Después de la destitución el pasado 1 de septiembre de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por incurrir en delitos fiscales al maquillar el déficit presupuestal del país, el poder del ejecutivo ha quedado oficialmente en manos de quien hasta hace poco oficiaba de presidente interino, Michel Temer.
El exvicepresidente ahora queda efectivo como jefe de Estado hasta las elecciones de 2018. El ascenso definitivo de Temer significa un vuelco hacia ideologías de derecha luego de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), la organización de izquierda a la que pertenece Rousseff y que fundó el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Por su parte, el nuevo mandatario es la principal ficha del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) quien hizo parte de coalición que llevó a Rousseff a la presidencia en 2010 y 2014. El PMDB es, por número de diputados y senadores, el partido más grande de Brasil. Pese a ello, no ha tenido candidato propio a la presidencia desde 1994.
Este cambio, según Dilma Rousseff, aumentará aún más los problemas económicos de Brasil. “Observen el precedente que se está creando. No acepten como verdad eso de que saliendo yo mejorará la crisis, porque será al revés”, afirmó con vehemencia la exjefe de Estado, quien además ha señalado a Temer, en repetidas ocasiones, como un “golpista traidor”.
En los siete primeros meses de este año las cuentas públicas brasileñas acumularon un déficit fiscal primario de 36.592 millones de reales (unos US$11.088,5 millones), el mayor para el periodo en la historia del país, informó el Banco Central. Eso llevó a que las agencias centrales de riesgo incluyeran a Brasil entre los países que no ofrecen garantía para los inversores.
Para enfrentar la crisis económica, el actual presidente ha propuesto nuevas políticas que siguen tendencias más capitalistas y neoliberales entre las cuales se destacan, por ejemplo, planes de privatización y concesiones en sectores como energía, transportes y comunicaciones, una reforma laboral y otra del sistema de jubilaciones y pensiones. Propuso una controvertida reforma de la seguridad social, que incluye un incremento de la edad para pensionarse a los 70 años. También tiene pensado hacer un recorte presupuestal debido, según Temer, al excesivo gasto público que se realizó durante los gobiernos del PT.
Según Beatriz Miranda, experta en temas internacionales, Brasil no está dispuesto a hacer una apuesta presupuestal significativa en la producción de conocimiento para ingresar a la economía mundial con estrategias de fortalecimiento a la educación. “Esta es la pobre visión estratégica de los que ciertamente gobernarán el país en los próximos dos años y medio. Todo indica que el modelo a seguir será el de la extracción de recursos naturales y los negocios en el agro, en un ámbito de colonialismo cultural”, señaló Miranda.
Este giro político de Brasil también se ve reflejado en su política exterior, principalmente en su relación con América Latina, provocando un quiebre histórico para la región. Los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela rechazaron la destitución de Rousseff, calificándola de "golpe parlamentario".
Para Paulo Velasco, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, el nuevo gobierno brasileño “no le dará la misma importancia que los cancilleres de Lula y Dilma dieron a la idea del Mercosur y la Unasur".
Además de las medidas poco populares que ha tomado Temer, el otro problema que afronta son sus escándalos por corrupción. El exsenador fue implicado en 2009, antes de ser vicepresidente en el gobierno de Rousseff, en un escándalo por financiamiento ilegal donde se lo señaló como un supuesto beneficiario de una entrega de cinco millones de reales (aproximadamente US$1.430.000) por parte de un constructor, pero fue finalmente desestimado por el Tribunal Superior. Además, el senador Delcídio do Amaral, lo acusó de apadrinar una venta ilícita de etanol a finales de los 90.
En las primeras semanas de su gobierno interino, tres ministros cayeron por haber sido vinculados a actividades de corrupción, y al mes (junio 15 del 2016) fue citado a declarar por el caso Petrobras por un delator que asegura que negoció donaciones electorales de origen ilícito. El delator es Sergio Machado, exsenador y expresidente de Transpetro, una compañía subsidiaria de la petrolera estatal. Según él, en 2012 acordó con Temer, quien ya ejercía de vicepresidente, una donación de 1,5 millones de reales (aproximadamente US$428.000) de origen irregular para la campaña electoral de Gabriel Chalita, del PMDB, candidato a la alcaldía de Sao Paulo.
“Acusaciones irresponsables, imprudentes y falsas”. Esas fueron las palabras del máximo líder de Brasil antes las acusaciones lanzadas por Sergio Machado. Antes de esa declaración, el Palacio de Planalto ya había rechazado las acusaciones. “Temer siempre respetó estrictamente los límites legales para buscar recursos para campañas electorales. Jamás permitió la recaudación fuera de los márgenes de la ley, para sí mismo, para el partido y, mucho menos, para otros candidatos”, aclaraba un comunicado de prensa por parte del Gobierno Federal.
Las resistidas medidas propuestas por el presidente, junto con sus escándalos de corrupción han ocasionado que las encuestas muestren el poco respaldo popular con el que cuenta. La muestra es que tiene un índice de aprobación de tan solo el 14%. Además, estudios de la encuestadora Datafolha previos a la suspensión de Rousseff en mayo pasado, señalaban que solamente el 2% de la población votaría por Temer en una elección presidencial, mientras que el 60% pedía su renuncia. Asimismo, un 58% opinó que el vicepresidente también debería ser sometido a un juicio político.
Michel Miguel Elias Temer Llulia es un abogado constitucionalista de 75 años, exsenador, católico y descendiente de una familia de origen libanés. Lideró durante quince años el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y ejerció como vicepresidente desde 2011 hasta el 12 de mayo del presente año.
