Tan polémico como novedoso es el Tribunal de paz, el nuevo súper poder judicial creado en los Acuerdos de paz de La Habana, encargado de juzgar a quienes hayan ejercido violencia, venga de donde venga. Forma parte del modelo de Justicia Especial para la Paz (JEP) diseñado por una comisión ad hoc creada por el Presidente Santos y cuya propuesta logró desatascar el proceso en uno de sus momentos críticos, conformada por los juristas Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda en representación del gobierno y Enrique Santiago y Álvaro Leyva creo que faltan nombres.
Su creación responde a la consideración de que los guerrilleros de las Farc no son los únicos responsables en el conflicto y que en este han participado militares, políticos, empresarios y otros civiles que hayan tenido relación con el conflicto armado con la financiación o cualquier otro tipo de colaboración sistemática y determinante. Todos los actores del conflicto serán medidos con el mismo rasero. Las víctimas tienen la palabra y el Tribunal el poder del juicio.
Será un tribunal con un poder omnímodo, con autonomía, que funcionará de forma indefinida aun cuando tiene carácter transicional, sin una segunda instancia y conformado por 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros, además de otros 18 colombianos y 6 extranjeros que conformaran las tres salas de justicia. Igual que ocurre para la elección de cualquier magistrado deben tener quince años de experiencia profesional y no haber sido condenado por delitos en Colombia. De allí la importancia de su conformación.
Quienes conformarán el comité de escogencia de los miembros del súper poderoso tribunal son: delegados del Secretario General de la ONU Ban Ki Moon, rectores del Sistema de Universidades Estatales (SUE) que preside Luis Fernando Gaviria Trujillo, actual rector de la Universidad Tecnológica de Pereira; el Centro Internacional de Justicia Transicional cuya directora en Colombia es María Camila Moreno, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Margarita Cabello Blanco.
Luis Fernando Gaviria integró una comisión junto al rector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla que se entrevistó La Habana con la cúpula de las Farc para ultimar los detalles de la participación de los rectores en el proceso para escoger a los magistrados del Tribunal de Paz. El Sistema de universidades fue creado por la Ley 30 de 1992 y está integrado por las 32 instituciones públicas del país, representadas por sus respectivos rectores, quienes constituyen el Consejo Nacional de Rectores.
El Centro Internacional de Justicia Transicional es una organización internacional sin ánimo de lucro, la más importante en la materia, que apoya a sociedades que se encuentran en procesos de transición a la democracia. Está en Colombia desde el 2006 desarrollando programas que ‘’buscan fortalecer entidades que aplican mecanismos de justicia transicional, defender y promover los derechos de las víctimas, promover la verdad y la memoria y compartir conocimiento e información’’ y su directora en Colombia, María Camila Moreno, es una antropóloga de la Universidad Nacional quien ha ocupado distintos cargos técnicos en la Cooperación internacional y tiene una especialización en usos de tierra en la Universidad de La Habana.
Tiene experiencia en temas de justicia transicional, y ha trabajado desde 1999 con comunidades étnicas, pasando por la Presidencia de La República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y entidades internacionales como la Agencia Sueca para el Desarrollo, ANCUR y el PNUD, también le han caído críticas.
Lo que se acordó en Cuba es que quienes confiesen sus crímenes accedan a penas alternativas, no restrictivas de la libertad, pero quienes busquen evadir su responsabilidad, no cooperen y sean vencidos en juicio sean sometidos hasta a 20 años de cárcel. Hace tan solo unos meses el propio Comisionado Sergio Jaramillo y el Fiscal General dieron, oficialmente, la noticia de que son cerca de 1.300 empresarios mencionados en procesos que cursan en el ente investigador y que pasarían, tras ser depurados uno a uno, a ser juzgados por el Tribunal de Paz.
Este Tribunal –la nuez de la Jurisdicción Especial para la Paz– recibió el espaldarazo de la Fiscal de la Corte Penal Internacional pero las críticas de José Miguel Vivanco de la ONG Humans Right Watch, con sede en Washington, y ha hecho prender más de una alarma. Es uno de los principales caballitos de batalla de la campaña del No al plebiscito, con la que se buscaría forzar a la guerrilla a replantear el esquema de justicia que quedó pactado en los Acuerdos de La Habana.
