A pesar de que con la reforma a la ley de regalías se logró una distribución más equitativa del dinero proveniente de la explotación de recursos no renovables, esta inversión no ha tenido mayor impacto en la reducción de la pobreza, al menos en el Caribe colombiano.
Así lo concluye un estudio del Observatorio del Caribe, que analiza a profundidad el impacto de las regalías sobre la reducción de la pobreza en esta región.
La equidad, entendida como una distribución de ingresos más justa para que los recursos de regalías lleguen a los más pobres, es una de las palabras que respalda el nuevo sistema de regalías. En la ley, que ya lleva dos años de aplicación, se habla por todos lados de ataque a la pobreza: los fondos de compensación y de desarrollo regional, en el papel, destinan la mayor parte de sus recaudos a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, “aunque los dineros están disponibles potencialmente para lograr un impacto radical sobre la pobreza, el resultado es modesto”, señalan los investigadores Lina Moyano y Philip Wright en el estudio publicado el pasado mes de marzo.
Poco impacto
De acuerdo con el estudio, de los 1.617 proyectos financiados con recursos de regalías en la región Caribe, 514 fueron obras para mejoramiento de infraestructura de transporte y 312 son iniciativas diseñadas para reducir la pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas.
Estos proyectos para mejorar la calidad de vida de la población en condición de pobreza utilizaron el 19.6 por ciento de los recursos de regalías invertidos en esta región del país.
La subregión del San Jorge, que en el pasado no logró reducir ostensiblemente los índices de pobreza pese a que con el anterior sistema de distribución de regalías era una de las zonas del país más beneficiadas con los recursos provenientes de la explotación de ferroníquel, en la actualidad sus gobiernos locales no le están apuntando a erradicar la pobreza.
En los ochos municipios de la subregión, entre 2012 y 2014, fueron aprobados 80 proyectos con recursos de regalías, de los cuales 36 fueron para la construcción de pavimento en zonas urbanas y el mejoramiento de vías rurales. En estas iniciativas de infraestructura vial en el San Jorge fueron invertidos 61 mil 120 millones, es decir un 47.7 por ciento de toda la plata se concentró en el sector de transporte; este porcentaje está muy por encima del promedio nacional en este sector que llega al 30 por ciento.
Sólo ocho iniciativas aprobadas en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD Municipales-, han buscado un impacto directo e inmediato sobre la pobreza. Entre estos proyectos se destacan la construcción de un pozo profundo y obras complementarias para el micro-acueducto del corregimiento Playa Blanca de Ayapel, la construcción de la primera etapa de la urbanización el Camino Correcto en Montelíbano y los aportes para la prestación del servicio de transporte terrestre especial para estudiantes de la zona rural de Pueblo Nuevo.
La inversión hecha en proyectos que ofrecen tener un impacto directo sobre la pobreza apenas llega a los 16 mil 649 millones de pesos. Entre 2013 y 2014, en los ocho municipios del San Jorge han sido invertidos 128 mil 83 millones de pesos de regalías.
Sin inversión
Mientras que la mayor parte de la inversión de las regalías se hacen en obras de infraestructura, sectores que podrían tener un mayor impacto directo sobre la pobreza, como por ejemplo los proyectos de agricultura e inclusión social, no tienen participaciones en el San Jorge.
Para Wright, si bien es necesaria la inversión en carreteras, no se debe perder de vista que “el problema de la pobreza es mucho más grave y las obras de infraestructura no tienen un efecto sobre este”.
Distribución directa
Los investigadores del Observatorio del Caribe proponen utilizar una mayor parte de las regalías destinadas al Fondo de Compensación Regional para distribuir entre los hogares, a través del programa Familias en Acción.
Este tipo de soluciones, dicen Moyano y Wright, sí podrían tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza y no tendrían necesariamente que reducirse la inversión en obras de infraestructura para mejorar la competitividad.
