El campesinado del Catatumbo y sus demandas: otra verdad incómoda

Recientemente se publicó en “Las2Orillas” un ataque contra los campesinos catatumberos, especialmente contra quienes se encuentran organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo. En aquel texto se hicieron afirmaciones irreflexivas fundamentadas en distorsiones mal intencionadas de los hechos que, con ausencia de cualquier rigor ético, pretenden reproducir el imaginario del campesinado como un sujeto dócil, obediente, débil e influenciable por agentes externos. La nota se dedica a desviar la atención de la discusión central; nada dice de fondo sobre los derechos del campesinado cocalero, más allá de hacer ver lo pactado por las FARC y el Gobierno Nacional. Nada se dijo de la justeza de las demandas de los campesinos; se guardó silencio sobre el abandono estatal que sufren las comunidades del Catatumbo, se omitió mencionar la deuda de la sociedad mayoritaria para con quienes han sido empobrecidos y excluidos por las “locomotoras del desarrollo”.

El escrito se dedicó a aseverar cosas que, como se verá, son realmente dañinas; incluso, algunas rayan de cerca con la calumnia. Al parecer fue más sencillo lanzar una acusación que rebatir un argumento. Como verá el lector, los comentarios que contra el campesinado se lanzaron en aquella publicación no resisten el menor análisis, ni la más mínima confrontación con los hechos:

1. Ascamcat no es, como lo afirmó el texto, un “intermediario” que suplanta al campesinado. Los hechos demuestran que Ascamcat es una de las múltiples formas en las que el campesinado del Catatumbo se ha organizado para defender el territorio. La consulta previa, libre e informada, como derecho del campesinado es un principio rector de la labor de Ascamcat. Pero, a pesar de que esta organización ha promovido desde hace varios años el derecho del campesinado a ser consultado sobre cualquier actividad que pueda afectarle; el escrito mencionado se dedicó a presentar a los campesinos organizados en Ascamcat como sujetos autoritarios, tiranos que presuntamente ejercen presión sobre un grupo de campesinos sin autonomía política [1].

El texto asegura que “Además de la presencia de los representantes naturales de las veredas, es decir de los presidentes de las juntas de acción comunal (JAC), la organización Ascamcat decidió tomar la vocería, impidiendo el acceso de la población al recinto con su fiel e intimidadora guardia campesina [2]”; sin embargo, se olvidó decir que Ascamcat es una expresión formal del movimiento social campesino en el Catatumbo, su objetivo es hacer efectivas las exigencias de reconocimiento y redistribución de aquellas comunidades excluidas de la vida política nacional y por eso su agenda no es “oculta”, es más bien ignorada. Su agenda sistematiza los pareceres de aquellas comunidades que el gobierno no atiende y, que en el mejor de los casos, sólo se les notifica formalmente su suerte. Por eso sus posiciones suelen tomar distancia de las de la institucionalidad, Ascamcat construye sobre el mandato traído de la montaña, vienen de las veredas sin vías, sin escuelas, sin hospitales, y desde allá traen voces que deben ser oídas. Tal vez si quienes diseñan la política pública se “metieran al barro” entenderían porqué el campesinado demanda condiciones que según el texto están “fuera de la realidad”.

2. Las propuestas presentadas por Ascacmat no son producto de una agenda encubierta o de un disparate de un grupo de campesinos caprichosos; su labor es sistematizar y darle eco a las demandas del campesinado. El “Piloto de Implementación del punto 4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, propuesto por Ascamcat es producto de lo recogido en más de 94 jornadas de socialización en las cuales se hizo pedagogía de paz y se consultó a las comunidades sobre su visión de cómo debía ser la implementación de los acuerdos de paz en la región del Catatumbo; en especial, lo relativo a la implementación de lo acordado en el punto 4. En estas jornadas realizadas en todo el municipio de Tibú, asistieron delegados de 3767 núcleos familiares, de los cuáles 3149 manifestaron de manera voluntaria su interés de hacer parte de dicho programa. Por tanto, no es honesto despreciar la participación campesina con una afirmación imprecisa, asegurando que asistieron “más de 100” personas a las “reuniones” en las que se “validó” esta propuesta. En realidad se está hablando de casi cuatro mil núcleos familiares, en total 12.172 campesinos pertenecientes a aquellos, que hicieron parte de manera delegataria en la construcción de la propuesta. Por ejemplo, en el área aledaña a la ZVTN se realizaron consultas a las comunidades mediante encuestas que se aplicaron a 62 núcleos familiares en el caso de la vereda El Progreso 2, 87 en Caño Indio, 37 en Chiquinquirá y 65 en Palmeras Mirador.

