En días pasados, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, inhabilitó por 12 meses al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por haber firmado, durante su administración, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin aprobación del Concejo de Bogotá.
Sobre si el Procurador está o no en las facultades legales para llevar a cabo dicha inhabilidad, no hay consenso. Por un lado está el artículo 227 de la Constitución Política que faculta al burgomaestre para “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley” y que más adelante reza que, para el cumplimiento de sus funciones “tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las accione que considere necesarias”. Por ahí, puede.
Pero por,otro lado, se encuentra el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe a los estados miembros restringir los derechos políticos por medio de acciones administrativas, facultando únicamente a los jueces para dicha función, y que, según el Artículo 93 de la misma Constitución que en un principio – al parecer – facultaba al jefe del Ministerio Público para llevar a cabo tales sanciones. Dicha directriz prevalece en el orden interno a razón de su condición de convención internacional. En otras palabras, se encuentra a nivel constitucional.
Si bien me inclino (más por razones de ideología democrática que jurídicas) a la tesis de que Ordóñez no debería poder inhabilitar a Petro, la discusión aquí no debe girar entorno a sobre si fue o no inhabilitado legalmente, sino más bien, legítimamente.
No es la primera vez que el procurador lleva a cabo una hazaña de estas contra Gustavo Petro. En el 2013, Petro se convirtió en el primer alcalde de la capital en ser destituido por la Procuraduría.
Para nadie es un secreto que el cielo es azul y que a Ordóñez no es afín con los lineamientos políticos de Petro. Hasta ahí es respetable. Todos, absolutamente todos los miembros de un Estado Social de Derecho estamos en la capacidad de pensar lo que queramos, ya sea en temas de religión, política, sexualidad, o cualquier otro.
No obstante, existen ciertas limitaciones creadas precisamente para garantizar la integridad de dicho estado de derecho: como los miembros de la Fuerza Pública no pueden votar (por eso de que tienen que ser objetivos y “fieles” al gobierno de turno), los funcionarios públicos, especialmente aquellos encargados de velar por los derechos de la población (como lo es el Procurador General) se han de mantener al margen de sus inclinaciones políticas, con el fin de que ello no interfiera en sus funciones.
Pero bueno, dirán algunos, Petro no estaba facultado para decretar el POT, para eso está el Concejo distrital, ¿no?
En la práctica, ni tan cierto. El 28 de julio de 2000 y el 23 de diciembre de 2003, los Alcaldes Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y Antanas Mockus sancionaron – respectivamente- vía decreto el POT que regiría para su mandato en la ciudad capital. Entonces, eso de que Petro es el primero que lo hace no es aceptable.
Entonces, ¿inhabilidad por llevar a cabo un acto ilícito, o porque seguramente en el 2018 va a ser una competencia dura de vencer?
Seguramente yo no votaré por Petro para la presidencia dentro de dos años, pero de algo que sí estoy seguro, es que si pretendemos llamarnos Estado Social de Derecho tenemos que garantizar los derechos políticos de todos aquellos, que en teoría, los poseen (mayores de edad, no miembros de la Fuerza Pública, ni sancionados por la ley para ejercer dichas facultades). Y que si quieren, se lancen a la presidencia, ya sea Petro, o el mismísimo Ordóñez, a quien espero, si es que se lanza, sea derrotado por la democracia y no por otro tirano que, a razón de sus ideales, le impida hacerlo.
