Una publicación aparecida en el Comité Ambiental por la Defensa de La Vida, denuncia el envío de una carta por parte de la Agencia Nacional de Minería, a los alcaldes de los municipios donde se han o se piensan otorgar títulos mineros. La misiva desconoce el mandato de la Corte Constitucional en relación al proceso de concertación con los entes territoriales y les notifica el inicio de procesos de titulación minera en sus respectivas jurisdicciones.
La carta, según la mencionada publicación, señala que “les obliga a presentar estudios técnicos y científicos en un plazo de 30 días, con el aparente objetivo de cumplir con la concertación que exige la sentencia de la Corte Constitucional C-123/2014”.
Lo anterior significa que ninguno de los municipios del Caquetá está en capacidad de asumir los gastos que un estudio de esta naturaleza requiere y mucho menos en un plazo de 30 días, con lo cual el gobierno nacional busca sacar de taquito a los alcaldes en la concertación obligatoria que tiene que hacer el gobierno nacional, para la aprobación de licencias de exploración y explotación en sus territorios.
La misiva está en contravía con el último fallo de La Corte Constitucional, fallo que convierte a los entes territoriales en actores de primera línea en las decisiones de adjudicación de contratos mineros, decisión por demás justa que acaba de una vez por todas con el centralismo dictatorial del gobierno nacional en esa materia.
Ese fallo establece que… “el procedimiento ordinario de titulación minera previsto en el Código de Minas, ya no tiene aplicación de la forma como está allí concebido, por cuanto la Corte Constitucional introdujo unos nuevos actores y un nuevo requisito indispensable para que se haga efectivo el otorgamiento de títulos mineros, cuales son los municipios donde pretenden llevarse a cabo las actividades de exploración y explotación minera y a que se acuerde con ellos las “medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”.Texto y subrayado de Rodrigo Negrete Montes y Luis Alfonso Pardo B.
Lo anterior significa, si no nos equivocamos en nuestras apreciaciones, que el gobierno nacional en su afán de obtener recursos con su cacareada locomotora minero energética, no está dispuesto a cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional y por el contrario, continúa con sus ideas centralistas y su dictadura extractiva, valiéndose de argucias, como la mencionada carta a los alcaldes, con el fin de desconocer la autonomía territorial que en buena hora y sabiamente les devolvió La Corte Constitucional.
