El 21 de mayo de 2015, Carlos Fernando Galán presentó renuncia formal a la presidencia del partido Cambio Radical. Los motivos fueron claros y expresados de su parte: Luis Pérez y Oneida Pinto serían avalados por su partido, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo. El primero, entonces precandidato a la gobernación de Antioquia, había sido objeto de acusaciones por el manejo de los dineros públicos en su paso por la alcaldía de Medellín. Por su parte, Pinto, quien aspiraba a la gobernación de La Guajira, era duramente cuestionada por sus cercanías con Juan Francisco “Kiko” Gómez, razones suficientes para que Galán abandonara la dirección de la colectividad que presidía desde finales de 2013.
Un mes después, el 25 de junio de 2015, a pesar del revuelo mediático que causó la polémica renuncia, no ocurrió absolutamente nada. Oneida Pinto se inscribía ante la Registraduría como candidata a la Gobernación, con el aval de Cambio Radical y el apoyo de la maquinaria política de “Los Char”, encabezada por Alex y Arturo, ambos, en ese momento, candidatos por ese partido.
Solo transcurrieron semanas para que se presentara ante el Consejo Nacional Electoral, solicitud de revocatoria a la inscripción de Oneida a la gobernación. Dicha solicitud fue presentada por María Eugenia Serrano Quintero, bajo el argumento que Pinto Pérez transgredía los artículos 38 numeral 7 y 39 de la Ley 617 de 2000, en la medida que conllevaba una prohibición -incompatibilidad que se tornó en inhabilidad- para inscribirse como candidata a cualquier cargo de elección popular -y dentro de estos al de gobernadora -durante el período para el cual fue elegida, y 24 meses más.
A pesar de las denuncias y el “run run” que había en todo el departamento sobre la supuesta inhabilidad de la candidata a la Gobernación, su partido la apoyó, el aval se mantuvo, y la campaña continuó.
Cuatro meses después, el 26 de octubre, ya se sabía que el partido Cambio Radical había ganado la Gobernación de la Guajira, con más de ciento ochenta mil votos, que significaban el 65.4% de los votantes, poderío político indiscutible que atenuaba cualquier tipo de crítica que se lanzara.
Sólo bastaron seis meses y siete días de gobierno, en los cuales la entonces gobernadora ejercía su cargo, y lidiaba la batalla jurídica por permanecer en su cargo. Sin embargo, el 7 de junio, el Consejo de Estado decidió tumbar su elección por haber violado el régimen de inhabilidades. Así mismo, el alto tribunal envió un fuerte mensaje a todos aquellos que siendo elegidos por voto popular, planeen dejar a medio camino sus puestos para aspirar a otros puestos también de elección popular, cerrándole la oportunidad a lo que se ha llamado “la puerta giratoria electoral”.
En últimas ocurrió lo vaticinado, más temprano que tarde: el departamento de La Guajira quedó acéfalo, sin timonel, con los problemas de hambre, sed y falta de institucionalidad que lo aquejan.
Eso no es todo. En el año 2011, el partido, a pesar de los cuestionamientos, también le dio el aval a Juan Francisco Gómez Cerchar, quien fue destituido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación, entidad que lo encontró responsable de varios cargos por incumplimiento de la Ley de Contratación Estatal.
La destitución de Gómez Cerchar provocó que se convocaran elecciones atípicas dentro del departamento, las cuales se llevaron a cabo el 1 de junio de 2014, y para las que se necesitó ejecutar 3 contratos (Contratos No. 85, 86 y 87 de 2014), suscritos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los cuales permitieron ejecución de la actividad electoral, y sumados su valor, ascendían a un total de $4.970.494.192 pesos.
Es decir, que si se hace una proyección a la ligera, estableciendo el mismo precio para las próximas elecciones atípicas de este año, sumadas al costo de las atípicas de 2014, serán casi 10 mil millones de pesos que se habrán invertido en tarjetones y no en la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas de nuestra población.
En Colombia, la Ley 1475 de 2011 reguló la organización de los partidos y movimientos políticos y estableció dentro de su régimen de faltas, la siguiente:
“ARTÍCULO 10. FALTAS. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:
- Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad… […]”
Además de ello, en esa misma legislación se contempla que aquellos partidos que no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales faltas, o cuando no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción, pueden acarrear las siguientes consecuencias:
a) Suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se cometan las faltas
b) Cancelación de su personería jurídica. Esto dependiendo de la gravedad o la reiteración de faltas.
A pesar de todo el collar de desaciertos por los que ha pasado el departamento, el partido Cambio Radical y sus barones electorales, han seguido triunfando políticamente en nuestra tierra, tanto es así que el hoy el Gobernador (E) Jorge Enrique Vélez también pertenece a dicha colectividad.
¿Habrá castigo político y disciplinario para dicho partido?
@AndresFuentesL_
