A pesar de la importancia estratégica y socio-económica que emocionalmente anunció el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras cuando firmó el acta de inicio del contrato para la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, y que en verdad tiene una obra de esta magnitud, muy poco entusiasmo y optimismo manifestaron los presuntos beneficiarios por los antecedentes perniciosos que han demostrado los protagonistas, en este caso, el concesionario Nuevo Cauca, que tiene a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente, y la construcción de la segunda calzada.
La gente sabe que el concesionario Nuevo Cauca está conformado por cuatro socios: Carlos Alberto Solarte Solarte, Cass Constructores, H&H Ecuador y H&H, seccional Colombia. Carlos Alberto Solarte Solarte y Cass Constructores, que son la misma cosa con diferentes figuras jurídicas de contratación, también son dueños de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca (UTDVVCC), que ya venía como concesionaria del tramo Santander de Quilichao-Popayán. Lo que ocurre es que en nuestro atrasado, inculto y corrupto país todo está monopolizado exclusivamente en torno al poder económico, en un yo con yo; yo te elijo, tú me eliges, por eso, los segundos (UTDVVCC) desafectaron de su viejo contrato el Tramo 1 “Popayán – Santander de Quilichao”, para dejarlo a cargo de Nuevo Cauca, que hoy aparece como “nuevo” concesionario del Contrato de 4G, por cerca de 1.2 billones de pesos.
Fotografía de Archivo – Definido cronograma para adjudicar proyecto doble calzada Santander de Quilichao – Popayán
El asunto es que el 23 de enero de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a pesar de haber interpuesto unas denuncias en contra de la UTDVVCC que cursan en la Fiscalía y en la Contraloría, aceptó firmar un otrosí al contrato de concesión No. 005 de 1999 demandado por la misma ANI en el 2011, para legalizar el ‘yo con yo’ y cederle la concesión de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán a Nuevo Cauca sin las interferencias que puedan causar esas acusaciones.
No se entiende cómo las personas y entidades que están siendo investigadas porpeculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, desde aquel 2011, y que son:Carlos Alberto Solarte, representante de la Unión temporal Valle del Cauca y Cauca (UTDVVCC); Sandra Macollins Garvin, asesora jurídica de la gerencia general del Inco (hoy ANI); Andrés Juyar Olaya, asesor de la gerencia del grupo jurídico del Inco; Óscar Hernando Solórzano, asesor de la coordinación del modo carretero Inco; Maximiliano Enrique González, subgerente de gestión contractual del Inco, y a pesar de que han pasado casi cinco años, no se hayan tomado decisiones, y fuera de eso, se adjudiquen nuevas contrataciones a otras razones sociales manejadas por los mismos protagonistas.
La estrategia de corrupción se aplicó siendo presidente Álvaro Uribe en el año 2006 cuando el contrato 005 suscrito de abril de 1999, que había otorgado la concesión inicialmente por 14 años sobre el desarrollo vial del Valle del Cauca y Cauca, se aumentó nada menos que en 50 años, es decir que se privatizó totalmente la Panamericana en estos dos departamentos, dejando como dueño de ella a Carlos Solarte. Así las cosas, el contrato quedó vigente hasta Marzo de 2054, con un valor inicial de $967 mil millones y adiciones por $738 mil millones. Sin embargo, luego la misma ANI estimó que en sólo 20 años el recaudo de los peajes asignados a la UTDVVCC ascendería a 10 billones de pesos.
El Estado lleva casi cuatro años tratando de desmontar la prórroga de 50 años. Además, dice la Contraloría, fue ilegal el modelo financiero presentado por el concesionario para calcular su remuneración. Según el informe de la Contraloría, los beneficios para el representante legal del concesionario, Carlos Solarte, eran demasiados, en cambio, el Estado perdía considerables sumas de dinero por una serie de impuestos que ya no existían según la ley de contratación. Se habrían perdido ya 7 billones de pesos del erario.
Foto archivo Proclama del Cauca – Libardo Sandoval – Nuevo Cauca
Cuando se presentaron las denuncias citadas, el presidente Juan Manuel Santos manifestó su inconformidad por esta contratación. “Yo no tengo el conocimiento de concesiones de 50 años. Yo no sabía que había concesiones tan largas, pero esto me sorprendió. Estamos tratando de apretarle las clavijas a estos concesionarios”, dijo refiriéndose a la prorroga generosa que había recibido este proyecto.
Posteriormente Santos volvió con la crítica pública a esas concesiones viales, en especial la vía a Buenaventura, de la Unión temporal Valle del Cauca y Cauca (UTDVVCC), precisando que “esto es “la historia perfecta de algo mal hecho”: es una obra que recibimos con un esquema de contratación realmente diabólico, absurdo, mal estructurado, con varios tipos de contratos; unos buenos y otros malos”. (Fuente:
En resumen, se iniciarán nuevas obras, con un supuesto ‘nuevo’ concesionario (Nuevo Cauca), por eso, las expectativas contradictorias frente a la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán se mantienen vigentes, más por el resultado histórico de las concesiones otorgadas a Carlos Solarte y a todas sus variantes en personerías jurídicas que representa, para desviar la atención, no sólo de la opinión pública, sino del mismo Estado, que sospechosamente le mantiene y aumenta concesiones a pesar del constante atraso que registran sus obras y los incumplimientos, sobre todo, en las obras adicionales a la principal como la rehabilitación y mantenimiento de vías alternas y de carreteras secundarias, mientras pavimentan y repavimentan siempre los mismos sectores, por donde pasa mayor cantidad de gente para que los vean trabajando, pero que frente a sus billonarios ingresos no representan inversiones importantes.
*El artículo fue publicado originalmente en el portal regional Proclama del Cauca en alianza con Las2Orillas
