En Bogotá según el censo general 2005 del DANE, la población rural era de 15.366 personas, mientras que en el área urbana habitaban 6.763.325. Las proyecciones de población (2005-2020) estipuladas por la misma entidad afirman que para el 2017 somos unas 4.167.000 mujeres y 3.912.000 hombres habitantes de la ciudad. (DANE, 2017)
Es evidente el crecimiento abrupto de Bogotá, específicamente de su población urbana. Esto desafortunadamente está ligado al incremento de tasas de pobreza, exclusión, desempleo, deserción escolar, violencia, etc. Esta ciudad se ha convertido en receptora de problemas nacionales como el desplazamiento a causa de conflictos armados en varias zonas del país, pero no ha sido pensada como un lugar que responde a su realidad demográfica y social, sino como un espacio donde se tiene derecho a vivir según su condición.
Como afirma Bailly y Huriot, sociólogos de lo urbano, las ciudades han estado presentes desde los inicios de las civilizaciones y no han dejado de desarrollarse, pues han concentrado una parte cada vez más importante de la población, de la actividad económica, del prestigio y del poder en todas sus formas, para llegar a ser hoy en día la expresión misma de nuestras sociedades, de sus potencialidades y de sus límites (Bailly y Huriot, 1999: 1)
Una de sus expresiones ha sido indiscutiblemente el modelo patriarcal y capitalista bajo el cual han sido creadas las ciudades. Bogotá es un buen ejemplo. No es mi intención, ni es posible ahondar todos los problemas que rodean esta ciudad o eliminar de la discusión la ruralidad de Bogotá (triplemente excluida), pero si poner sobre la mesa un objetivo que ha venido creciendo en el marco de las militancias feministas: nuestro derecho a la ciudad. A esa ciudad urbana prohibida no solo para las mujeres, sino para las negras, los obreros, los ancianos, los no heterosexuales, las no blancas, los no burgueses.
Derecho a una ciudad no solo para quienes pueden pagarla
En promedio una madre soltera de estrato dos que sobrevive con un salario mínimo y trabaja largas jornadas tarda 4 horas de viaje al día de su trabajo a casa y viceversa, debe llegar a cuidar sus hijos, mantener limpia la casa, tener lista la comida y generar redes familiares al tiempo. La incompatibilidad de la localización entre la vivienda, el empleo, las labores domésticas socialmente asignadas y las actividades urbanas con sus consecuencias en el “recurso tiempo”, es uno de los principales obstáculos de las mujeres para su autonomía y ciudadanía activa. ¿En qué momento puede ella organizarse, pensar sobre la exigencia de sus derechos o siquiera juzgar todo el modelo que sostiene su deficiente calidad de vida?
Gran parte de Bogotá se ha construido como varias ciudades en las que las actividades cotidianas se encuentran separadas y esparcidas por el territorio, unidas por vías rápidas de circulación para el vehículo privado. Este modelo de crecimiento urbano es el paradigma desarrollista, que valora solo lo productivo y remunerado menospreciando las tareas reproductivas y de cuidados, que se basa en asociar la esfera productiva con el ámbito público y la reproductiva con el ámbito de lo privado atribuido a las mujeres. Una capital que no se piensa beneficios o acciones para el trabajo doméstico es un lugar que niega la ciudadanía a millones de mujeres que desempeñan esta labor tan naturalizada por la sociedad.
Bogotá además se cimienta bajo espacios urbanos avanzados, inteligentes, ordenados y con grandes privilegios para una clase económica especifica que puede habitarlos. Las fronteras invisibles en lo urbano son cada día más grandes, la periferia abandonada por el Estado convive con las urbes de clase alta que sí tienen derechos. El habitar un lugar digno se ha convertido en el privilegio del 5% de la población total de Bogotá, que por supuesto no son en su mayoría mujeres.
Existen entonces grandes problemas que generan esa insatisfacción de las poblaciones excluidas, como las mujeres, en la ciudad: 1. Gobernabilidad: la paupérrima participación de mujeres en cargos públicos y democráticos y las insuficientes leyes y políticas pensadas hacía, por y para las mujeres 2. Inversión y planificación territorial: el “asunto” de mujer, género, diversidades sexuales, etc. ni siquiera está en la palestra pública del distrito 3. Acceso a una ciudad sustentable y digna: privatización de servicios (ahora nada públicos), condiciones de inseguridad, movilidad, contaminación ambiental, derecho a una vivienda, acceso a la educación y la salud; derechos en teoría obligatorios para cualquier ciudadana 4. Inequidad social y machismo cultural y naturalizado.
El urbanismo feminista interseccional
El urbanismo feminista, un concepto de tratamiento de las ciudades teorizado en los años 70, que comenzó a aplicarse en los 90 y que ahora, por ejemplo, con los nuevos ayuntamientos, empieza a entrar en la agenda de las capitales españolas (Barcelona lo ha incorporado como política pública), no es, no obstante, algo centrado únicamente en las mujeres. El urbanismo feminista desde una perspectiva interseccional se centra en pensar quién vive, cómo vive y qué necesidades se tienen en el territorio sin espacios que nos constriñan y nos limiten. Sin olvidar la raza, la clase o la edad que por supuesto interviene en las vivencias de la ciudad.
El urbanismo feminista interseccional es una apuesta de lectura y transformación de las ciudades desde las personas. Busca generar un lugar con beneficios y posibilidades para la población adecuada a su contexto. Analizar desde una perspectiva de clase que las urbes son un derecho para todas, pero un derecho digno que implica acabar con el modelo económico que actualmente la sostiene. Adicionalmente involucra pensar las soluciones para el transporte, la educación, la salud, el empleo, etc. en los territorios de manera social ampliando así la solidaridad y la construcción colectiva de una vida en comunidad.
Propuestas que van desde la transformación a partir del diseño urbano, como el proyecto de las Frauen-Werk-Stadt en Viena, un conjunto habitacional diseñado por la arquitecta Franziska Ullman con perspectiva de género, o las pequeñas reformas para mejorar la vida cotidiana en el barrio de Mariahilferstrasse, también en Viena, a proyectos impulsados por colectivos feministas para visibilizar el acoso callejero perpetuo que sufrimos las mujeres en los espacios públicos y que condiciona nuestra libertad y autonomía como el Observatorio Contra el Acoso Callejero en Colombia.
Sería ingenuo pensar que la configuración espacial va a modificar comportamientos y relaciones de poder profundamente arraigados en la sociedad, sin embargo, arquitectas feministas afirman que el entorno físico no es solo escenario de la desigualdad sino que también actúa como reproductor de valores y principios que promueven las desigualdades económicas, étnicas, de género, por eso es importante intervenir en el territorio no solo para tener mejores hábitats, sino también para que el espacio deje de reproducir y reforzar estas desigualdades.
Las feministas debemos tomar cartas en el asunto, proponer ciudad y trabajar por el derecho a esta sin que nos limiten, pero además luchar por una ciudad nuestra. Bogotá se encuentra adelantando un proceso de revocatoria contra Enrique Peñalosa, electo hace un año, no solo por su mala administración, sino por sus intereses personales que salen a flote en el desempeño de su labor. Las razones para declinarlo me hicieron reflexionar en qué ciudad nos pensamos y qué proponemos, pero sobre todo cómo evitar que patriarcas y derechistas nos nieguen la ciudad que habitamos y qué estamos dispuestas a defender.
