Consigue más EE. UU. retirando visas a funcionarios venezolanos, que la OEA haciéndose la interesada en "activar" la Carta democrática en ese país. ¡Qué rogadera con esta gente de la OEA!
Cualquiera pensaría que "activar" la Carta implicaría la adopción de medidas drásticas de protección de los derechos humanos, de respeto a la institucionalidad, de blindaje al sector empresarial y de prevención de atropellos binacionales; pero nada: si se “activa” la Carta sería simplemente para suspender la presencia del gobierno venezolano en las instancias y salones oficiales de la OEA. ¡Gran cosa prohibir a los burócratas de Maduro disfrutar de cocteles y salones palaciegos en Washington!
Pero ese instrumento, el de “activar” la Carta, para quienes le guardan fe, tiene otro contratiempo: sería necesario verificar la "ruptura del proceso político institucional democrático". Algo que parece imposible según la galantería jurídica interamericana.
Digamos por hacer el ejercicio que no es cierto que en Venezuela se han cerrado cerca de 8.000 empresas en los últimos 20 años, como lo dice Conindustria, la principal organización gremial industrial de ese país; o que ninguna relación tiene con la ruptura institucional el hecho de que las aerolíneas internacionales hubieran reducido sus frecuencias en un 60 % en los últimos dos años; digamos que nos excedemos en suspicacia al interpretar por qué los proveedores de televisión, internet y telefonía fija disminuyeron su oferta en Venezuela; y digamos que la gente es exagerada al insinuar que Venezuela se queda sin servicio de llamadas internacionales al extranjero porque hay una decisión oficial de aislar a ese país deliberadamente. Concedamos pues que no hay en ello una ruptura del proceso institucional democrático.
Tampoco digamos que constituye amenaza para la democracia
la inflación, las colas en los supermercados,
la escasez de alimentos o las penurias con las medicinas
Tampoco digamos que constituye amenaza para la democracia la inflación (el precio del jamón, p.e., se incrementó en 256 % en ocho meses), las colas en los supermercados, la escasez de alimentos o las penurias con las medicinas; ni que la democracia esté en peligro ante los cierres de frontera; tampoco que líderes sociales se estén pudriendo en la cárcel, como el caso de Antonio Ledezma, que lleva enjaulado 15 meses, o Leopoldo López a quien le fabricaron un juicio y lo condenaron a 13 años de prisión; no digamos que constituyen amenaza a la democracia las retenciones de periodistas; ni tampoco, que es una ofensa a la institucionalidad el hecho de que Nicolás Maduro hubiere decretado el estado de excepción, para ordenar la toma de “las fábricas que estén paralizadas y poner presos a los empresarios (dueños).” Eso no cuenta como ruptura, consintamos en ello en gracia de discusión.
Y el hecho de que los nuevos ricos venezolanos se paseen de compras por Miami, frente a los exiliados, no aplica; como tampoco aplican sus escandalosos “elefantes rojos” de infraestructura, ni el cacareado primer tren bala latinoamericano, con tecnología china, que llevaría progreso a zonas rurales. Nada de eso es ruptura ni amerita que la comunidad internacional se espeluque.
Pero permítame el lector considerar que si al gobierno de Venezuela se le da por enviar un avión a Buenos Aires, como sucedió en 2007, cargado con 800.000 dólares en efectivo, con destino a la campaña de Cristina Fernández, algo de eso tendría que relacionarse con el desequilibrio de la institucionalidad venezolana, y también de la interamericana; y que si Rafael Isea, exministro de Hugo Chávez, reconoció que el desaparecido presidente venezolano aprobó siete millones de euros para crear en España «fuerzas políticas y movimientos sociales” —llámese “financiar a Podemos”—, pues algo tendrá que ver ese episodio no ya con desestabilizar a América sino también a Europa.
Y supongamos, también en gracia de discusión que financiar movimientos políticos en el extranjero no le quita el hipo a la OEA. Pues bien, concédanme que siete sentencias del Tribunal Constitucional de Venezuela dictadas desde diciembre de 2015, siete, han limitado las facultades de la Asamblea Nacional y han declarado la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por el poder legislativo. ¿No estaríamos hablando allí de una ruptura de la institucionalidad?
De otro lado, Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de Venezuela acaba de decir: "Aquí Maduro no va a salir por referéndum (...) Porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude". ¿No les parece, apreciados lectores, que estas declaraciones aplicarían para certificar la "ruptura del proceso político institucional democrático"?
El pueblo venezolano ha puesto todo de su parte, y aún en el marco de una Constitución impuesta y adversa, obtuvo la mayoría parlamentaria en las urnas, contra una organización electoral controlada por el ejecutivo. Ese esfuerzo está siendo aplastado por los chavistas. ¿Qué más quiere la OEA?
Al final, debo ser sincero con los lectores: me preocupa que a Venezuela se le demore tanto la “activación” de la Carta de la OEA. Pero no es sólo por el aprecio que le tenemos a nuestros hermanos venezolanos; es también porque al convertir en constituyente una reunión confidencial en Cuba, tal vez los colombianos vayamos a necesitar un día de estos que nos “activen” también a nosotros la famosa Carta democrática.
Pobre Venezuela: ¡tan lejos de Dios y tan cerca de la OEA!
