El combate de la pesca ilegal a nivel mundial está a punto de dar un giro fuerte y positivo. El próximo 5 de junio entrará a regir el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Acuerdo MERP o PSMA por sus siglas en inglés), el primer tratado internacional destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
La Fundación MarViva celebra que el Acuerdo MERP haya sido ratificado por 30 países, los cuales formalizaron su adhesión al depositar el instrumento ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que promueve el tratado. Con estas adhesiones se ha cumplido el requisito de que un mínimo de 25 países lo aceptaran para entrar en vigor.
Entre los países firmantes están Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Uruguay. El MERP es un avance contundente para combatir el mayor flagelo que sufre el recurso pesquero y la sostenibilidad de nuestros mares: la pesca ilegal. Se estima que el 50% de las capturas mundiales de pescado provienen de prácticas ilícitas. Representan hasta 26 millones de toneladas anuales, con un valor de pérdidas tributarias para los Estados que alcanza los 23 mil millones de dólares.
El instrumento internacional es inédito y promueve una dinámica distinta e innovadora. Busca fortalecer los procedimientos en puertos, durante la inspección de las embarcaciones extranjeras, que arriban a desembarcar el producto.
El acuerdo es una herramienta eficaz, que tienen los Estados para combatir estas prácticas ilícitas. “Con la entrada en vigor del tratado y siendo firmantes grandes mercados de producto pesquero como la Unión Europea y los Estados Unidos, esperamos que se sumen más países de la región. Así nuestra zona y los puertos latinoamericanos construirán un frente unido contra la pesca ilegal”, afirmó Viviana Gutiérrez, Gerente Regional de Incidencia Política de MarViva.
El objetivo de MERP es evitar descargas de pescado obtenido de forma ilícita. La FAO destacó que el Acuerdo es un elemento disuasorio muy eficaz – y económico –, al frenar la comercialización del producto ilícito. “Este es el comienzo de una nueva era en la lucha contra la pesca ilegal. Al negar a los pescadores sin escrúpulos un puerto seguro y acceso a los mercados, el PSMA conducirá a toda la industria pesquera hacia una mayor sostenibilidad y tendrá un importante efecto dominó a lo largo de toda la cadena de distribución”, aseguró el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, en un comunicado del organismo.
En Colombia las autoridades muestran interés por mejorar el combate a la pesca ilegal. Recientemente se radicó en el Congreso un Proyecto de Ley con ese fin y se oficializó el nuevo protocolo de inspección pesquera, elaborado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP con apoyo financiero de MarViva.
Según informó la FAO ya suscribieron el Acuerdo MERP Australia, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, la Unión Europea – que firmó como un todo –, Gabón, Guinea-Bisáu, Guyana, Islandia, Mauricio, Mozambique, Birmania, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Palaos, Corea del Sur, San Cristóbal y Nieves, las Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tonga, los Estados Unidos, Uruguay y Vanuatu.
Más herramientas para las autoridades
Las Medidas del Estado Rector del Puerto se refieren a un procedimiento que los países están obligados a seguir al pie de la letra, con el objetivo de detectar la pesca INDNR cuando los barcos llegan a puerto. Los países firmantes del tratado deben designar puertos específicos para los desembarcos extranjeros, lo que facilitará los controles. Dichos buques pesqueros deben solicitar permiso con antelación para entrar en los puertos y entregar información a las autoridades locales. “También deben permitir la inspección de su libro de registro, licencias, artes de pesca y la carga real”, señaló la FAO.
El Acuerdo MERP exhorta a los países a negar la entrada a puerto e inspeccionar embarcaciones sospechosas de actos de pesca ilegal. Igualmente insta a los Estados a compartir la información a nivel regional y mundial, sobre barcos y actos ilícitos. “Es preciso que los esfuerzos sean regionales y que exista una coordinación entre las instituciones pesqueras, en donde se generen mecanismos de comunicación y registros de fácil acceso que indiquen cuáles son las embarcaciones a las que no se les debería permitir la entrada al puerto por sus conductas ilegales”, agregó Gutiérrez. MarViva, a través del Proyecto Puertos y con financiamiento de Oceans 5, ha trabajado en los últimos tres años de la mano de las autoridades pesqueras de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y en el impulso para la adopción del Acuerdo MERP.
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