"Las Farc no tienen ningún derecho a participar en esta campaña. Son y serán a lo largo del plebiscito una organización armada ilegal, proscrita por el régimen político colombiano, hasta tanto no se desarmen, hasta tanto no cumplan los acuerdos, si es que ellos son ratificados por los colombianos. De manera que a las Farc como organización no hacen, ni tienen derecho, ni pueden permitírseles ningún tipo de proselitismo ni a favor ni en contra de esta campaña”.
No cabe duda que el Estado hizo la guerra en nombre de "todos" los colombianos, utilizando incluso la estrategia paramilitar para defender los intereses de una minoría, y con ello cometió crímenes atroces, como también los cometió la guerrilla. Ese mismo Estado convoca, con consentimiento de la otra parte, las FARC, una mesa de diálogos, llega a unos acuerdos que hay que refrendar, pero, sobre todo, implementar y desarrollar; y sus voceros, funcionarios y aliados se auto endilgan el derecho a hacer campaña por el Sí o por el No, pero la contraparte no puede hacerlo, según Claudia López quien interpreta estrictamente el Estado de derecho y sus reglas, por fuera de las cuales han estado las guerrillas.
Lo que une al bloque de poder dominante, extrema derecha uribista y la derecha neoliberal santista, respecto a los Acuerdos, no es sólo la derrota, desmovilización y desarme de las insurgencias, sería tonto pensar lo contrario, sino la eliminación y exclusión política del opositor que surja de los acuerdos: cárcel, muerte política o rendición, gritan los más extremistas; negar desde ya su participación como actor político, aducen los más "demócratas", como Claudia López. Ni que decir de Armando Bennedeti, que propone una campaña de este tenor: Sí a la paz, no a las FARC. ¿En qué se diferencia esta propuesta de las posturas extremistas del uribismo? ¿Y de las de Claudia López, la nueva adalid de la democracia? Por supuesto que nadie va a salir a hacer una campaña que diga: Sí a la paz, Sí a las FARC. ¿Quién haría una campaña de esas? Sería un suicidio político. Cada quién saque sus conclusiones.
Resulta absolutamente impensable que luego del reconocimiento del conflicto armado por parte del Estado colombiano, además de una agenda que incluyó complejas discusiones acerca de la necesidad de la apertura democrática y la participación política, sus funcionarios sigan respaldando la exclusión política del ejército insurgente. El Estado está negociando la salida política a la guerra, no puede ser que la solución a esta discusión política termine siendo volver a un bipartidismo caduco disfrazado de colores y democracia.
Hay otros que piensan que a la oligarquía había que imponerle la agenda de diálogos, además de las demandas históricas de las comunidades y pueblos que han luchado y pagado con sangre, cárcel y destierro sus reivindicaciones. Que había que exigirle la discusión del modelo económico, y la política extractivista llevarla a la mesa de discusión con las insurgencias y la sociedad civil; que si ésta última no participa de los diálogos, entonces éstos no tienen legitimidad y validez. Santos, y cualquier buen oligarca, han respondido de manera simple pero contundente: cuando tengan el poder.
Esta postura olvida varios asuntos de fondo: Uno, la correlación de fuerza y la hegemonía militar está del lado del bloque dominante, por tanto, la agenda de discusión no se impone, sino que la determina el factor real de poder. Dos, las guerrillas que han tenido una resistencia histórica, que se sepa, no han planteado su disolución o desmovilización, se les ha escuchado decir que seguirán movilizadas haciendo el tránsito hacia un movimiento político legal. ¿Han dicho algo diferente? De lucha armada, a lucha de ideas, es lo que se avizora, y en lo que al parecer ya estamos.
El debate político e ideológico, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ha hecho su entrada. Bienvenido sea el debate, ¿o qué otra cosa deseamos, diferente al Sí al plebiscito, ¿Sí a los acuerdos, no continuar la guerra? ¿Hay una posición intermedia?
