Juan Francisco Miranda fue director del Colciencias durante el segundo período presidencial de Álvaro Uribe y ahora dirige el Parque BioPacífico, en Palmira, en el Valle del Cauca. Es crítico a la manera como se incluyó el tema de ciencia y tecnología dentro de la Ley de regalías, porque abrió la compuerta para derrochar unos recursos generosos en proyectos dispersos que los gobernadores pueden entregar con gran discrecionalidad y con un impacto mínimo en el avance del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación.
Juan Manuel Ospina (J.M.O) ¿Por qué esa resistencia o indiferencia, casi atávica del Estado colombiano a invertir en ciencia y técnica?
Juan Francisco Miranda (J.F.M.) Somos esclavos del corto plazo, del inmediatismo y por eso no hemos podido tener políticas que se sostengan en el tiempo, políticas de largo plazo. Esto es particularmente problemático en investigación e innovación pues si no se invierte de manera constante y consistente, se pierden el esfuerzo realizado y los recursos invertidos.
J.M.O: Es decir, ¿la inversión en conocimiento requiere una verdadera política de Estado que esté por encima de la coyuntura y sus contingencias, incluidas las político-electorales?
J.F.M. Eso fue lo que creímos que habíamos logrado con la Ley 1286/ 2009 luego del debate que suscitó en el Congreso; los congresistas entendieron las razones para que fuera una política de largo plazo, de estado, independiente de los intereses partidistas. Tanto penetró el tema políticamente que fue punto central en la campaña presidencial de 2010. Acá hay que destacar la acción y el compromiso de Marta Lucía Ramírez en el Senado y de Jaime Restrepo en la Cámara de Representantes, sus autores e impulsores en los diferentes escenarios, no solo en el Congreso, motivados por un foro realizado en Maloka en 2006.
J.M.O: ¿Qué es lo fundamental que aporta la Ley?
J.F.M. Responde a una inquietud sobre la necesidad de contar con una estructura de ciencia y tecnología con una identidad política que la instale en los escenarios de alta decisión gubernamental, con asiento en el Consejo de Ministros, para refrendarle institucionalmente a la ciencia , la tecnología y la innovación su carácter de política de estado necesario para garantizarle al país, por intermedio de Colciencias la capacidad y fortaleza institucional necesarias para superar la atomización de los recursos e iniciativas existentes. Cada entidad tenía su propio concepto y política al respecto – el SENA, el ministerio de Agricultura-; cada quien hacía lo que se le ocurría por ausencia de una cabeza ordenadora, el efecto se manifestaba en los limitados impactos alcanzados. Colciencias no tenía la jerarquía para hacerlo como instituto descentralizado establecido en el marco institucional del Departamento Nacional de Planeación, entorno al cual nunca se incorporó en la tarea planificadora con una visión de largo plazo.
J.M.O Pero el problema se podría volver a presentar si se le ubica en la Presidencia de la República…
J.F.M. La Ley no solo reubicó a Colciencias en la estructura del Estado sino que la declaró, y esto es bien importante, cabeza de sector. Los distintos sectores en que se divide la administración y las políticas públicas deben, por consiguiente, trabajar en acuerdo y concertación con Colciencias. Lo esencial es que se le dio la jerarquía institucional necesaria para definir e influir en las políticas que establezcan y ejecuten las diferentes entidades en el campo de la investigación y la innovación. Desafortunadamente la fragilidad de una institucionalidad en construcción, cedió ante la fogosidad innovadora de los funcionarios del nuevo gobierno.
J.M.O: ¿Y la Ley abordó lo referente a los presupuestos de funcionamiento y de inversión de Colciencias?
J.F.M. La Ley la promulga la administración Uribe en momentos en que adelantaba una política de austeridad fiscal y por ello Colciencias en su nueva etapa, se inicia con la restricción de no aumentar su presupuesto de funcionamiento. Para hacerle frente a esa severa limitación que se planteó como temporal, se acudió a un procedimiento que se empleaba desde antes: solicitarles a las universidades su apoyo y participación, que fue respondida con una enorme generosidad. Los rectores de las universidades acreditadas, tanto públicas como privadas, aceptaron aportarle a Colciencias, en comisión, el personal de investigadores que les solicitara. En estos casos Colciencias era la que seleccionaba a las personas y definía tanto el programa de trabajo, como las necesidades de personal en el marco de sus proyectos.
