Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ en su informe sobre la presencia de grupos narcoparamilitares el año pasado en Colombia, en una de sus conclusiones informa que en el territorio colombiano aproximadamente fueron 14 los grupos que hicieron presencia en 149 municipios de 22 departamentos, en el Chocó, por ejemplo, estos grupos al margen de la ley se aposentaron en Acandí, Certegui, Itsmina, Condoto, Medio San Juan, Río Iró, Río Sucio, Medio San Juan, Novita, Unguía, Quibdó, Pizarro, Tadó y Unión Panamericana. Aquellos datos son la confirmación de que el paramilitarismo ha copado todo el territorio nacional, en el Chocó por ejemplo, la presencia de estos grupos viene siendo denunciada por los medios locales como lo son la Diócesis de Quibdó y los medios de comunicación regionales; sin embargo, con el pasar del tiempo lo que evidenciamos es que la violencia va en aumento.
A los chocoanos nos causa entonces mucha desolación e impotencia observar cómo en nuestro territorio han surgido en los últimos 5 años una serie de organizaciones criminales las cuales gradualmente vienen sembrando el terror y tienen atemorizados a los quibdoseños, estas se dedican mayormente al microtráfico, el hurto en sus distintas modalidades y la extorsión destinada a su financiación, además son las responsables directas de los continuos crímenes selectivos que se vienen materializando en la ciudad, entre estas organizaciones clandestinas e ilegales tenemos: El Clan Úsuga David , La Banda Bonanza, Los Calvos, Los Dragones, La Banda delincuencial Los Kennedy, Los Lloroseños , La banda “Los Jotas” de Quibdó, Los Arimalos o Norteños, Los Mercenarios y La banda criminal ‘Arcón’, etc, estas organizaciones han tomado la ciudad de Quibdó como su epicentro de operaciones ilegales y cuentan con un poder armamentista inusitado y patrocinado al parecer por fuentes ilegales y adineradas. Como elemento importante la mayoría de estas organizaciones de tipo barrial, están conformadas por jóvenes chocoanos que vienen siendo capacitados e instrumentados por grupos al margen de la ley que aún operan en el departamento, en su mayoría de casos son desmovilizados de las AUC o miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, unas organizaciones siniestras que en su bélico proceder ocupan a los jóvenes desempleados y desamparados para lograr sus propósitos económicos, políticos y de poder.
Si revisamos los datos estadísticos tenemos que en Quibdó el año pasado se cometieron más de 100 homicidios, a mediados de agosto ya se registraban 84 asesinatos, más de 268 personas habían denunciado ser víctimas del hurto o raponazo y se interpusieron más de 100 denuncias.
El atropello y el ensañamiento en contra de la población civil están llegando a límites desaforados. En la ciudad de Quibdó hoy en día al mejor estilo de las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Belén y Castilla de Medellín, en Quibdó existen las llamadas “Fronteras invisibles”, de modo que transitar en estos lugares delimitados por estas organizaciones es una zozobra permanente para los quidboseños, incluso el gremio de rapimoteros no transportan a los pasajeros a ciertas zonas de la ciudad precisamente por las vacunas que deben pagarle continuamente a estas bandas criminales.
Haciendo una investigación de campo y un paneo en las noticias y en los medios nacionales y locales e información suministrada en el Departamento de Policía Chocó es fácil deducir y asimilar que esta delicada situación de orden público está afectando gravemente el tejido social de los nativos y su modus vivendi, Quibdó no es el remanso de paz de hace unas décadas atrás, la confraternidad franciscana y el hermanamiento característico en la población hoy se han transformado en desconfianza, inseguridad y prevención hacía el conciudadano y el foráneo.
Origen del problema (Desplazamiento forzado)
Con el objetivo de contextualizar al lector en la raíz de nuestra sofocante realidad y la razón del surgimiento de estas organizaciones criminales me remito entonces a la edición 1.099 del Periódico Chocó 7 días para citar la Columna de Mena Mena, y lo hago considerando mi opinión similar a lo expuesto en su relato titulado "Despojados de ríos y selva", en síntesis, la columna sostiene que la llegada de la guerrilla en los años 80 y posteriormente los paramilitares en los 90 a las zonas rurales del Departamento del Chocó, desde luego, causó el desplazamiento forzado y masivo de campesinos agricultores, los cuales llegados a Quibdó se acentuaron en los extramuros y periferias de la ciudad, en barrios aislados como el Obrero, Reposo 1 y 2, la Victoria, Kennedy, Uribe Vélez, el Poblado, los Álamos, Samper, Obapo, Bonanza, Villa España, siendo la descomposición familiar, el hambre, el desamparo, el desempleo y la miseria su pan de cada día y ahora luego de 20 años esas condiciones marginales casi iguales al lumpemproletariado han desencadenado en una violencia desmedida y terrorífica.