3. Es falso decir que Ascamcat se apropió de la interlocución con el gobierno, pues la conformación de dichos espacios es plural y recoge múltiples formas organizativas del campesinado. Se falta a la verdad cuando se asegura que en dichos espacios se cercenó la participación, no fue posible “protestar o preguntar” aseveró la autora del artículo; pero, para contrariar esta ligera afirmación, véase por ejemplo la conformación misma de los equipos de negociación constituidos para representar los intereses del campesinado. Como se puede leer en el acta que fue firmada el 7 de diciembre de 2016 por Eduardo Díaz, en representación del Gobierno Nacional y por Pastor Alape, delegado de las FARC, se acordó que la representación legítima de las comunidades se ejercería por cuatro instancias: primero, los Comités de Sustitución (13 delegados) constituidos para ese fin específico por las comunidades de las zonas aledañas a la ZVTN; segundo, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (cuatro delegados); tercero, cuando ésta se constituya, por los delegados de la Coordinadora Municipal y Departamental de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana; y cuarto, se incluye un grupo de voceros de Ascamcat (3 delegados) mandatados por la comunidad. Como puede verse, los intereses de los campesinos están representados por un bloque de 20 negociadores de los cuales sólo tres pertenecen a Ascamcat. Por esto redunda en la desfachatez usar un prejuicio anti-campesinista para hacer creer que los ciudadanos que libremente se articulan a procesos de participación comunitaria y gremial no obran en ejercicio de su autonomía; parece que para quien escribió el texto, si el campesino no se pliega a las proyecciones de política pública hechas por “los técnicos de Bogotá” debe ser porque es incapaz de entender, o porque está siendo engañado por algunos que se aprovechan de lo que el texto llamó como una “desventaja”, al parecer natural.

4. La agenda política del campesinado no es oculta y no depende de líderes campesinos en particular para su promoción. Para algunos sectores tradicionales es incómodo reconocer al campesino como un sujeto político con agenda propia, con intereses colectivos y con organizaciones dispuestas a defenderlos desde cualquier espacio de lo público; pareciera que fue más fácil mentir culpando a dos personas que nunca asistieron a los referidos espacios de concertación, como es el caso de la mención explícita que se hace a César Jeréz y Juan Carlos Quintero, quienes realmente nunca estuvieron en las reuniones con el Gobierno Nacional. Es más breve acusar a personas ausentes de ser quienes estaban suplantando los intereses comunitarios y decir que era debido a interferencias externas que el campesinado demandaba una sustitución de cultivos de coca que no termine de empobrecer el ya desvencijado campo colombiano. Es más sencillo descalificar las propuestas del campesinado que discutir la situación económica de una región cuya economía se basa en la coca y en el contrabando. Es más cómodo anular a un grupo de campesinos que debatir las causas y consecuencias del descontento social en esta región.

