Cuatro poderosas empresas de gaseosas, Grupo Ardila, Postobon, Coca-cola PepsiCo y Big Cola, se la jugaron para evitar el impuesto a las bebidas azucaradas con que el Ministro de salud Alejandro Gaviria defendía, por razones de salud pública, y el Ministro de hacienda Mauricio Cárdenas porque le representaba cerca de un billón de pesos de recaudo. La presión a través de experimentados lobistas para interactuar con el Congreso fue tan efectiva que la iniciativa salió del proyecto del gobierno antes de que empezara su trámite en las comisiones económicas.
El Grupo Ardila, propietario de la marca Postobon y todas sus derivadas se movió intensamente a través de Iván Lizcano, uno de los directivos del Grupo empresarial, quien se aplicó casi que de tiempo completo a conversar con los congresistas. Terminaron aliándose en contra del impuesto, entre otros, los más notables, los senadores de grupos opuestos como Jorge Enrique Robledo del Polo, con Iván Duque del Centro Democrático y con Mauricio Lizcano de la U y Presidente del Congreso.
Iván Lizcano comenzó a perfilarse desde 1994 en el ministerio del interior como asesor y luego como secretario general y director encargado de la Administración Postal Nacional. Desde 1998 forma parte de la Organización Ardila, en la dirección de asuntos legales y es miembro de varias juntas directivas involucradas en el tema del azúcar como Postobon y el Ingenio Cauca. También pasó recientemente por la Presidencia de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y es miembro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio.
El representante de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI que reúne a productores, embotelladores y comercializadores de bebidas, también hizo su aporte de presión en el Congreso al igual que los emisarios de los inversionistas peruanos de Ángel Group productores de las gaseosas Big Cola y el Presidente de Fensa Coca Cola en Colombia, Gabriel Coindreau, quien interactuó directamente con senadores y representantes, incluido el presidente del Senado, Mauricio Lizcano y de la Cámara Miguel Ángel Pinto.
Es una vieja pelea del ministro Alejandro Gaviria. Por todas las vías ha tratado de luchar contra el poder de los empresarios de los cigarrillos, de las farmacéuticas y ahora contra la pesada industria de las gaseosas y azucareros. Sus argumentos no eran económicos sino de salud pública, y se basaban en estudios académicos, científicos, en ejemplos internacionales y en recomendaciones de la Organización Mundial de la salud. Pero sus razones, que parecían de peso, se quedaron cortas. Gaviria tiene el pulso perdido por W. En un trino expresó su desasosiego: ‘’En resumen, ganó el lobby y perdió la salud pública”, dijo en su cuenta de twitter.
La presión de los lobistas de las gaseosas fue fuerte y efectiva: el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y un grupo de congresistas se inclinaron finalmente por los intereses de los productores de las gaseosas y resolvieron sacar la propuesta de la Reforma Tributaria que se presentó en las comisiones conjuntas del Congreso. El posible impuesto, está condenado a morir sin siquiera ser debatido.
La derrota de Gaviria no fue gratis; el mismo la describió sin pelos en la lengua: ‘’En el debate reciente en Colombia, pareciera que, con argumentos falaces y por cuenta de intereses económicos, vamos a renunciar (sin ni siquiera dar el debate en el Congreso) a este instrumento. Sería lamentable. Y literalmente, mortal’’.
Gaviria, que parece resignado, dijo que no renunciaría al gobierno que lo dejó solo y que seguiría intentando hasta el último día. Con estas palabras se refirió al tema en su blog, donde expresa sus posiciones personales, sin la pesada camiseta de un gobierno que ha ido en su misma dirección:
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) representan 70% de la carga de enfermedad. La enfermedad cardiovascular, el cáncer y la diabetes, entre otras, son --la metáfora es manida, pero necesaria-- una verdadera epidemia. Contener esta epidemia, manejarla, lidiar con ella de forma exitosa, es un desafío para todos los sistemas de salud del mundo. Hoy en día la economía del comportamiento, la psicología y la sociología son esenciales para la salud pública por una razón fundamental: la disminución en la incidencia de las ECNT requiere cambios de comportamiento y modificaciones en los hábitos de vida. Hace unos años, los campeones de la salud pública eran quienes llevaban el agua, las vacunas y la medicina social a las comunidades. Hoy son aquellos que diseñan políticas exitosas que logren cambiar comportamientos.
¿Cómo diseñar políticas públicas para cambiar comportamientos? Un primer punto es obvio: no es fácil. Todo lo contrario. No hay soluciones mágicas, las mejores políticas solo resuelven una parte (pequeña) del problema. Conviene, al respecto, separar las políticas en tres grupos: comunicación adecuada del riesgo, modificación de los incentivos y creación de normas sociales.
El etiquetado, las advertencias sanitarias, la semaforización y las restricciones a la publicidad, entre otras, contribuyen a una valoración adecuada del riesgo por la sociedad y pueden por lo tanto modificar comportamientos. Los impuestos, los subsidios e incluso las restricciones a la oferta (por ejemplo, no vender gaseosas en las escuelas) modifican los incentivos y pueden también cambiar algunas conductas. Los esfuerzos deliberados por crear estigmas o generar normas sociales de rechazo pueden igualmente potenciar las políticas tradicionales y reforzar los hábitos de vida saludables. Sobre la creación de normas sociales, cabe resaltar, por ejemplo, los esfuerzos recientes del Ministerio de Salud de Colombia: ver aquí (tabaco) y aquí (alcohol).
Insisto en un tema: cambiar comportamientos no es fácil, pero es fundamental. Cualquier discusión de políticas públicas, más que especular sobre la complejidad del fenómeno o sobre el entramado de determinantes sociales y sociológicos, debe estar centrada en la eficacia relativa de las políticas disponibles. Incumbe escoger entre soluciones parciales. Incumbe tener una idea precisa de lo que funciona y lo que no funciona. Por ejemplo, los impuestos al tabaco han sido una de las políticas de salud pública más exitosas de las últimas décadas. Han salvado más vidas que casi todas las innovaciones farmacéuticas (tomadas conjuntamente).
Sobre la obesidad y la diabetes tipo 2, cabe repetir el mismo alegato. Ninguna política va a resolver todos los problemas. Por lo mismo no podemos renunciar a los instrumentos disponibles y mucho menos a uno de los instrumentos más eficaces: los impuestos saludables. En el debate reciente en Colombia, pareciera que, con argumentos falaces y por cuenta de intereses económicos, vamos a renunciar (sin ni siquiera dar el debate en el Congreso) a este instrumento. Sería lamentable. Y literalmente, mortal’’
