Hasta ahora, ninguna de las instituciones, La Contraloría, La Fiscalía, La Procuraduría y la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, se han puesto de acuerdo de cuanto se pierde por cuenta de la corrupción en el país. La Contraloría, por ejemplo, estima que esta cifra podría estar por el orden de los 50 billones, es decir, cerca de una quinta parte del Presupuesto General de la Nación o lo que es mejor, lo que se pretende recaudar en los próximos siete años con la Reforma Tributaria; la Procuraduría la tasa en 22 billones, la fiscalía en 9.4 billones y la Oficina de Transparencia de la Presidencia República en 25 billones de pesos. Y ni que decir de las estimaciones de la ANDI y de otras instituciones que, al respecto, también se han pronunciado con incesantes y preocupantes alarmas.
Que Colombia sea uno de los países más corruptos del mundo, no (Estamos en el puesto 90 entre 176 países según la ONG Transparencia Internacional). Que tengamos una de las clases políticas más corruptas del mundo, sí.
Para responder a esta vergüenza y para calmar los ánimos de la opinión pública en plena época preelectoral, el gobierno nacional emitió el Decreto 092 del 23 de enero de 2017, que pone freno a la contratación directa con las organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones y corporaciones, las cuales a su juicio son uno de los grandes boquetes de la corrupción y, sancionó, además, la Ley 1828 del 23 de enero mediante la cual se pretende sancionar a senadores y congresistas que incurran en faltas dispuestas en el Código de Ética como el faltar sin justificación a 3 sesiones de plenaria y/o comisión en un mismo periodo; incumplir sin justificación el plazo para rendir ponencia y desconocer los derechos de autor, entre otras. “Esta era una deuda histórica del Congreso con el país desde hace 25 años”, dijo el jefe del Estado sin ninguna pena.
Sobre el decreto que pone en cintura la contratación con las organizaciones sin ánimo de lucro, aunque es importante puesto que detrás de la mayoría de éstas están los políticos, solo busca blindar 1,2 billones de pesos que es, según la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República, lo que, aproximadamente, contratan anualmente en el país estas entidades y, sobre la ley que pretende sancionar a senadores y congresistas basta con preguntarnos quien los procesará sino la mismísima Comisión de Ética del Congreso que, a la vista de todo el mundo es claro que no sirve para nada. Ah, y un dato curioso sobre el Departamento del Cauca, entre el 2012 y 2016, años que coinciden con el comienzo y terminación de los diálogos de paz con las FARC, fueron registradas en la Cámara de Comercio del Cauca cerca de 1.700 entidades sin ánimo de lucro entre asociaciones, corporaciones y fundaciones. Un registro record y por lo demás inusual que podría darnos luces de cómo algunos políticos caucanos se preparan para participar de la piñata y el robo de los recursos del post conflicto.
Pero no solo el Gobierno Nacional se movió, lo hicieron, además, algunos presidenciables, alternativos en su mayoría, Claudia López, Fajardo, Petro y Robledo al calor de los escándalos mediáticos, el de Odebrecht, Reficar, el del saqueo de los recursos de la salud en Sucre y los de la educación en Córdoba y Riohacha, los cuales salpicaron a la clase política tradicional de estas regiones, incluidos ministros y viceministros, un gobernador y varios alcaldes, y hasta a un senador de la República, Mario Benedetti y, también, se pronunció en sendos informes la ONG Transparencia Internacional.
En sus pronunciamientos, entre otros, propusieron los alternativos reformas para delimitar el ejercicio público de los congresistas a tan solo dos periodos consecutivos, su pago por el número de sesiones a las cuales asistieran o una reducción de sus sueldos; bajarlo de 28 millones a 13 millones, un aumento de penas a los corruptos sin ningún tipo de beneficios, la penalización de la mermelada, la financiación estatal a las campañas políticas y la eliminación de todos los privilegios que están por encima de los beneficios legales que debe tener todo trabajador formal en Colombia. Nada mal, digamos, si el congreso a elegirse en el 2018 sintiera el deber y tuviera el valor de autoreformarse, cosa que jamás sucederá porque si algo le asiste a la clase política por encima de todo, es el de legislar de espaldas al país y para su propio beneficio, su deseo de mantener sus privilegios y su interés de apoltronarse en el poder cueste lo que cueste. Y puesto que del congreso jamás los colombianos podríamos esperar reformas en las que se transparente, por lo menos, su ejercicio público, es que al país no le queda mas salida que la de propiciar las condiciones para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo contrario es demagogia, carreta.
De otro lado, también la ONG Transparencia Internacional se manifestó urgiendo al Gobierno Nacional a combatir de manera efectiva las redes de corrupción que vinculan a empresas, líderes políticos y servidores públicos, al estimar que entre un 17.3 y 50% es el valor de los sobornos que aplica en la contratación estatal, y señalando, además, como a través de un monitoreo realizado a los departamentos priorizados como zonas de posconflicto, en 9 de estos, entre el 2010 y 2016, se presentaron más de 70 casos de corrupción, exhortándolo a definir políticas e implementar medidas con el fin de blindar los recursos destinados a la pacificación del país. Finalmente, hizo un llamado para que se depurara de las cuotas burocráticas que tienen partidos y movimientos políticos en los organismos de control, la fiscalía, la procuraduría y la contraloría, en las instancias nacional y territorial, para romper con los intereses clientelares existentes y disminuir los riesgos de incidencia de los grupos criminales.
Por último, el llamado es a mis paisanos caucanos a que tomemos conciencia sobre los efectos negativos y las implicaciones que también tiene en nuestro departamento la corrupción, a mi juicio, uno de los más corruptos del país y entre los mas silenciados gracias a las desvergonzadas actuaciones de los organismos de control (la fiscalía, la procuraduría, y la contraloría), al papel de manipuladores que algunos medios y periodista ejercen sobre la opinión pública caucana en aras de mantener la cuota publicitaria y a la inexistencia de veedurías ciudadanas desligadas de la política y la politiquería; movilizándonos a favor de que se apliquen, vía referendo, Asamblea Nacional Constituyente o cualquier otro mecanismo, las urgentes reformas que el país necesita.
