Para que Colombia ofrezca mejores perspectivas a las nuevas generaciones, se reduzca la desigualdad de oportunidades y se construya una clase media sólida, se requiere una visión diferente de cómo administrar lo público y lo privado. De lo contrario, las circunstancias del mundo condenarán a los colombianos a algo no muy diferente del presente.
Hace ocho décadas, en medio de la Gran Depresión, se entendió la importancia de lo público como mecanismo para combatir ciclos de estancamiento y para asegurar la productividad de la sociedad. El más elocuente vocero de la intervención estatal fue John Maynard Keynes, cuya obra hoy sigue siendo motivo de reflexión. Su divulgador en Colombia fue el economista canadiense Lauchlin Currie, quien entendió la necesidad de conducir la sociedad a través de un tránsito acelerado, de un mundo rural y analfabeta a una sociedad urbana, educada y productiva.
El gobierno de Carlos Lleras impulsó hace medio siglo ajustes de gran magnitud en el ordenamiento público, desde una constitución tecnocrática, que reemplazó la orientación liberal de la constitución lopista de 1936, hasta el establecimiento de institutos técnicos descentralizados. El objetivo era modernizar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. El esquema logró crecimiento económico durante dos décadas, pero con una gran talón de Aquiles: la orientación hacia una economía cerrada no era coherente con las tendencias de la economía mundial, que se había cerrado en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y se abrió de nuevo en forma paulatina a partir de 1945. El modelo llerista, inspirado en la doctrina proteccionista de la Comisión Económica para América Latina, enfrentó problemas recurrentes de falta de divisas para pagar la deuda externa y comprar tecnología. Para obviarlos se decidió en 1988, en el gobierno de Virgilio Barco, abrir la economía colombiana al mundo. Esta determinación se materializó en 1990, en el gobierno de César Gaviria.
La apertura ocurrió en forma casi simultánea con cambios institucionales profundos definidos en la Asamblea Constituyente de 1991, de grandes virtudes propositivas, pero cuyo impacto práctico en la gestión pública ha sido poco conveniente desde la perspectiva económica, pues los procesos que estableció propician la corrupción y el mal uso de recursos escasos. En consecuencia, no se han logrado los objetivos de mejorar la educación y la infraestructura para lograr la inserción exitosa en la economía globalizada. Ha pasado medio siglo desde el gobierno de Lleras Restrepo y un cuarto de siglo desde la apertura, y las principales exportaciones son petróleo, el carbón y el café. El proceso de construcción de un aparato industrial adecuado para las necesidades del siglo veintiuno se ha visto perturbado por fluctuaciones cambiarias, con revaluaciones bruscas en los noventa y en el último lustro, sin fundamento en productividades mejores que las de otros países con nivel de desarrollo similar. Hay circunstancias paradójicas en lo relacionado con la tasa de cambio: como consecuencia de la contracción de la economía entre mediados de 1998 y finales de 1999, y su estancamiento subsiguiente hasta 2003, se produjo la emigración de cientos de miles de personas; hoy los expatriados giran a sus familias del orden de cuatro mil millones de dólares al año, lo que conviene a los beneficiarios pero fija límites a la contratación de deuda externa, con el fin de evitar el robustecimiento infundado de la moneda, que perjudica la producción y la generación de empleo.
La descentralización que buscaba la Constitución de 1991 no se cumplió, sobrevino pobreza y fragilidad social en la Colombia rural
El abandono de la periferia por el gobierno central desde la independencia, con algunos visos de arrepentimiento entre los años treinta y los sesenta del siglo pasado, persiste, pues los propósitos de descentralización que buscaba la Constitución de 1991 no se cumplieron; como consecuencia, la pobreza y la fragilidad social en la Colombia rural son muy elevadas. Este es el escenario perfecto para los cultivos ilícitos y la producción de cocaína para los mercados internacionales.
Entre tanto, la tecnología ha traído grandes cambios en los procesos productivos de bienes y servicios en todo el mundo desde los años 80. La revolución cibernética ha mejorado la calidad de vida pero también ha aumentado la desigualdad. Colombia no es diferente en esta materia: los estamentos altos se benefician más del crecimiento económico que el resto de la sociedad, y legitiman el resultado con el argumento de que los estamentos de menor ingreso han reducido su participación en la población total. Este resultado, como en otros países de Latinoamérica, es consecuencia de políticas fiscales no sostenibles. Por ende, es frágil. En el caso de Colombia, las iniciativas que se plasmaron en el programa Familias en Acción de la administración Pastrana Arango se expandieron de manera masiva durante los dos períodos Uribe, y se han mantenido durante los dos de la administración Santos. La atención de gasto improductivo se apoyó en mayor producción de petróleo y elevados precios del combustible hasta finales de 2014, cuando los precios colapsaron.
