Aunque no se conoce el alcance ni los resultados finales de las investigaciones de la Contraloría de Edgardo Maya sobre el desfalco de los recursos de la salud en Córdoba, ya comienzan a aparecer los primeros afectados: más de 300 niños discapacitados del departamento. El actual gobernador Edwin Besayle y su actual secretario de salud José Jaime Pareja no han logrado marcar distancia de los contratistas favoritos del exgobernador Alejandro Lyons, investigado penalmente en la Fiscalía, y tienen en frente una crisis que amenaza con convertir a Córdoba en la Nueva Guajira por la gravedad de los casos de corrupción y la afectación que esto puede tener sobre la salud de los niños del departamento.
Una de las IPS a la que la Contraloría le está dando la razón en sus reclamos, una vez que fue mencionada en la Auditoría que se le hizo a la Secretaría de Salud, es la IPS Funtierra Rehabilitación, cuya representante legal es la doctora Tanya Otero Arrollo.
Aunque Funtierra es la IPS que más atiende niños en el departamento y es la única que ha logrado demostrar en la Contraloría que tiene sus cuentas en orden, -logró que se abriera una investigación interna contra tres auditores- en la actual gobernación no les han brindado una solución que les permita seguir con la atención de los 300 niños que tiene a cargo y que están protegidos por fallos de tutela que le ordenan al departamento realizarles los tratamientos necesarios.