Como complemento del desplazamiento forzado adjuntamos el desempleo, Según El Departamento Nacional de Estadística la tasa de desempleo en el país es de 7,5%, Cúcuta con el 15.1 % y Quibdó con el 16.6% siguen siendo las ciudades con la mayor tasa de desempleo en el país, lo lamentable es que en Quibdó estas cifras parecen no decirle nada a las autoridades administrativas porque se hacen los de la vista gorda luego de asumir esos cargos públicos, por eso es que no existe una política pública definida ni una hoja de ruta contundente para erradicar el paradigma de la pobreza en la mentalidad de los chocoanos, es común entonces que los habitantes de estos barrios suburbanos de Quibdó tradicionalmente sobrevivan de la informalidad y de los trabajos duros y pesados como la albañilería y el barequeo en las riberas a través de la minería tradicional, las mujeres por su parte son lavanderas, empleadas domésticas, vendedoras de legumbres en el deteriorado mercado en el malecón o en la alameda reyes en las carreras 4 y 6. En Quibdó un gran porcentaje de su población vive literalmente del rebusque, de la venta de su voto en elecciones y de la lluvia y la benevolencia de nuestra madre naturaleza.
El alcalde y las autoridades
Esta creciente ola de crímenes, robos, inseguridad, atentados, extorsiones, raponazos y paseos millonarios evidenciados y presenciados en las calles de Quibdó y considerado un fenómeno inédito en nuestra comarca por las razones anteriormente descritas, afortunadamente obligó a las autoridades administrativas y policiales a tomar cartas en el asunto a través de la campana el “Vecino Sospechoso”, gestionada y abanderada por el alcalde Isaías Chala Ibargüen y el ex comandante de Policía del Chocó Wilson Chaparro Alvarado, la cual, incentivaba al ciudadano quibdoseña para denunciar movimientos extraños e ilegales en sus comunidades y en la ciudad a través de unas líneas telefónicas oficiales habilitadas para que los ciudadanos pudieran denunciar.
En este sentido tenemos que decir que el resultado arrojado fue positivo pero no suficiente, efectivamente, debido a la conjunción de la campaña preventiva sobre todo en los barrios populares y periféricos sumado al apoyo ciudadano y la masivas capturas ejercidas por el Gaula Militar Choco, La Sijin y La Policía Nacional, se consolidó un proyecto a largo plazo que considero una iniciativa muy importante. Por ejemplo el Gaula Militar Chocó en sus dos escasos primeros meses en Quibdó había capturado a 10 extorsionistas y en coordinación con el CTI de la Fiscalía había neutralizado en 23 ocasiones posibles extorsiones, demostrando de esta manera su efectividad.
Posteriormente a la campaña el “Vecino Sospechoso”, el alcalde y las autoridades policiales, Fiscalía, CTI, Sijin han venido trabajando articuladamente en la persecución y encarcelamiento de estos individuos, de hecho a través de la estrategia de seguridad nacional “Vive seguro vive en paz” propuesta por el ministro del interior Juan Fernando Cristo en el marco del postconflicto y por gestiones adelantadas previamente por el alcalde Isaías Chala, la ciudad de Quibdó fue seleccionada entre las 4 ciudades capitales en Colombia para la instalación y cobertura total en videocámaras de seguridad, con una inversión de 7.000 millones de pesos aportado por el estado de los cuales la alcaldía aporto 700 millones, de esta forma se inauguró en la ciudad el Centro Integrado de Seguridad Ciudadana, con el cual se pretende cumplir la labor de disuasión en los quibdoseña, el uso de los videos como material probatorio y lo más importante, mejorar la seguridad a través del acompañamiento y la reacción oportuna de las autoridades frente a la delincuencia.
La ofensiva en contra de las Bacrin y la delincuencia aparentemente no podrían haberse ejercido con más vigor, entereza y compromiso por el Alcalde Isaías Chalá, pues las estadísticas lo respaldan y las noticias así lo confirman, casi todos los días se registran capturas y se desarticulan organizaciones clandestinas dedicadas al sicariato en Quibdó. Lo que resulta un tanto incomprensible y preocupante a la vez es que a medida que las autoridades realizan su loable labor, capturando y encarcelando a los insociables, no se proyecta un ambiente alentador en la ciudad, todo lo contrario aparecen nuevas organizaciones criminales jamás antes mencionadas en el contexto regional, generando entonces la sensación de inseguridad expresada constantemente en redes sociales, en la calles, en los pasillos de las oficinas y en el voz a voz, lo que genera desde luego, la impresión que estuviésemos en las entrañas de un monstruo sin haberlo divisado en su total magnitud.
Resocialización en la Anayancy (propuesta)
En este sentido podríamos asegurar que las autoridades nos han demostrado hasta la saciedad su capacidad para las capturas, no obstante, estas deben ser parte de un proceso a largo tiempo que debe culminar en la resocialización del individuo encarcelado que en la mayoría de casos son nuestros jóvenes chocoanos, para que en unos años aporten al desarrollo de su región a través de los valores, la educación y el arte aprendido en el centro penitenciario, es decir, es un proceso que debe tener unas bases sólidas en la prevención del delito como arma predilecta, en la inversión social sobre todo en los barrios poblados por desplazados provenientes del campo, además, la presencia institucional entonces debe fortalecerse a través del acompañamiento a las comunidades en procesos de emprendimiento y desarrollo auto sostenibles, que les generen empleo, que les generen una esperanza de vida digna y no se sientan atraídos por la delincuencia y la vida ilegal.
