En la Biblioteca Municipal “Jorge Eliécer Gaitán”, el 16 de abril, el exministro de Salud y Director de Indepaz, Camilo González Posso, evocó sus años de infancia en Santander de Quilichao, cuando dolidos campesinos llevaban a la funeraria ubicada al sur del parque central, numerosos cadáveres de víctimas de la ‘violencia’ desencadenada en La Mina, Jambaló y otras veredas, después del asesinato del “caudillo del pueblo”.
El hecho que 60 años después intentemos superar este largo y cruento periodo de nuestra historia, los adelantos y contratiempos del actual proceso de paz y retos --que nos plantea el pos-conflicto en lo relacionado con la propiedad de la tierra-- y garantizar la solución pacífica de las diferencias entre diversas organizaciones sociales y políticas, conformadas en medio de actores armados, fueron temas del conversatorio, en el que estuvo acompañado por el directivo de la Alianza Verde, Jaime Navarro Wolf y cerca de 50 personas.
González, destacó el ejercicio de encontrar la verdad integrando relatos de víctimas y victimarios, como exigencia para tranquilizar, reconocer, reparar a las víctimas y garantizar derechos vulnerados a familias, organizaciones comunitarias y poblaciones, por diversos grupos armados en sus incursiones territoriales.
“La verdad histórica es suma y confrontación de múltiples relatos. En el caso de la ‘violencia’, en versión oficial la presentaron consecuencia del odio ancestral entre liberales y conservadores, soslayando el papel de dirigentes de ambos partidos aliados para frenar el ascenso al poder de Gaitán y el pueblo que lo seguía”.
“En 1957, en vísperas de su derrocamiento, el general Rojas Pinilla, designó al monseñor Guzmán y a otros investigadores, para entrevistar a víctimas y documentar diversas matanzas como ejercicio previo a la reconciliación entre liberales y conservadores propiciada por el Frente Nacional en formación. Sólo después de 1960, cuando fue fundada la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, con el aporte del monseñor Guzmán, Orlando Falls Borda y Eduardo Umaña Luna y el patrocinio de la Fundación Corona fueron publicados dos tomos de “La violencia en Colombia”, con registros de 220.000 asesinados, cruentos testimonios y fotos de las víctimas de masacres, mostrando los ‘cortes de franela’ y otros por el estilo, practicados por los ‘chulavitas y pájaros’ al servicio de terratenientes, entre 1948 y 1962”. A este documento los conservadores respondieron en sus diarios y otras publicaciones, con una separata intentando mostrar a las víctimas como delincuentes, pero el efecto fue el contrario pues aumentó la curiosidad de la opinión pública por conocer los tomos de “La violencia en Colombia”.
También destacó la importancia que jugaron para esclarecer los hechos y contribuir a reconciliar víctimas y agresores, las comisiones de la verdad creadas en la Argentina, presidida por el escritor Ernesto Sábato y en Suráfrica, con el liderazgo del arzobispo Obutu.
A partir de 1975 algunos investigadores desarrollaron estudios sobre la violencia ejercida por grupos armados ilegales presentando por píldoras la dramaturgia del dolor de las víctimas, sin profundizar en la trama de los conflictos. Sólo en 1988 crearon una Comisión para la Memoria Histórica presididas por Gonzalo Sánchez y Eduardo Pizarro León-Gómez, inaugurando a los ‘violentólogos’ intentando profundizar en antecedentes y desarrollo de la violencia para esclarecer sus causas, impactos en las comunidades, propiedad de la tierra y violaciones de los Derechos Humanos. Posteriormente prosperaron iniciativas de recuperación de memoria en masacres como la de Trujillo, Tumaco, El Nilo y El Naya, por ejemplo.
Desde mediados de los 80s, cuando el conflicto se intensificó, el Registro Único de Víctimas de la Presidencia de la República, contabiliza siete millones de víctimas, entre ellas seis millones de desplazados, el 90% afectados después de 1990. A diciembre de 2010 registran 320.000 familias desplazadas y ocho millones de hectáreas abandonadas. Las víctimas directas e indirectas incluyen a las caídas en combates y las afectadas por daños colaterales, posteriores a tomas de poblaciones y atentados terroristas, en el normal funcionamiento de las instituciones, agroindustria, comercio, ambiente, educación, salud, cultura y Derechos Humanos.
Recientemente 12 investigadores de diversas profesiones y tendencias políticas elaboraron documentos sobre diversos tópicos del prolongado conflicto armado en Colombia y sus polémicos estudios son de libre acceso.
“Después de la desmovilización de los grupos guerrilleros no desaparecerán los diversos conflictos latentes en la sociedad colombiana. El reto será aprenderlos a resolver pacíficamente a través de las instituciones democráticas”, concluyó el director de Indepaz.
