Gobierno, víctimas, empresarios, universidades, iglesia, partidos, juntas de Acción Comunal, organizaciones de la Sociedad Civil, rtistas. Así es la cosa. De allí el carácter estratégico del Pacto Político Nacional propuesto en el Punto 3.4 del Acuerdo del 23 de Junio. Este es el camino para “hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo, que irrumpan en la vida de los colombianos vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad.”
El cese de fuego bilateral y definitivo, el desmonte del paramilitarismo, las garantías de seguridad y de No Repetición, la definición de Zonas Veredales transitorias de normalización para la dejación de las armas y la puesta en marcha de la Comisión Tripartita de verificación, ONU-Gobierno-FARC, acercan la firma del Acuerdo Final.
Pero quedan temas pendientes de gran calado, como las Leyes de amnistía e indulto; los mecanismos para la creación de la Comisión de la Verdad y del Tribunal Especial de Paz. Esperamos que avance la Reforma Política y Electoral, para resolver el problema de la corrupción y del fraude en el sistema electoral.
El Gobierno y el ELN deben de hacer todo lo posible para “descongelar” el diálogo. Hay que manejar el criterio de una paz completa. Nada nos ganamos con una paz andando en muletas aunque el acuerdo con las Farc sea trascendental.
Hace falta barrer con la doctrina del “Enemigo interno”, que no es otra cosa que la justificación para la defensa de la gran propiedad privada, “amenazada” por el fantasma del “Castro-Chavismo” y de la “entrega del país a las Farc”.
Con esta doctrina se ha justificado el paramilitarismo, la guerra, la represión, la judicialización de la legítima protesta popular, la criminalización y asesinato de muchos líderes populares, como acaba de ocurrir con el paro camionero en Boyacá. Hay que desmontar el orden contrainsurgente que justifica la violencia y la corrupción. Por todo lo anterior la consigna del momento es SÍ a la Paz. No queda otro camino para los sectores democráticos.
Aunque el Gobierno utilice la Paz para implementar el neoliberalismo, es decir, para incrementar las privatizaciones que atentan contra la soberanía como en el caso de ISAGEN y de ETB, y la que viene en camino de ECOPETROL; los servicios públicos y las telecomunicaciones; el agua y la recolección de basuras; la salud y la educación; la explotación de la fuerza del trabajo con un salario mínimo irrisorio que no da ni para cubrir la canasta familiar; con un trabajo precarizado y tercerizado; con un 50% de trabajo informal; con una Reforma Tributaria que va a favorecer a los grandes conglomerados económicos y a castigar a los sectores medios y pobres de la población.
Aunque el Gobierno utilice la Paz para la implementación del neoliberalismo, los sectores mayoritarios de la población necesitan la Paz para poder tener un espacio que les permita defender sus derechos sin el temor de la guerra. El derecho a la paz, el derecho a la vida, el derecho a la participación política, el derecho a la soberanía alimentaria y a disfrutar de los recursos naturales, el derecho a las Zonas de Reserva Campesinas, el derecho a la contratación colectiva, a la organización sindical y a la estabilidad laboral; el derecho al arte y la cultura; el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Recibimos la decisión de la Corte Constitucional avalando el Plebiscito como mecanismo de refrendación, con renovada esperanza y profunda fe en el futuro de las nuevas generaciones.
Por eso tenemos derecho a soñar con la Paz.
