Aunque los politiqueros de siempre quieran reclamar los méritos, el triunfo del Sí en el plebiscito no será obra exclusiva de las maquinarias partidistas. En buena medida será obra de los ciudadanos del común cansados de la guerra, convencidos de que nada perdemos al darnos una oportunidad para construir armonía entre los colombianos.
Con la firma del acuerdo se ha hecho evidente la satisfacción de los gamonales políticos y de los jefes insurgentes. No les falta razón. Las Farc tendrán recursos inmensos para actuar con éxito en la arena electoral; los de la política tradicional a su turno, ven el pos acuerdo como la oportunidad de nuevas cuotas burocráticas y de pingües contratos.
Estos protagonistas de la política tradicional creen que los acuerdos son de su exclusiva factura y que por tanto ellos merecen seguir haciendo de las suyas. Los tragadores de mermelada, los dueños de la contratación y las nóminas oficiales; los que asignan a dedo las obras públicas secundarias, los acueductos y el saneamiento básico; los que disponen de la alimentación escolar; los que chupan las venas rotas de la salud, aquellos que crean condiciones para que medren la muerte y la miseria, están ciertos de que no se hará nada por neutralizarlos.
El gobierno no tomará la iniciativa de firmar con ellos un tratado de paz, tan importante y tan urgente como el pactado con la guerrilla. Un tratado de paz con la clase política tradicional para que esta no esquilme el erario público, no pretenda “compensaciones” a cambio de dar gobernabilidad y plegarse a las iniciativas del ejecutivo. Ese tratado está descartado porque el gobierno central acaso se siente cómodo con esa clase que le funciona como un relojito. La mermelada, los cupos indicativos, los auxilios parlamentarios son un bajo precio a pagar por su colaboración.
Pero la paz no será posible si quienes van a construirla son los mismos con las mismas, si los “estadistas” de la política de siempre van a diseñar por la vía del “fast track” legislativo, aquellas instituciones necesarias para perfilar la Colombia que tanto hemos soñado.
Quienes duden de que el escenario político está corroído por la corrupción tengan en cuenta las cifras que han trascendido. La revista Semana citó al exfiscal Jorge Perdomo diciendo que para la época de las últimas elecciones regionales, había más de cien mil averiguaciones de tipo penal contra los candidatos inscrito. La publicación agrega que según la Fiscalía en el pasado enero existían 1259 investigaciones en curso contra los recién elegidos, entre quienes se incluían 8 gobernadores, 154 alcaldes y más de 600 concejales. En el caso del Valle del Cauca 16 de los 42 alcaldes electos llegaron con procesos penales y siete tenían indagaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación. Tanto interés por acceder a las responsabilidades públicas se explica al considerar que cerca del 60 % de la contratación de las entidades territoriales se hace a dedo, discrecionalmente, es decir sin el requisito de la licitación pública.
Quienes acompañan el sí no deberían limitarse
a la contemplación ilusionada de los acuerdos sino movilizarse
para velar por el buen uso de los poderes concedidos al Ejecutivo y al Congreso
El peligro de que los politiqueros profesionales terminen diseñando las instituciones del posacuerdo, crea una responsabilidad adicional para los ciudadanos independientes que acompañan el sí. Estos no deberían limitarse a la contemplación ilusionada de los acuerdos y a la actividad pedagógica sobre su contenido. Por el contrario les correspondería movilizarse, velar para que los poderes especiales concedidos al ejecutivo y al Congreso sean bien usados.
El gobierno por su parte haría bien abriendo los espacios, buscando que en el nuevo diseño institucional participen aquellos sectores ciudadanos y de opinión, que pueden ofrecer una mirada limpia e innovadora de la gestión pública. Esto implicaría convocar a tales grupos, vincularlos a los debates, tenerlos en cuenta para la generación de las propuestas normativas que se someterán a las cámaras.
El asunto es claro. Cuando los votantes son utilizados como idiotas útiles, fichas inertes de carácter electoral; cuando se propicia que las podridas maquinarias partidistas sean la única alternativa, puede darse por descontado que la democracia en la cual aquello acontece está llamada a naufragar.
Ojalá la sociedad civil y los ciudadanos independientes que propenden por el sí se organizaran reclamando vocería. La aprobación de los acuerdos en el plebiscito dista de ser un cheque en blanco. Debe estar condicionada al uso apropiado de las facultades que se otorgaron al gobierno para construir la paz. En todo caso ese mandato no puede usarse para consolidar aquella forma tradicional de hacer política que ha llenado de inequidad, frustraciones y pobreza a nuestro país..
Una cosa es cierta y debe repetirse: si los ciudadanos no exigimos y logramos una institucionalidad transparente y eficaz en la etapa que se avecina, nuestra democracia formal se caerá a pedazos. Habremos abierto a las Farc la puerta hacia ese poder absoluto que tanto ansían.