5. El “fracaso” de la MIA Catatumbo es producto de la ceguera política del Gobierno Nacional, de la ineficacia de sus intervenciones minúsculas frente a la magnitud del abandono estatal durante décadas y de su estrategia de clonación de organizaciones sociales. El gobierno de Santos ha usado en múltiples ocasiones tácticas dilatorias que han sido denunciadas por Ascamcat, el ejecutivo se ha dedicado a desgastar con sus maniobras. Pero lo cierto es que más allá de los acuerdos alcanzados con la presión de la movilización social, no ha tenido voluntad de avanzar en nada; esta situación ha sido tan delicada que incluso los garantes de la mesa han intentado promover la reactivación de la misma pero el gobierno ha manifestado que no tiene voluntad política de llegar a acuerdos. No obstante lo anterior, para el texto objeto de nuestros comentarios, pareció más expedito obviar la realización de un balance certero de la MIA, y en su lugar, se lanzaron una serie de comentarios desafortunados sobre presuntas presiones de Ascamcat para operar proyectos. ¿Tendrá pruebas? no, no las tienen, por la sencilla razón de que Ascamcat nunca ha ejecutado los escasos recursos provenientes de acuerdos de la MIA Catatumbo.

Además, si se analiza la inversión que el gobierno ha hecho en infraestructura en la región y, por ejemplo, se comparan los desfalcos de los Nule, de Reficar o de Odebrecht, con los recursos comprometidos en la MIA, se descubrirá que los dineros destinados a cerrar la brecha social del Catatumbo, con respecto al resto del país, parecen languidecer ante la estrepitosa corrupción del establecimiento.

Lo más grave es que el gobierno, en lugar de fortalecer las organizaciones comunitarias de base para que sean las comunidades las que hagan control social sobre la inversión, se dedica a entorpecer su labor de reconstrucción del tejido social. Un ejemplo de ello se encuentra en la Resolución 3080 de 2016 en la cual, como parte de una supuesta estrategia de lucha contra el narcotráfico, el Ministerio de Defensa en lugar de perseguir las redes financieras que garantizan las millonarias ganancias del narcotráfico transnacional, se enfoca en evitar la movilización campesina que se opone a la erradicación violenta de los cultivos de coca; en esta resolución se orienta a los agentes del Ministerio de Defensa la creación de organizaciones campesinas que suplanten los procesos organizativos que se oponen a las agendas políticas y económicas del establecimiento.

Estas organizaciones artificiales promovidas como parte de la estrategia militar contra el campesinado, son un medio para capturar recursos destinados al desarrollo de los acuerdos de paz; con estas estructuras los políticos tradicionales esperan renovar sus clientelas políticas bajo la supervisión ideológica de la doctrina militar norteamericana. Ante el repunte de los procesos organizativos en la región el gobierno pretende neutralizar la movilización popular abriendo el flujo de recursos a sus organizaciones fraudulentas mientras cierra la puerta al diálogo directo con las comunidades, por eso cabría preguntarse: ¿Fue eso lo sucedido en la vereda La Angalia? ¿Qué resultados puede mostrar hoy el Gobierno Nacional de su intervención en dicha vereda? ¿Tendrá algo que ver aquello con la intervención de agentes religiosos en las discusiones políticas y económicas laicas?

Para concluir, la intención de estas líneas no es cerrar el debate sino abrirlo. No hay una única versión de la realidad y los campesinos de Ascamcat no son los legítimos poseedores de ella, la invitación es a dar un diálogo argumentado que supere los prejuicios y las reducciones del ser campesino; a que no se limiten las intervenciones a hacer acusaciones sin fundamento o a esparcir “rumores” sin ningún tipo de verificación. La incomodidad que causan las demandas de Ascamcat se origina por el hecho de que con ellas se recuerda a la nación la gravedad del estado de abandono en el que se encuentra el Catatumbo; por eso, la invitación es a pensar que superar esa incómoda verdad es una de las principales tareas que se nos impone a la hora de implementar los acuerdos de paz en la región.

Hoy ya se ha firmado un acuerdo entre el Gobierno, las FARC y las comunidades. En éste se incluye un reconocimiento que asciende a 36 millones [3] de pesos por familia y cuenta con un alcance de, al menos, dos años; esta es sin duda una victoria del campesinado que ha demostrado, en contra de las sátiras, que sus demandas están justificadas y que la implementación del acuerdo tendrá que hacer oídos a su voz.