En septiembre de 2013 realicé un debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde denuncié varios casos de acumulación de tierras baldías que, como se sabe, tienen como destino los campesinos pobres. Una de mis investigaciones relacionó al señor Pablo Valencia Iragorri, primo hermano del ministro de agricultura, Aurelio Iragorri Valencia; al señor Camilo Casas Ortiz, alto directivo de la clínica El Country de Bogotá, y al señor Juan Carlos Matiz Salazar, representante legal de Laboratorio Erma, también de Bogotá.
Compraron los predios porque, en voz de uno de ellos, se enamoraron del paisaje sobrevolando en su avioneta particular y haciendo brigadas médicas les pareció hermosa la ribera del río Elbita en Vichada. Pero en el debate explicamos que la compra no fue tal: no pagaron un peso, pues la tierra les fue adjudicada por INCORA en 1996 con resoluciones sucesivas. A estos tres, a quienes llamé “campesinos aviones”, el Estado colombiano les había titulado nada más y nada menos que 3.600 hectáreas.
Posterior a las denuncias, cayeron dardos sobre mí y hasta contempló la familia Iragorri denunciarme penalmente por calumnia. Lo único que yo reclamaba, y no a nombre propio, sino en representación de los campesinos y de la ciudadanía en general (pues los baldíos son un activo de la nación) era algo sencillo: devuelvan las tierras del Estado que de manera irregular acumularon, y que deberían servir para campesinos que las merecen. No ha ocurrido a la fecha, de hecho el cinismo parece ser la respuesta a las denuncias.
Dos años después, el Representante a la Cámara del Polo Democrático Alirio Uribe Muñoz, develó que este y otros casos se estaban encubriendo bajo el manto de la filantropía ecológica de los acumuladores de tierras, haciendo un uso abusivo de la figura de Reservas Naturales de la Sociedad Civil que contempla la Ley 99 de 1993. En efecto, en menos de 5 meses posterior a mis denuncias, estos tres adjudicatarios ilegales de tierras baldías, hicieron trámites ante la autoridad ambiental (Parques Nacionales) para que los tres predios fueran convertidos en Reservas Naturales de la Sociedad Civil como consta en autos proferidos por esta entidad (ver autos).
Tal maniobra pretende blindar con una figura jurídica ambiental, la adjudicación ilegal de estos predios, así como su traspaso y acumulación por parte de 4 empresas pertenecientes a los “campesinos aviones”: Agro Elbita SAS, Cabriolet Ltda., Mercantil Galerazamba Ltda y Proyectos Vichada SAS. Sin embargo, esta falsa filantropía contiene también otros venenos. Resulta que esta figura no constituye la simple cesión de un espacio privado a la protección de la fauna y el medio ambiente, sino que también da lugar a descuentos y exenciones tributarias y, ¡mucha atención! además da cabida a una especie de consulta previa al sector privado similar a la prevista para las comunidades indígenas. Todo esto fue denunciado en su momento por el congresista Alirio Uribe Muñoz.
En mis debates en el Congreso había explicado dos detalles adicionales que me permito recordar. Uno: de la empresa mercantil Galerazamba Ltda es socio el señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del banquero y de lejos el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y dos: de la empresa Proyectos Vichada SAS, funge como representante legal el señor Camilo Steuer Gutiérrez (quien también figura en otras empresas). Pues bien, este otro “campesino avión” aparece referenciado en las investigaciones de la denominada Lista Falciani, que relaciona presuntos evasores fiscales a nivel internacional .
Mi queja era realmente la de muchos colombianos que escuchan cómo ante cada nueva revelación de los “Papeles de Panamá”, que dibuja de cuerpo entero a la élite de siempre, un sector del establecimiento la abraza para defenderla y la rodea y hasta riposta airado.
En estas iba, a interrogarle a los Iragorris y Sarmientos cómo es que aparecen sus representantes legales en los papeles de Panamá, y a preguntarle a esas élites por las mafias, todo por la meridiana transparencia, cuando me encontré con el hallazgo que me macera: Clara López Obregón aparecería relacionada en los papeles de Panamá, como “secretario” y “Director” (sic) en la sociedad “NOVA TRADING COMPANY”, junto con los nombres de Juan Felipe de la Iglesia Abad y Mauricio López Obregón.
Y entonces debo reiterar y ampliar la pregunta que traía: cómo es que aparece Clara López Obregón en los papeles de Panamá. Todo por la meridiana claridad.
