La decisión ha causado un enorme revuelo a nivel nacional, incluso internacional y se constituye en un verdadero freno a la locomotora energética del gobierno que ha estado adjudicando a diestra y siniestra bloques de exploración y explotación petrolera en el país, principalmente en el departamento del Caquetá, donde los campesinos y la mayoría de los alcaldes han presentado una férrea oposición a estas medidas, presentándose incluso serios problemas de orden público, principalmente en los municipios de Valparaíso, El Doncello, La Montañita, El Paujil y Morelia.
Al celebrar la medida, la alcaldesa de El Doncello, que se ha constituido en defensora de la tierra y el agua y en defensora de los campesinos que han sido violentados por El ESMAD en su trabajo de proteger las empresas que hacen la sísmica, dijo textualmente:
“La decisión de La Corte Constitucional es un espaldarazo a nosotros como entes territoriales en el marco del principio de autonomía territorial del cual siempre hemos hecho mención, ya que hasta ahora el gobierno nacional había establecido que solo este estamento podía tomar decisiones respecto al subsuelo y a su uso”.
“La Corte es clara y en el marco del artículo 32 establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, pero hace claridad que el artículo no se refiere a la nación sino Al Estado y que nosotros como entes territoriales hacemos parte de ese Estado; en ese orden de ideas tenemos esa competencia, por tanto este artículo constitucional nos está incluyendo a los municipios que somos propietarios del subsuelo y podemos decidir sobre los proyectos de minería lo cual dejaría de ser una decisión exclusiva de La Nación.”
La alcaldesa de El Doncello hace serios cuestionamientos sobre una sentencia unificada al respecto que debe emitir La Corte, agrega que habrá que esperar para saber qué condiciones van a regir los municipios, si van a seguir con El Código Nacional de Minas o se generarán nuevos reglamentos bajo la autonomía municipal, sin desconocer al gobierno nacional y sin desconocer a los entes territoriales.
Por su parte al emitir el fallo el alto tribunal, le ordenó al gobierno que en un plazo de dos años debe crear mesas de trabajo “para construir una investigación científica y sociológica en la cual se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en el ecosistema colombiano”
Lo anterior traduce que por fin una entidad con poder decisorio a nivel nacional, tomó el toro por los cuernos ordenándole al gobierno que haga las cosas al derecho y no como lo solicitan las multinacionales, a las cuales solo les importan el dinero así se acabe hasta con el nido de los pájaros, como dicen los abuelitos.
Sin lugar a dudas la decisión de la Corte Constitucional es el salvavidas milagroso que necesitaba El Caquetá para preservar su ecosistema; La férrea defensa de la tierra y el agua que han hecho las alcaldesas de El Paujil, El Doncello y el alcalde de Belén, lo mismo que algunos diputados de La Asamblea entre los cuales sobresale Arturo Mayorga y el ambientalista Esteban Cabuya, han encontrado en el fallo la mejor herramienta para continuar defendiendo las riquezas naturales de la región; al darle la razón a los alcaldes, el alto tribunal no solo les dio un espaldarazo, como dice Sandra Milena Losada, sino que salvó de la muerte gran parte del último pulmón que le queda al mundo: La Amazonía colombiana.
