A finales de agosto se celebró en Medellín el primer Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. El objetivo de este evento era evaluar el impacto de las empresas sobre los derechos humanos con base en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estos Principios Rectores están cimentados en tres deberes: proteger, respetar y remediar. Es decir, el deber de los estados de salvaguardar los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetarlos, y la promoción de mecanismos para reparar las violaciones. Con ello se busca ir más allá de la responsabilidad social corporativa o el desarrollo de la actividad empresarial desde una perspectiva ética.
Por lo cual, esta declaración de principios —que carece de fuerza vinculante— insta a los estados a ser proactivos a la hora de proteger los derechos humanos y responder a violaciones cometidas como parte de las actividades empresariales. Por otra parte, las empresas se ven compelidas a asumir su responsabilidad en materia de derechos humanos. Una doble vía en la que transitan los y las ciudadanas en espera de que ambos actores se ocupen de sus obligaciones para con la sociedad.
A pesar de haber asistido a este foro con muy altas expectativas, esperando —para utilizar las palabras de los organizadores— un diálogo constructivo entre los participantes de múltiples sectores, la realidad fue completamente diferente. Por el contrario, el evento resultó ser un espacio para limpiar la cara de las empresas nacionales y transnacionales invitadas a las mesas de trabajo. La participación de la sociedad civil, de los representantes de los y las trabajadoras, los grupos indígenas, las víctimas, entre otros, estuvo limitada en su mayor parte a las cortas sesiones de preguntas. El evento pareció mostrar una realidad paralela a la que enfrentan diariamente las sociedades ante el poder desmedido de las empresas.
No se puede tapar el cielo con la mano. Las empresas causan daños impunemente. Ese perjuicio procede de los abusos directos de las empresas o de la complicidad con personas o dentro de su cadena de valores contra los derechos humanos. Apenas existen mecanismos efectivos —nacionales o internacionales— para impedir las infracciones a los derechos humanos por las empresas. Mucho menos nos encontramos con rendición de cuenta de sus acciones.
Este panorama se agudiza cuando comprobamos que los gobiernos prefieren optar por el silencio, la connivencia o la inacción frente a los actos empresariales contra los derechos humanos. En general, los gobiernos prefieren no regular el impacto de las empresas sobre estos derechos, en muchas ocasiones, bajo la premisa del desarrollo económico o la atracción de capital.
La asunción de responsabilidad en materia de derechos humanos por parte de las empresas ha estado basado en iniciativas voluntarias. Y los Principios Rectores no dejan de ser un marco de acción para que las empresas, discrecionalmente, den a conocer y muestren que respetan los derechos humanos. Incorporar estos principios a las políticas y prácticas empresariales, sugieren las expresiones vertidas por los representantes del sector en el Foro, es más una cuestión de reputación e imagen, que un cambio de paradigma.
Pero no me mal interpreten. Estoy convencida que los Principios Rectores son un paso positivo para la protección de los derechos humanos. La lucha por la defensa y protección de los derechos humanos debe ser una amplia, en donde se aborden diferentes frentes. Así pues, puede que algún día el mundo utópico que mostraron las empresas en el Foro sea una realidad. Puede que un evento de este tipo sea, efectivamente, un espacio para el diálogo constructivo de los diferentes actores de la sociedad. Mientras ese momento llega —temo que ese futuro está aún muy lejos— debemos exigir un balance entre el beneficio económico y el social.
En diciembre de este año se reúne por segunda vez el Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos en Ginebra. Esperemos que en este escenario se subsanen los desatinos de Medellín. Es decir, se adopte una metodología de trabajo más participativa, se organicen mesas de trabajo más diversas, se abra el espacio para la presentación de realidades más acorde con las vivencias diarias, se inviten a participar sectores empresariales ausentes como fue el caso de las compañías de desarrollo tecnológico, entre otros. Resaltar buenas prácticas es importante, pero también lo es la denuncia de casos preocupantes de violación de derechos humanos por las empresas.
Twitter: @amalia_toledo
