Varias modificaciones del Acuerdo de paz con las Farc tras el resultado del plebiscito del 2 de octubre lo mejoraron (en este enlace pueden descargar un documento que detalla todos los cambios). Entre ellas, todas las clarificaciones orientadas a que esta vez sea más difícil confundir a la ciudadanía sobre el contenido preciso del texto; como, por ejemplo, que las 16 curules correspondientes a las Circunscripciones Especiales de Paz no son curules para las Farc.
También se incorporaron cambios que mejoran el Acuerdo en materias sustantivas; como, por ejemplo, que no todo el texto entra a ser parte del bloque de constitucionalidad, que se le añade precisión a las reglas de privación de libertad, que se establecen límites de tiempo más claros para la administración del modelo de justicia transicional, y que se le da un sano giro a la composición y las funciones de la Comisión de Seguimiento.
Hay otros aspectos en los cuales el nuevo Acuerdo retrocede un poco; por ejemplo, la exclusión de la posibilidad de incorporar magistrados extranjeros entre los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le puede restar un importante margen de independencia y credibilidad a los procesos que se surtan en su seno.
Pero hay dos aspectos en los que el nuevo Acuerdo retrocede mucho.
El primero de ellos es el tema de género. Es lamentable que, para complacer los delirios dogmáticos de quienes mintieron diciendo que el Acuerdo contenía una “ideología de género” que implicaría la imposición de un nuevo modelo de familia (seguramente un modelo de familia transexual castro-chavista), en el Acuerdo se hayan reemplazado (casi por completo) los importantes, justos y útiles términos técnicos de equidad de género y enfoque de género, por la expresión “igualdad de oportunidades (o participación equitativa) entre hombres y mujeres”.
La igualdad de oportunidades y la participación equitativa de hombres y mujeres,
son expresiones que no agotan ni se compadecen
con la compleja riqueza conceptual y metodológica del “enfoque de género”
No es lo mismo. La igualdad de oportunidades - como sea que se pueda interpretar tan abstracta noción - y la participación equitativa de hombres y mujeres, son expresiones que no agotan ni se compadecen con la compleja riqueza conceptual y metodológica del término técnico enfoque de género, que se había logrado incorporar en la anterior versión del Acuerdo, y que habría permitido asegurar de manera mucho más robusta el abordaje diferencial de la protección y la restauración de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI en la implementación.
El Acuerdo perdió un instrumento muy importante, por cuenta del juego de sacarle algo que nunca tuvo.
El segundo tema en el que el nuevo Acuerdo retrocede es el de la participación de la sociedad civil. Casi todas las secciones en las que se había logrado que fueran las comunidades y las organizaciones sociales quienes decidieran sobre asuntos de vital importancia para ellas y sus territorios se reformaron para poner dichas decisiones en manos del Estado, y en particular, de políticos y burócratas locales.
Es importante leer las investigaciones de Fernán González, Francisco Gutiérrez Sanín y Ana María Arjona -entre tantos otros académicos que han hecho grandes aportes para la comprensión de nuestros conflictos sociales, políticos y económicos, y de la degradación de los mismos en un conflicto armado prolongado e innumerables conflictos violentos- para entender cabalmente por qué la limitante contención de la participación de la sociedad civil en el nuevo Acuerdo representa un retroceso: porque en las zonas a las que más ha afectado el conflicto armado, el Estado local ha sido capturado por los intereses de actores armados, mafias de contratistas y políticos corruptos.
El nuevo Acuerdo diluye aún más la tenue esperanza que guardábamos quienes veíamos los mecanismos de participación ciudadana contemplados en el Acuerdo original como una válvula de escape frente a esta enorme dificultad que se yergue contra la implementación de la paz territorial: las estructuras del poder político local.
Nuevamente y pese a los retrocesos,
SÍ apoyo la implementación
de esta nueva versión del Acuerdo de paz con las Farc
Si me preguntaran, yo respondería que, nuevamente y pese a los retrocesos, SÍ apoyo la implementación de esta nueva versión del Acuerdo de paz con las Farc. Pero dichos retrocesos hacen más explícitas e insidiosas las barreras culturales y políticas para su adecuada implementación, en clave de paz territorial. Por ello, es de fundamental importancia que le demos continuidad, más alcance y mayor profundidad a la pedagogía del Acuerdo, así como a la pedagogía de la memoria histórica y de la construcción de paz.
Si lo que hemos vivido en este proceso hasta ahora ha sido difícil, lo que viene lo será más. Pero siempre tendremos como acicate de nuestra fuerza y esperanza a las comunidades, los procesos de mujeres, LGBTI, campesinos, étnicos y sociales, los colectivos de comunicación y las organizaciones de víctimas que, desde hace décadas y aún en medio del conflicto, nos han enseñado a construir paz y nos han dado ejemplo de vida, valentía y resistencia.
