Confieso que me asusta ver en las redes sociales las constantes manifestaciones de polarización en torno al Acuerdo Final sobre el proceso de Paz, expresadas generalmente en declaraciones extremas de odio y de descalificación para quienes no piensan de manera similar, sin importar la posición política de la cual trate. Se cree, y lo peor, se cree de forma radical. Razón por la cual, debatir en Colombia lo ubica en dos espectros, se es Uribista , paraco e iletrado o se es intelectual, pacifista , y conoce el conflicto a profundidad.
Y es que este Acuerdo ha provocado que nos preguntemos ¿Cuántos sapos estamos dispuestos a tragarnos? Algunos con una justificación o no, pero no por eso dejan de ser sapos.
En cuanto al primer punto, concerniente a la Reforma Agraria, considero que una “transformación estructural hacia un nuevo campo” con un enfoque de género y una formalización de la tierras nos traería la posibilidad de democratizar el acceso a estas, cuestión que resulta sumamente importante si recordamos que el conflicto armado colombiano tiene su origen en el plano rural. Además, me alienta leer acerca de la diferenciación regional como modelo para la aplicación efectiva de los distintos planes de desarrollo, uno de los puntos a los cuales les temía que no se plasmara.
Resalto la idea de convertir las ideas en una política pública sólida, dado que se busca la implementación de programas de evaluación a nivel local serio y minucioso. En general, se plantea una política agraria integral, en la cual la figura del campesino aparece como un sujeto “no ajeno”, con garantías de educación, restitución de propiedad, entre otras. No obstante, con esta se debe tener mucho cuidado, el diablo está en los detalles, entre la pregunta del cómo se conformará el fondo de tres millones de hectáreas, y especialmente el porcentaje de tierras que podrían abarcar las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).
Frente al segundo punto, el tema de participación política, uno de los cuales genera más controversia, es acerca del cual tengo más dudas. Desde mi perspectiva el ingreso de las FARC-EP a la arena política, se hace necesario, tal y como lo define la Corte, […] el principio de la participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del sistema colectivo. El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un redimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional. […] Esta implica la ampliación cuantitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social. (SENTENCIA C-180 DE 1994)
Sin embargo, hay sapos que todavía no me trago, tales como el hecho de que las Farc-ep entren al Congreso como el único partido seguro para los próximos dos periodos bajo una amnistía, permitirá a los autores de delitos de lesa humanidad ser elegidos, además el ingreso directo garantizado de las Farc-ep a la política nacional generaría sin lugar a duda problemas de representatividad frente a los demás partidos políticos del país , los cuales han tenido que enfrentarse al juego democrático.
Por otro lado, Las 16 circunscripciones especiales que buscan promover la participación política de quienes han estado excluidos del juego democrático , serán creadas en zonas que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado , especialmente por la presencia de las Farc-ep , de ahí que grupos o movimientos afines a la guerrilla puedan aspirar a estas curules , conllevando a que las Farc-ep logren consolidar una fuerza de hasta 21 representantes en condiciones favorables respecto a la de los demás partidos.
En cuanto al Estatuto de la oposición, me parece una excelente oportunidad para el juego político, considerando que se trata de una deuda histórica, ya que desde su consignación en la Constitución de 1991 no ha tenido el desarrollo legal pertinente. Sin embargo, espero que se le dé el cubrimiento debido a aquellos partidos que se encuentran en calidad de opositores y no de forma exclusiva a las Farc-ep.
En lo que respecta a la financiación, me parece que está dada de manera desigual, según el texto del Acuerdo, cuando las Farc-ep se constituya como partido político, recibirán cada año una suma equivalente al 10 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos, esto es alrededor de 3.500 millones pesos, lo cual es más de lo que gana cualquier movimiento o partido político en Colombia por financiación estatal. Asimismo, en lo que corresponde a movimientos sociales, el derecho de libre expresión y garantías para la mujer, implican un desarrollo más profundo a nivel constitucional, en cuanto son derechos consagrados. De ahí que tenga que ser una tarea en la agenda.
El punto de reintegración a la vida civil de los militantes de las Farc-ep , resulta ser delicado para la mayoría , en cuanto se habla de la creación de un Fondo especial destinado a reintegrar a los guerrilleros a través de programas sociales y laborales. Siendo así, los guerrilleros recibirán $2’000.000 de entrada sin contar el 90% del salario mínimo legal que tendrán garantizado por 24 meses. Esto, sin contar la Reforma Tributaria que se nos viene encima.
De igual forma, aparece en escena la creación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), pero ¿Quién controla al vigilante del acuerdo? Bastante incoherente ¿verdad?
Podría seguir mencionando otras cosas que me preocupan del Acuerdo, sin embargo, estas ya han sido destacadas y prefiero recordarles que el plebiscito es un acuerdo político, de ahí que sea vinculante para el Presidente, no para las demás ramas del poder público, es decir, no debemos atender a las declaraciones de Humberto de la Calle y mucho menos temer a las amenazas de Santos con la “guerra urbana y los impuestos”.