J.M.O: ¿Ese “préstamo” de investigadores, qué beneficio les representaba a las universidades?
J.F.M. Ante todo lo hacían por un sentido de responsabilidad institucional con la investigación y el desarrollo del país, pero también, creo yo, por razones de prestigio. Es un procedimiento habitual en el mundo de la investigación. Por ejemplo, la National Science Foundation en Estados Unidos hace convocatorias periódicas directamente a los investigadores de universidades y empresas, para que participen en sus proyectos; en caso de ser escogidos, la institución a la que pertenecen les paga su sueldo.
Los congresistas Martha Lucía Ramírez y Jaime Restrepo fueron los autores de la Ley 1286 de 2009 sobre ciencia y tecnología, a la que se le dio un amplio debate en el legislativo.
J.M.O: ¿Y el presupuesto de inversión?
J.F.M. Cuando se discutió la Ley se planteó al gobierno, sin acogida en el ministerio de Hacienda, que se le destinaran a Colciencias durante 10 años, el 10% de las utilidades de la Nación en Ecopetrol, dineros que no pueden ser asimilados a recursos con destinación específica, expresamente prohibidos en la Constitución. Esto, y lo propuesto en el Plan de integración Nacional en 1979, son antecedentes de la decisión del gobierno Santos de dedicarle a esta política el 10% de las regalías.
J.M.O. Pero esa propuesta de asignarle el 10% de las regalías a ciencia y tecnología, que en principio nadie objetó, terminó en el texto del Acto Legislativo aprobado, pero de manera tal que la debilitó, le quitó su potencial transformador. ¿Qué fue lo que pasó?
J.F.M. Es una magnífica idea y representaba un cambio cuantitativo y cualitativo estratégico para el país pero en su discusión y aprobación el Congreso se equivocó, tal vez, por la insuficiente ilustración del Ejecutivo. El texto aprobado establece que los recursos de regalías se repartirán entre las entidades territoriales con el mismo procedimiento definido para la repartición delos fondos de estabilización y de desarrollo regional, que tiene en consideración dos variables: población y línea de pobreza, que bien puede operar para esa repartición pero no para los dineros de ciencia y tecnología, además creo una estructura de decisión sobre la asignación de recursos por fuera del sistema de Ciencia, tecnología e innovación que el país había construido y probado en los últimos años, de acuerdo con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente en estos campos.
J.M.O. Hablando de desarrollo regional, ¿éste cómo se asume desde una política pública de ciencia y tecnología?
J.F.M. Colombia necesita mucha ciencia, conocimiento, investigación para resolver sus problemas regionales, pero no estoy tan seguro que el camino sea haciendo un centro de investigación en cada región o para cada tema a abordar. La ciencia y la tecnología requieren concentrar recursos y realizar grandes inversiones de manera sostenida para obtener resultados que impacten los procesos productivos y la sociedad. Por ejemplo, en el mundo aceleradores de partículas para entender cómo funciona la materia o estaciones espaciales no hay sino de a uno. La experiencia universal y el avance de la ciencia y el conocimiento enseñan que es necesario concentrar recursos y esfuerzos, es necesario tener masas críticas. El problema de la malaria no sería posible resolverlo haciendo un centro de investigaciones en malaria en Guapi; ello solo sería posible desde un trabajo coordinado y continuado realizado por centros de investigación que tienen en el país una posición estratégica para afrontar la tarea; se trataría de inducir su vinculación al proyecto, entre otros, por medio de la asignación de recursos suficientes para la tarea propuesta.
J.M.O. Pero, ¿cómo se pueden incorporar las necesidades propias de las regiones con su diversidad en las negociaciones de una agenda nacional de investigación? ¿Cómo pueden participar las regiones en la política?
