la reincorporación política de las Farc y el Estatuto de la oposición van de la mano. Sin embargo, la enorme tarea de las Farc va a consistir en crear confianza en el electorado para que vote por ellos y llegar a cargos de elección popular por mérito propio. Algo muy difícil si consideramos que uno de los impactos sociales de la Seguridad Democrática consistió en desnaturalizar la lucha insurgente y restarle credibilidad a su proyecto político. Para muchos colombianos las Farc no tienen ninguna orientación política y la tarea de construir un programa amplio que genere discusión y concertación entre el electorado de a pie es tan enorme que no tengo la más mínima idea cómo lo van a hacer.
Al contar con representación directa en el Congreso el eventual partido de las Farc la tendrá mucho más fácil para empezar a consolidar fuerzas de apoyos locales y regionales. En el esquema piramidal del ejercicio del poder los congresistas se agazapan en la cúspide de una telaraña que desciende por diputados, alcaldes y concejales. En esa perspectiva el reto de sus congresistas consistirá en dar a conocer su ideario programático y político a la vez que construyen espacios de aceptación en las regiones pero particularmente en las ciudades donde se concentra el grueso del electorado. Además de las 10 curules, que se sumarán a las existentes, el movimiento contara con una partida amplia del 7% del presupuesto anual que reciben los partidos (más de 2 mil millones a plata de hoy) por cuatro años para su Centro de Pensamiento. Una cifra muy grande si consideramos que el partido liberal por ejemplo solo invierte en el Instituto de Pensamiento Liberal el 10% de la asignación anual para su funcionamiento, es decir, menos de 400 millones de pesos. Vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué podemos esperar de ese Centro de Pensamiento?. Algo me dice que formará parte de su proyecto de visibilización y construcción de confianza ciudadana. Esos son los temas que se debatirán la próxima semana en el Congreso. Las decisiones ya están tomadas en cuanto a reincorporación política. Son 8 años de transición, tiempo en el cual las Farc deberán consolidar un trabajo autónomo que les permita continuar en el ruedo político cuando sus curules dejen de estar constitucionalizas con rango de transitoriedad. ¿Podrán lograrlo?
