A pesar de la cascada de críticas y objeciones al proyecto de ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social –Zidres–, el gobierno y su aplanadora en el Congreso se empeñaron en sacarla adelante. No tuvieron en consideración los señalamientos de los inconvenientes no solo para los campesinos, sino para un desarrollo rural equilibrado en el campo.
Según los críticos el modelo Zidres creado por el gobierno Santos, lejos de diversificar el acceso y la explotación de la tierra e incentivar el trabajo agrícola sostenible, lo que hará es "legalizar la acumulación irregular de predios por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra". Pero no son solo las organizaciones sociales los que se oponen sino parlamentarios los que se oponen como los Congresistas del Partido Verde y del Polo Democrático quienes con documentos en mano, cifras e indicadores trataron infructuosamente atajar el proyecto de ley durante su trámite en el parlamento.
“Las Zidres son una declaración de guerra al campesinado”, dijo en su momento el senador Iván Cepeda, del Polo. Durante la discusión del proyecto se argumentó por los críticos que lo que se pretendía realmente era un “lavado de tierras” con el que se beneficiarían las grandes empresas mientras que el campesino sería reducido a servidumbre de intereses mayúsculos.
Gobierno y empresarios lograron sacar adelante la Ley argumentando que las Zidres permitirán la explotación agroindustrial de cerca de siete millones de hectáreas de tierras baldías mediante un esquema asociativo entre empresas y campesinos. Se trata de grandes extensiones de territorios en la Altillanura, Urabá Chocoano, La Guajira, La Mojana y la Orinoquía que tiene potencial agrícola, pero que nunca han podido ser explotadas por desventajas estructurales (vías, distritos de riego, altísima exigencia de inversión) y por la incidencia del conflicto armado.
La ley contempla que el Estado podrá entregar por concesión, arriendo o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio, los territorios a proyectos productivos que formulen las empresas articuladas con campesinos, y además ofrece una serie de gabelas especiales como otorgar bienes públicos (carreteras, distritos de riego, fuentes de energía), impulso a la investigación y créditos blandos, entro otros recursos que incentiven.
Agotado el trámite en el Congreso –y con la ley Zidres hecha realidad– los críticos acudieron a la Corte Constitucional para tratar de tumbar lo que consideran un modelo de acaparamiento empresarial de las tierras que le corresponden a los campesinos que requieren del suelo para labrar y subsistir.
El tribunal recibió una cascada de demandas contra las Zidres y decidió unificarlas para darles trámite. A la audiencia acudirán expertos en el tema tierras, académicos, organizaciones como Oxfam (representada por Aída Pesquera), Asorinoquia, Onic, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Dejusticia (con representación del jurista Rodrigo Uprimmy), todos los demandantes y defensores de la ley, encabezados por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo porque el Ministro agricultura debió declararse impedido y el Viceministro de Agricultura Juan Pablo Díaz. La Audiencia será este 15 de septiembre a las 8 de la mañana y será trasmitida por Canal Institucional:
En este enlace podrá seguir la audiencia a través del Canal Institucional.