J.F.M En esta tarea lo fundamental es identificar cuáles son los problemas centrales de las regiones que requieren el desarrollo del conocimiento, de investigación e innovación para su solución y a partir de ello definir la forma más estratégica de concentrar recursos humanos de laboratorios y de financiación para tener capacidades reales de respuesta. Colombia es un país pobre con limitación de recursos y si por ejemplo ante la clara necesidad de desarrollar un centro de investigación de talla mundial en biotecnología, para aprovechar la biodiversidad del Pacífico, alguien dijera, hay que hacerlo en Quibdó y esa fuera la decisión, habría que realizar una gigantesca inversión previa para solucionar las carencias allí presentes, exigidas por el trabajo investigativo mismo. ¿Dónde localizarlo entonces? Allí donde exista de antemano una masa de capacidades, aunque sea medianamente crítica. Los desarrollos en Quibdó tendrían que ser parte de una red clara y estratégicamente integrada que utilice y potencialice las capacidades existentes en el país, esa sería la manera más efectiva de lograr que la población del Chocó se beneficie de los desarrollos de investigación e innovación que le den valor agregado a productos originarios de la selva húmeda tropical. No se trata por consiguiente de territorializar las inversiones, de “esparcir la mermelada” de las regalías. Un asunto como el transformar la biodiversidad de la selva húmeda en una fuente de riqueza que de manera sostenible permita hacer de ello un sector de talla mundial, comprometería una parte importante de la capacidad de investigación que tiene el país localizada en diferentes ciudades y requeriría una importante concentración de recursos económicos por muchos años. Frente a esta sola tarea todo lo disponible en el fondo de regalías nacional seguramente no sería suficiente.
Aunque el país cuenta con centros de investigación en ciencia especializados como Cenicafé, dedicado al grano, se requiere que la política en ciencia y tecnología regional -muchas veces en manos de alcaldes y gobernadores- se articule a un plan nacional. FOTO: Federación Nacional de Cafeteros.
Lo dicho deja en claro el tremendo error que en lo que a ciencia y tecnología se refiere, tiene la modificación de las reglas de reparto de las regalías, pues las variables aprobadas para asignar regionalmente las regalías no son las adecuadas.
Para complicar aún más las cosas, la norma creó un instrumento, un sistema para la asignación de los recursos, que está por fuera del Sistema de Ciencia y Tecnología establecido; en él Colciencias queda reducida a ejercer la secretaría. Dice la norma que se consultarán los organismos regionales de ciencia y tecnología, las comisiones regionales de competitividad pero sus recomendaciones no son vinculantes, en la práctica sus opiniones no pocas veces son palabras muertas, sin aplicación ninguna. En plata blanca esos recursos quedaron de los gobernadores, quienes como ha sucedido desde hace años con el poder central, poco o nada entienden sobre ciencia y tecnología o de manera mas específica en sus agendas de gestión las grandes urgencias sociales que son de corto plazo dejan poco espacio para las inversiones estratégicas que solo dan frutos al largo plazo. El café por ejemplo, es un producto que interesa a varios departamentos y lo lógico sería que los gobernadores interesados acordaran aportarle recursos a Cenicafé. En vez de que cada gobernador se lance a impulsar nuevos centros deberían ser demandantes con “sus proyectos” y recursos, de resultados a una infraestructura disponible en la que el país ha invertido muchos recursos, comprometiendo con ello la eficacia de unos recursos limitados frente a la magnitud del problema a resolver.
J.M.O. Pero entonces, ¿esas platas se van a perder, a malgastar?
J.F.M Respecto a las regalías, no es correcto anticipar que todos los recursos se vayan a perder. Lo que si sucederá es que no se dará la concentración de recursos en los sectores estratégicos que la transformación del país necesita. Es más un problema de dispersión de los recursos con la consiguiente ineficiencia, que de riesgos de despilfarro y aún de corrupción.