La situación fiscal que resulta de la caída de los precios del crudo es compleja. La participación del petróleo y el carbón en las exportaciones totales del país en 2013 fue del orden de 70%. Los ingresos corrientes de la Nación aumentaron 50% entre 2010 y 2014 por cuenta de la bonanza petrolera, lo cual alimentó la ilusión de progreso social, pese a los malos indicadores en calidad de la educación, como evidencia el pobre desempeño del país en las pruebas internacionales PISA, y el limitado avance en la construcción de conocimiento. Además, no se aprovechó el mayor ingreso para transformar la infraestructura de transporte y comunicaciones, elemento indispensable para la inserción efectiva en la economía global.
Los ingresos aumentaron 50% entre 2010 y 2014 por la bonanza petrolera pero no se aprovecharon para transformaciones reales
Los retos de hoy, más allá de políticas fiscales y monetarias, se deben abordar, pero tienen costos. Así, la instauración de una política rural razonable requiere más de nueve billones de pesos anuales, según se puede inferir del informe de la Misión Rural, o cinco por ciento del presupuesto del gobierno central. No es fácil atender un requerimiento adicional de este orden, pues el grueso del presupuesto se canaliza a pagos de educación, salud, seguridad, justicia y atención de pasivos pensionales a cargo del Estado, y no hay mucho margen para reducirlos. Además administrar lo público se ha vuelto muy difícil por la deficiente calidad de la gestión en todos los órdenes, nacional, departamental y municipal, consecuencia del diseño inadecuado del Estado, por las reglas que limitan la planificación pública a los cuatro años de cada mandato, lo cual es inadecuado a todas luces, y por la interferencia de los políticos profesionales, cuyo apoyo al gobierno de turno se sujeta a la entrega de contraprestaciones, sin asumir responsabilidad alguna por la ejecución de las tareas. Para completar el conjunto de elementos adversos de importancia, el narcotráfico ha erosionado la ética de convivencia.
Viene una época de estrechez en la hacienda pública porque la economía petrolera no ofrece perspectivas de mejoras sustanciales en el precio. La industria manufacturera ha crecido como consecuencia de la variación brusca de la tasa de cambio futuro ocurrida durante 2015, que impulsó la sustitución de importaciones de productos de consumo masivo, pero la hipótesis de que la economía nacional no va a sufrir perturbaciones significativas con el cambio de circunstancia en las finanzas públicas no tiene fundamento. Así, las primeras cifras divulgadas sobre presupuesto probable en 2017 apuntan a un crecimiento nominal inferior a la inflación de 2016.
Hay luces de esperanza. Está clara la necesidad de que toda la población se vincule al necesario proceso educativo durante todo el ciclo vital, desde la concepción hasta la muerte. Es evidente que la desigualdad actual es intolerable. No cabe duda de que la población, en general, no quiere más violencia; quiere paz. Un acuerdo con la guerrilla de las FARC no va a producir resultados mágicos, pero puede ser la oportunidad para revisar de manera ordenada los problemas y oportunidades que enfrenta el país en el siglo actual, en el cual será inevitable participar en la búsqueda de soluciones sostenibles para la humanidad entera desde la perspectiva económica, pero también desde lo social y lo ambiental. La productividad de Colombia hoy es muy baja, del orden de diez dólares por hora formal trabajada, o un sexto de la de EEUU, pero el país también tiene disposición a jornadas de trabajo largas, de manera que, en promedio, las horas trabajadas por año exceden 2200, o 400 más que EEUU. Las circunstancias son, pues, propicias para grandes mejoras. Existen las capacidades necesarias para lograr avances enormes en productividad de manera muy rápida si se adopta un esquema de gestión para ese propósito, y conseguirlos sería la manera de lograr la cacareada prosperidad.
La revisión del ordenamiento público debe ser completa; debe asignar responsabilidad a los políticos profesionales y producir partidos de verdad, justicia efectiva y, controles modernos. Debe respetar la autonomía regional para las estrategias de desarrollo e incorporar planificación con horizonte de largo plazo. El sector privado debe, por su parte, mirar al mundo con ambición y método, pero también con sujeción a normas estrictas de conducta, e impulsar la construcción de conocimiento en la provisión de bienes y servicios. Enfrentar la realidad y enderezar la gestión es tarea épica, pero mucho más fácil que convivir con esquemas insostenibles. Los directivos de Colombia, públicos y privados, tienen la palabra.
