El 20 de septiembre de 2016 envié un derecho de petición a Procolombia, pensando que era una entidad pública y amparado en el artículo 23 de la Constitución, de acceso a la información. Para mi sorpresa, el 4 de octubre la entidad respondió que se rige por el “derecho privado”, con un “patrimonio autónomo sin personería jurídica por la Nación”. Por tal motivo, lo que yo requería, afirman: “no se trata de información pública” y “tiene el carácter reservado”.
La información solicitada se refería a tener más detalles de una noticia que publicó El Heraldo el 21 de marzo de 2016, en la que Procolombia afirmó –sorprendentemente– que 2051 empresas serían potenciales inversionistas en Colombia, a pesar que en 2015 la inversión extranjera en Colombia había caído 27 %.
El objetivo de Procolombia es “promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país”. Cuando Maria Claudia Lacouture entró a la dirección de Procolombia en agosto 2010 encontró exportaciones no tradicionales anuales de USD 15 205 millones, que incluso crecieron hasta USD 18 000 millones en 2012; pero cuando salió en mayo de 2016 las dejó en USD 14 776 millones anuales. Es decir, durante su gestión al frente de Procolombia cayeron 3 %. En cambio las importaciones crecieron 36 %, dejando un balance comercial negativo de USD 16 740 millones en su paso por la entidad. En el tiempo que lleva el TLC con Estados Unidos, por ejemplo, Colombia ha perdido USD 10 371 millones en comercio, suficiente argumento para una renegociación. Con estos resultados, el presidente Santos la nombró ministra de Comercio y Turismo.
Parece que muchas entidades que funcionan con dineros públicos,
se escudan en la figura del derecho privado
para evitar dar explicaciones y rendir cuentas por sus resultados
A juzgar por los hechos, hace tiempo se necesita un debate en el Congreso de la República sobre la eficacia de una entidad con un presupuesto cercano a $140 000 millones de recursos públicos, que se canalizan a través del ministerio de Lacouture para sostener funcionarios en 24 oficinas internacionales y 21 en Colombia. Parece que muchas entidades que funcionan con dineros públicos, como se ha denunciado en recientes escándalos de corrupción, se escudan en la figura del derecho privado para evitar dar explicaciones y rendir cuentas por sus resultados.
De paso, también sería interesante averiguar si Procolombia, encargada de promover la inversión extranjera en Colombia, ¿andará ofreciendo ayuda para que empresas que operan y generan empleos dentro de Colombia, se vayan del país y se ubiquen en otros como México? ¿Podrán los órganos de control hacer que la información de Procolombia sea transparente?
Twitter: @mariovalencia01
