La Minga, convocada a partir del 30 de mayo, por la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular, avanza en medio de suspensión del tránsito automotor en el sur del país y enfrentamientos de campesinos e indígenas con policías del ESMAD, que intentan desbloquear la vía Panamericana y otras carreteras de diferentes regiones de Colombia. En La María, Piendamó, se concentran las negociaciones, con los representantes del alto gobierno, después del asesinato de un comunero en el Valle y dos en Caldono, Cauca.
Mientras los diálogos de directivos de La Minga y representantes del Gobierno encabezados por el ministro del Interior, José Fernando Cristo, entraron en la ‘nevera’ durante el ‘puente Emiliani’, se conoció que, a La Habana, a partir del 10 de junio, fueron invitados delegados de organizaciones indígenas, afrocolombianas y del pueblo Rom, entre otros grupos étnicos, para discutir con delegados del Gobierno nacional y las FARC, sobre sus visiones y propuestas acerca de la sociedad colombiana, sus comunidades rurales y territorios.
“Desde el Cauca reclamamos el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Cumbre Agraria y con cada uno de los procesos nacionales que la componen y, de manera particular, de los cientos de acuerdos incumplidos con las organizaciones sociales de nuestro departamento”, reza un comunicado público difundido por los organizadores de La Minga, en el que se resume la historia de las relaciones de los campesinos colombianos con sucesivos gobiernos nacionales, que frente a sus demandas y reivindicaciones exigidas en medio de paros, grandes movilizaciones y bloqueos a las vías, alegre e irresponsablemente, se han limitado a firmar acuerdos sin asegurar la planeación y recursos para cumplirlos y más con la intención inmediata de desmovilizar a campesinos, indígenas y comunidades afros movilizadas.
Lo destacado de la actual movilización campesina, es la integración en el Cauca, de movimientos que hasta hace poco tiempo marchaban por su lado como: El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el Coordinador Nacional Agrario CNA Cauca, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, Proceso de unidad popular del Suroccidente PUPSOC, y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC , quienes “…hemos venido construyendo en nuestro departamento unidad en la lucha contra la política minero-energética, la protección de los ecosistemas estratégicos, el reconocimiento cultural del campesinado y el rescate de la economía propia y popular, unido ello a la exigibilidad de cumplimiento de acuerdos firmados con campesinos, indígenas afrocolombianos y sectores urbanos, la mayoría de los cuales no han tenido desarrollos, constituyéndose en una deuda del Estado colombiano con el departamento del Cauca”.
Mientras miles de conductores de vehículos particulares, de carga y de pasajeros sufren la incomodidad de no poder viajar a sus destinos y diversos gremios de productores y empresarios solicitan la pronta solución del conflicto para no aumentar sus pérdidas económicas, en Popayán, el viernes 3 de junio, se movilizaron los educadores de Asoinca, solidarizándose con La Minga y exigiendo que el gobierno nacional les entregue el manejo de la Salud. También se vincularon al Paro, el gremio de pequeños transportadores que inmovilizaron sus vehículos solicitando rebajas en los precios de combustibles y hasta que se pongan de acuerdo los negociadores de La Minga.
Sin duda que la política agraria del país, tendrá que dar un vuelco radical ante el actual panorama de movilización de los sectores más desprotegidos del campo colombiano, la definición de las Zonas de Reserva Campesina, el territorio de las comunidades indígenas y afros, y las Zidres que abren las puertas a grandes propietarios y empresarios agroindustriales en la altillanura del oriente del país, la delimitación y preservación de parques Nacionales y reservas amenazadas por la tala acelerada, tráfico de fauna y flora, minería ilegal, megaproyectos mineros y de obras públicas, los cultivos de coca y otras yerbas y la acción de guerrillas y bandas criminales en sus inhóspitos territorios.
Teniendo en cuenta que el sector campesino colombiano ha sido afectado por los numerosos Tratados de Libre Comercio, TLCs, firmados por el gobierno con países que subsidian a sus productores agropecuarios y las comunidades indígenas y afros han sido damnificadas de la acción depredadora y violenta de su territorio por parte del gran capital, mineros ilegales, guerrillas, y paramilitares o bandas criminales, las reuniones con los negociadores de La Habana programadas para este mes, son un paso adelante en la búsqueda de salidas consensuadas a la crisis del sector rural y agrícola colombiano y de sus habitantes.
Por lo pronto, mientras los campesinos movilizados aprovechan para acumular fuerzas, esperamos que los acuerdos a que lleguen sus dirigentes con el gobierno nacional se concreten pronto y no sean otro rosario de promesas irrealizables e incumplidas.