A partir de las experiencias de Brasil y México, la ley 1286 creó para facilitar la concentración y coordinación de los recursos en torno a proyectos de investigación e innovación, el Fondo Francisco José de Caldas con la misión de financiar transformaciones productivas con ciencia y tecnología, con recursos públicos y privados. Se buscaba contar con un mecanismo de administración de los recursos que fuera coordinado y ágil, y que tuviese en cuenta la naturaleza de los proyectos a financiar. Pero de nuevo la creatividad institucional del país decidió no utilizarlo para el manejo de los recursos de regalías de ciencia y tecnología.
J.M.O. Todo esto suena a una estructura hipercentralista, que mira al país desde las alturas de la capital
J.F.M La realidad no es tan sencilla. Colciencias de años atrás ha buscado dotarse de una estructura regional con los Consejos departamentales de ciencia y tecnología, que creó para reemplazar la estructura regional que había organizado al comienzo y que desapareció junto con los Corpes. La verdad es que los consejos han funcionado poco y no logran darle dinámica y coherencia a las políticas regionales, la construcción de capacidades regionales de planificación para el desarrollo es una tarea en la que el país aún tiene mucho que aprender y que requiere pasar de vivir las urgencias locales al desarrollo de estrategias y planes regionales en un contexto de país
J.M.O Con lo que me ha expuesto, creo entender que la política de ciencia y tecnología gira en torno a las necesidades concretas de la producción, de la actividad económica ¿Me equivoco?
J.F.M Esa es otra equivocación del país, creer que toda la investigación está atada a la producción; olvida que las universidades tienen compromisos con la investigación básica, con la producción de conocimientos que no son de utilidad inmediata. La política pública ha hecho una mezcolanza con las modalidades de investigación. Las universidades se van viendo forzadas a transformarse en empresas de consultoría, alejándose de su misión que es la producción de nuevo conocimiento. Los fondos de una política de ciencia, tecnología e innovación deben contemplar claramente recursos para la investigación que contribuyan a la creación de nuevo conocimiento sin importar su aplicación inmediata, esta es la fuente de futuro; recursos para formación de investigadores y recursos para el desarrollo en los cuales son evidentes las necesidades de respuestas transferibles a la solución de problemas sociales y productivos. Los fondos de regalías son para esto último. El país tiene necesidad de definir las fuentes adecuadas para los otros componentes mencionados, los cuales en la etapa de desarrollo del país son bienes públicos y por tanto deben ser financiados de manera sostenible proyectada en el largo plazo con recursos públicos.
J.M.O. Se percibe un avance en términos de formulación de las políticas, una “densificación” de la política, que no alcanza a expresarse en la realidad cotidiana de la investigación o de los presupuestos. ¿En la incidencia de la ciencia y tecnología en el desarrollo del país?
J.F.M Hay que evaluar tres aspectos. El primero es el crecimiento de la capacidad nacional en ciencia y tecnología, pues bajo la sombrilla institucional establecida, las universidades han mejorado y hay centros de investigación que avanzan en la consolidación de su tarea de investigación. En segundo lugar se le ha dado repuesta a la necesidad de organizar la inversión pública en ciencia y tecnología, a partir de un inventario y cuantificación de los recursos disponibles pero esto como se ha visto es insuficiente y presenta serias limitaciones para ser efectivo. En tercer lugar, permanece inconclusa la tarea de definirle un direccionamiento al uso de esos recursos limitados; en el país a la fecha, se “hacen cosas” de manera dispersa.
Hay un camino recorrido importante, no se está frente a una hoja en blanco. Colombia tiene a su haber logros en términos de una política y una institucionalidad de ciencia y tecnología, así como experiencia para corregir el rumbo. Seguimos debatiéndonos entre políticas de corto plazo, coyunturales, incapaces de asumir el desafío de definir y darle continuidad a políticas estructurales que convoquen al conjunto de los actores -científicos y académicos, universitarios y políticos, empresarios y funcionarios públicos nacionales, internacionales y territoriales -, para definir, financiar y ejecutar una política de ciencia y conocimiento. Sin ella seguiremos sumidos en un déficit de democracia y equidad, de desarrollo de nuestras fuerzas productivas y de preservación del capital natural que es de todos y es una de nuestras mayores ventajas comparativas, para generar la riqueza de una nación más prospera y equitativa para todos.