El sistema penitenciario y carcelario del país por eso ha establecido que el principal fin de la pena no es castigar al sujeto que cometa delitos sino brindarle un tratamiento que permita su reintegro a la sociedad colombiana, fin que se encuentra tipificado en los artículos 9, 10 y 142 de la ley 65 de 1993 y en el artículo 4 del código penal colombiano. Esto con el fin de aplicar una política criminal que genere confianza en los habitantes; pero el grado de incongruencia que existe entre lo mandado en la ley y lo que realmente sucede en las cárceles del país es abismal. No es descabellado ni utópico pensar la Cárcel Anayancy de Quibdó como un centro de formación, de hecho el Departamento Nacional de Planeación bajo la batuta de su Director Simón Gaviria, ha lanzado recientemente el proyecto “Segundas Oportunidades”, dicha estrategia hace parte del COMPES 3828, el cual busca redefinir la política carcelaria del país, por eso ha manifestado Simón Gaviria que en el posconflicto las oportunidades no solo deben ser para las FARC y en asocio con el ministerio de Justicia se han proyectado a implementar esta propuesta que consiste en vincular el encarcelado con la empresa privada, ya que según los estudios solo el 2.5% de los presos en Colombia se vincula con este sector, el proyecto entonces está planificado para la reinserción laboral de esta población encarcelada, dice Simón Gaviria que por cada peso que el estado invierta en resocialización son 5 pesos que se ahorra el estado colombiano, es decir, en ningún momento se puede considerar una utopía pensar esa idea en Quibdó, todo lo contrario, es viable y podemos encontrar socios y el ejemplo más convincente está en Cartagena en la cárcel San Diego, el año pasado abrió sus puertas el restaurante “El interno” por iniciativa de la actriz Johanna Bahhamon y su fundación Teatro Interno con el apoyo del director del penal Ramiro Cuadros Garcia, en el cual laboran mujeres privadas de su libertad, aquellas damas fueron capacitadas en temas como cocina, servicio al cliente, panadería y desarrollo de empresas, los visitantes ingresan al restaurante a través de reservas, consumen, departen y contribuyen al mejoramiento en la calidad de vida de las reclusas.
La Cárcel Anayancy de Quibdó juega un papel hegemónico en este propósito, esta edificación construida en el año 1927 por el intendente Jorge Valencia Lozano, ubicada en el corazón de la ciudad, posee el infortunio del hacinamiento, elemento común denominador en la mayoría de cárceles en el país, por consiguiente no cuenta con el espacio físico adecuado para la realización de talleres de resocialización, siendo entonces el espacio uno de los obstáculos a superar para esa magna intención, se debería repensar la ubicación de la cárcel en las afueras de la ciudad, con la infraestructura adecuada, además, es necesario unas condiciones higiénicas dignas para los internos y un servicio médico profesional asistencial complementado con una buena alimentación, todos estos elementos son indispensables de modo que los procesos de resocialización se lleven a cabo en toda su magnitud, no en vano el gobierno declaró el año pasado el estado de emergencia carcelaria en todos los penales del país, pues en las 138 cárceles colombianas el hacinamiento asciende a 53%,en este sentido en la Anayancy de Quibdó al igual que en el 90% de las cárceles en el país se está cumpliendo el objetivo de la imposición de la pena en condiciones infrahumanas y el propósito de aislar el individuo que ha cometido una infracción, pero se están olvidando de su principal fin y su enfoque educativo.
La propuesta entonces es convertir la Anayancy en un gran centro de formación y rehabilitación, esto no significa impunidad ni rebajas de penas no ajustadas a lo establecido en la ley, se trata de reeducar al interno, de formar un nuevo ciudadano chocoano, de darle una segunda oportunidad aquel individuo y vincularlo con proyectos empresariales, es combatir la descomposición social y la pérdida de valores que ha hecho metástasis en los jóvenes y no queremos se extienda a nuestros niños.
Este sería el comienzo de un proyecto a largo plazo y no de “pañitos de agua tibia”, el complemento sería como lo dijo una vez Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó “un esfuerzo articulado que contemple la solidez de las familias, el compromiso de instituciones educativas, la inversión social del Estado, la acción eficaz de las autoridades de policía, la contribución de los Medios de Comunicación, la participación de las Organizaciones Sociales y la incidencia de la Iglesia Católica y de todas las iglesias”, es decir, el compromiso es de todos, debemos asumir nuestra responsabilidad individual en pro del bienestar general, debemos los chocoanos rodear a nuestras autoridades, aferrarnos a nuestra tradición inconmensurable de pueblo pacífico y no bélico para enfrentar una de las peores crisis en nuestra historia comarcana forjada desde 1947.
