Ningún magistrado se le ha medido con tanto compromiso como Néstor Raúl Correa a estar encima de la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras que cumplió cinco años de estar actuando. Desde su despacho del Consejo Superior de la Judicatura, analiza qué ha ocurrido en estos cinco años de haber sido firmada con el Secretario general de Naciones Unidas como testigo.
Magistrado, ¿satisfecho con los resultados de la aplicación de la ley?
En Colombia hemos vivido una diáspora, un exilio interior, una masacre general en términos de convivencia y derechos. En ese contexto aparece la Ley expedida con el ánimo de pagar una deuda histórica, de saldar un déficit con las víctimas. Y es lo más cercano que ha tenido el país a una justicia agraria. Todas las reformas agrarias en Colombia han fracasado. Con esta se les devuelve la tierra a las víctimas y poseedores, y viene aunada con el título de propiedad, que además sale a nombre de la mujer y el hombre si había convivencia, con un componente de género importante. Total, la ley permite que por primera vez en Colombia se defiendan los derechos de los campesinos de manera seria y efectiva.
¿Pero los resultados concretos no son muy pobres?
La ley fue proferida en 2011 y empezó a regir en 2012. Creó un proceso de restitución de tierras mixto: mitad es componente administrativo a cargo de la Unidad de Tierras y la otra mitad judicial, a cargo de los jueces y magistrados de restitución. Como Consejo Superior de la Judicatura creamos 40 juzgados de restitución y 15 magistrados. Son 55 funcionarios con sus despachos, además los capacitamos. No es un proceso entre iguales, entre demandante y demandado, es un proceso entre desiguales en el que el Estado toma parte por las víctimas y procura hacer efectiva la satisfacción de sus derechos. El 96% de los procesos han salido a favor de las víctimas, ordenando restituir más de 200 mil hectáreas.
Mucho menos de lo esperado. ¿Los procesos van a paso de tortuga?
Eso no es cierto, el universo respecto del cual se parte para comparar es errado. Arrancamos de cero y tuvimos que montar toda la institucionalidad, pero en este momento la máquina ya está andando y la producción de resultados ha aumentado sensiblemente. No resolveremos mil solicitudes por año, sino que serán 3 o 4 mil.
¿Son suficientes 40 jueces y 15 magistrados para atender y restituir a tantos reclamantes?
Hay dificultades en la identificación del predio. Es injusto que el Estado en 50 años no haya podido hacerlo con todos los técnicos, instituciones y recursos con que cuenta, y sí quiere que el juez de tierras, armado de un simple computador, en cuatro meses resuelva ese problema. Al juez de tierras le están mandando el trabajo sucio. Por ello los jueces, para resolver se están tomando 10 meses en casos sin oposición y año y medio si hay oposición. Es deber del gobierno afinar y coordinar sus órganos para resolver eso.
¿Qué piensa del intento, con apoyo de la Procuraduría, de reformar la ley?
La ley se concibió como si el mundo agrario fuera bipolar en donde en un extremo había un campesino desplazado y en el otro un paramilitar armado. Pero la dinámica ha demostrado que en muchas partes es campesino contra campesino: había un labriego que fue amenazado y abandonó el predio que fue ocupado por otro campesino que venía desplazado de otra parte.
Hay de todo. Dentro de los segundos ocupantes hay terratenientes, empresas privadas que pagan impuestos, y así mismo particulares de dos tipos: el avivato o el ocupante de buena fe. La dinámica es variada. Ante esto, les ha tocado a los jueces y magistrados de tierras, por vía de jurisprudencia, entrar a matizar cuándo sí y cuándo no el segundo ocupante es población vulnerable y si lo es tiene que ofrecerle un mecanismo de compensación, no lo puede sacar a sombrerazos como a los demás.
¿Entonces usted está de acuerdo con la modificación?
Es innecesario porque el efecto vinculante de los fallos de la corte es el mismo de una ley y se corre el peligro de abrir la puerta para que le metan mano a todo. Yo soy amigo de dejar la ley como está y que los desarrollos se den vía jurisprudencia.
¿Por qué hay departamentos con muchas sentencias de restitución como Córdoba y otros sin resultados como Putumayo?
Hasta este año operó el proceso de microfocalización, según el cual la restitución dependía de que el ministerio de Defensa autorizara iniciar acciones en ese municipio. Entonces, donde había guerra la Unidad de Tierras no podía iniciar procesos porque podría generar nuevas víctimas. Me parece algo responsable porque no se puede enviar una víctima donde hay un intercambio de disparos: lo matan o vuelven y lo desplazan. Me imagino que gracias al proceso de paz, ya no se hará esa diferenciación y se podrán iniciar acciones por todas partes y tendremos procesos por ejemplo en Florencia, Meta y Huila, zonas donde las Farc han tenido fuerte presencia.
¿Cómo está la seguridad de jueces y magistrados han tenido problemas con la Unidad de Protección. ¿Mejoró la relación con esa dependencia?
La seguridad de los jueces y magistrados depende de la Unidad de protección. En la rama trabajan 5.422 jueces y magistrados, incluyendo los de restitución de tierras, y el presupuesto anual para vehículos es de 3 mil millones de pesos. Con eso usted no les compra ni una bicicleta a los jueces. Alcanza por ahí para 10 carros blindados. Recurrimos a la Unidad de Protección pero nos peloteo el problema. El tema escaló a Presidencia y hace un mes en la Casa de Nariño el Presidente reunió a los 55 funcionarios de restitución de tierras con la Unidad de Protección, la Unidad de Tierras y el ministerio del Interior y le ordenó a la Unidad de Protección: ‘asuman esa tarea y denle a la justicia los esquemas que necesite’. La orden no se ha cumplido.
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