Una vez Carolina Sanín superó el impacto de su despido que la tomó por sorpresa después de siete años de docencia en la Universidad de Los Andes, decidió actuar. La animó el apoyo de muchos de sus 22.000 seguidores con los que mantiene comunicación a través de su Facebook. Como buena guerrera, debería reaccionar ante una decisión que ella entendía como vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la institución con el rector Pablo Navas a la cabeza. Sanín había comenzado como profesora de planta siendo rector Carlos Angulo.
La escritora tenía planeado para la navidad un viaje a Nueva York a visitar a su hermano quien vive en esa ciudad y prefirió no alterar sus planes. Desde allá enriquecería la documentación para emprender la batalla jurídica. No conocía muchos abogados así que decidió oír recomendaciones. Aparecieron dos nombres, ambos egresados de Los Andes, la Universidad frente a la cual iba a defenderse: a Tatiana Uribe, Alejandro y Sebastian, Lanz Sánchez. Con solo 25 años, Tatiana había trabajado en la Subdirección para asuntos LGBTI y había fundado el Observatorio de Trabajo Sexual de PARCES ONG. Alejandro es el Director ejecutivo de la misma ONG, y es un reconocido activista y defensor de derechos humanos quien había trabajado en Colombia Diversa. Sebastian Lanz Sánchez dirige el Centro de Formación a Formadores en PARCES ONG y también es un reconocido activista. Los tres conocían su alma mater pero además sabían de exclusión, homofobia, bulling y violación a los derechos fundamentales por casos de personas que se habían acercado a las organizaciones donde trabajaron.
Como egresados de Los Andes fueron los primeros sorprendidos en que la Universidad hubiera seguido con Sanín un proceso disciplinario excepcional, distinto al que rige a otros profesores.
Uribe y Lanz trazaron una ruta jurídica que creían los llevarían al otro lado. Acudirían al recurso de la tutela en cuanto se trataba de una vulneración a los derechos fundamentales. Para empezar consideraban que con el despido abrupto no sólo se había configurado una violación del debido proceso sino que era un atropello a la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación.
Se retroalimentaron con la información que su cliente había recopilado y desde su firma de abogados Uribe y Lanz asociados redactaron en quince días una tutela de 50 páginas con anexos que llegaban a casi 500 páginas. La extensión del documento despertó las burlas en redes sociales, uno de los universos favoritos de Sanín para cazar sus peleas.
Tatiana Uribe, Sebastian y Alejandro Lanz sabían muy bien lo que estaban haciendo. Aunque el centro de la defensa estaba asociada a la vulneración de los derechos fundamentales, el procedimiento empleado por la Universidad para despedirla no se respetaba reglamentos internos prestablecidos previstos en su contrato laboral. El estatuto profesoral favorece los derechos de los trabajadores y se le habían imputado a la profesora faltas disciplinarias asociadas a la práctica académica.
El juez Primero Penal Municipal Carlos Alberto López aceptó la argumentación y reconoció que los derechos fundamentales de la profesora habían sido vulnerados. Y fue más lejos. Pedía no solo dejar en efecto el oficio de despido. Los abogados Uribe y Lanz habían logrado abrirle la puerta al regreso de Carolina Sanín al aula de clase aunque la batalla definitiva aún no se ha ganado porque la Universidad de Los Andes, representada por su apoderado Eduardo Zorro y el abogado Camilo Fonseca, impugnó la decisión del juez y el caso Sanín deberá ser resuelto en un tribunal de segunda instancia.
