Después del triunfo del NO en el plebiscito y el empate con el SÍ, con 0,22% de diferencia, se han tomado muchas iniciativas de diálogo para encontrar salidas a la situación. Lo que se ha constatado en estas semanas es la típica situación de impasse: Ha quedado claro que el empate técnico no le da poder a los opositores para cambiar los pilares del Acuerdo Final ni autoriza a los firmantes de este acuerdo – gobierno y FARC - a mantenerse inflexibles ante quienes ganaron o a desconocer ahora a la otra mitad de colombianos que apoyamos la refrendación.
Los del No tienen la legitimidad de un resultado electoral para “corregir” el acuerdo, pero no para cualquier ocurrencia que lo haga inviable. Nadie eligió al senador Uribe, ni a sus voceros y acompañantes para que a su arbitrio se inventen una agenda de “reformas de fondo” que no fue inscrita en campaña ante autoridad alguna ni tuvo entonces formulaciones detalladas sobre viejos y nuevos asuntos. Sería un absurdo pretender que todo discurso de los integrantes de los centenares de comités inscritos por promotores del NO ahora pueda convertirse en ultimátum bajo el supuesto de tener un respaldo mayoritario.
El único punto de unidad en el NO era la exigencia de cambios al acuerdo final, pero sobre el sentido de las “correcciones” pedidas cada quien puso su acento y es imposible saber que porcentaje del NO corresponde a cada uno. Las cuentas de algunos de los que ahora se reclaman representantes de los seis millones son curiosas: los pastores dicen que pusieron dos millones de votos, los conservadores de Pastrana y Ramírez reclaman otros dos y los uribistas los seis millones. ¿Cuantos votos están detrás de la ocurrencia de desmontar la ley de víctimas para legalizar tierras despojadas a desplazados o mal habidas para megaproyectos? ¿Cuántos de los votantes conocieron el pliego de peticiones que se ha venido conversando en las reuniones entre los negociadores del gobierno en La Habana y el uribismo?
Mientras transcurría esta semana la reunión del NO en la Casa de Nariño, también se realizaron importantes encuentros en La Habana con los voceros de las FARC. Reuniones con los obispos delegados por la Conferencia Episcopal, con pastores y líderes cristianos, con voceros de grupos de víctimas y también con delegados de más de 400 organizaciones sociales, de mujeres, movimientos y comités promotores del SÍ al Acuerdo Final. Entre las organizaciones están las centrales obreras, la USO, la Organización Nacional Indígena de Colombia, Comités por la paz en una decena de países, organizaciones ambientalistas, de afrodecendientes, ONGs y centros de pensamiento, organizaciones de estudiantes, delegados al Consejo Nacional de Paz y centenares de comités y grupos de trabajo por la paz.
Todos los asistentes a las reuniones de La Habana fuimos a demandar que la nueva versión del Acuerdo Definitivo mantenga la esencia del Acuerdo Final suscrito en la Habana el 24 de agosto y en Cartagena el 26 de septiembre: un pacto de solución negociada del conflicto armado y de la violencia social, con apertura democrática y pasos de justicia social.
En las reuniones realizadas en La Habana esta semana y en muchos eventos, incluidos los diálogos con voceros del NO, se ha rechazado el intento de convertir la renegociación del AF en exigencias unilaterales al gobierno o a las FARC para que hagan concesiones suprimiendo o agregando temas. Lo que se reclama es respetar el espíritu de reconciliación que tiene el pacto al asumir que la responsabilidad por 70 años de violencia, guerras y conflictos armados es de todos los sectores de poder y contrapoder en la sociedad colombiana: la pretensión de hacer del Acuerdo Final un juicio unilateral al Estado, a los poderosos que han sido protagonistas o cómplices, o por otro lado sólo a la insurgencia, es la negación de la posibilidad de la reconciliación y del reconocimiento de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Colocadas las cartas sobre la mesa el impasse se concentra en los ajustes viables en materia de justicia, inhabilidades políticas a los responsables por crímenes internacionales no amnistiables y al lugar de la verdad para la convivencia y la no repetición.
En justicia hay señales de convergencia sobre la necesidad de la Jurisdicción Especial de Paz pero desde el NO el sector radical sigue buscando que se le de tratamiento especial, sin verdad y con beneficios penales, a los agentes del Estado, políticos y particulares que están hoy procesados o condenados o que puedan resultar implicados y, en cambio, que se endurezca el acuerdo contra los jefes guerrilleros que están o lleguen a estar acusados por delitos de lesa humanidad.
También en la participación en política se mantienen diferencias que significan la aceptación o negación de la solución negociada. El objetivo de los radicales del NO es evitar o reducir la actuación futura de los jefes de la guerrilla al pasar a la política en el post acuerdo. Sin reducir en cambio la actuación en cargos públicos y corporaciones a los máximos corresponsables desde el poder o los negocios por 70 años de guerras y sus 10 millones de víctimas. En la lógica de imponer una capitulación, algunos de los voceros del NO piden inhabilidades para los insurgentes y gratificaciones para los guerreros civiles o militares del establecimiento considerados todos como héroes.
Otros temas importantes están en discusión y se espera que antes de terminar este 2016 se tenga un texto de Acuerdo Final definitivo en la mesa de La Habana. Tanto el gobierno como las FARC han dado señales de la voluntad para hacer ajustes al AF y tener pronto un “nuevo acuerdo”.
Sin embargo el dilema sigue pendiente: si el gobierno quisiera incorporar los puntos duros del uribismo volvería inviable el acuerdo; si no lo hace, y mantiene la matriz del Acuerdo Final haciendo correcciones, aclaraciones y complementos, desde el No los intransigentes dirán que el acuerdo no es nuevo y que sólo es viejo con nuevo maquillaje. Por otro lado, si las FARC asumen una línea de defender el AF como un texto intocable paralizan la mesa con el gobierno y ayudan a la polarización y si aceptan inhabilitarse para hacer política o aspirar al Congreso o la Presidencia de la República abortan en la práctica la incorporación a la vida civil de la guerrilla y toda la transición a la no repetición y a la paz sostenible.
Dar la receta para superar el impasse o resolver el dilema no es asunto fácil. Pero ayuda tener como criterio que el mejor camino es la solución política y la reducción al mínimo de la violencia y las confrontaciones armadas por poder o por negocios. En la encrucijada actual es clave reiterar que la mesa de La Habana es la que decide el acuerdo definitivo o que la mesa con el uribismo no ha pretendido capacidad de veto.
El camino optimo parece ser incorporar todo lo propuesto por voceros del NO que sea funcional a la superación del conflicto armado y a la lógica de una transición pactada. Lo demás será la inevitable controversia y la prueba de fuerzas que seguirá en los próximos años. Lo peor sería bloquear el acuerdo en aras de un consenso total y privar a los colombianos y a las próximas generaciones de un pacto final en la mesa de La Habana.
Lo ideal incluye pactar el manejo de los desacuerdos que van a quedar una vez se firme el pacto definitivo entre el gobierno y las FARC y se decida bilateralmente la forma de refrendación, para que el futuro inmediato no sea el llamado de los opositores a ultranza a hacer ingobernable la nación o a preparar otra década de violencias.
Aeropuerto de La Habana, 2 de octubre de 2016.
