La ministra de Comercio Industria y Turismo, la barranquillera Cecilia Álvarez Correa, ya había cantado victoria cuando en mayo de 2015 logró que el Congreso le aprobara la inclusión de un polémico artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que en ese momento fue bautizado como el artículo de los $100 mil millones. No importaron las objeciones del gremio hotelero. Se buscaba que las deudas y pasivos pensionales de algunos hoteles bajo la administración del Estado –la mayoría de ellos en proceso de extinción de dominio– se pagaran con los dineros del fondo del turismo, para sanearlos financieramente y poder entregarlos en administración a operadores del sector privado. Es un fondo con cerca de $100 mil millones al año provenientes de los impuestos que pagan los hoteleros y que deberían tener como único destino la promoción del turismo en el país.
La joya de la corona para esta movida era el Hotel del Prado de Barranquilla que desde el año 2005 había sido sometido a un proceso de extinción de dominio, frente al cual la ministra barranquillera no había disimulado su interés.
Hacía tres años que Cecilia Álvarez venía buscando un aliado estratégico en el sector privado para restaurar este patrimonio cultural, que una vez saneado, podría significar un gran negocio para cualquiera. Había varios oferentes interesados en quedarse con el manejo de El Prado entre los que estaban la familia Santo Domingo cuya fortuna familiar nació en Barranquilla quienes además tienen negocios en el sector como propietarios de la cadena Decameron, y Silvia Scherassi con la experiencia en su hotel boutique de Cartagena. Entre las cadenas internacionales, el Marriott
Los hoteleros no se quedaron quietos. Contrataron a la firma de abogados Moncada & Asociados presidida por Juan Carlos Moncada para que defendiera la vocación del fondo. Moncada demandó el artículo 15 del Plan de desarrollo ante la Corte Constitucional. El Presidente de Cotelco, Gustavo Toro la tenía clara cuando repetía en todos los escenarios gremiales que “El artículo 15 del Plan Nacional de Desarrollo desconoce la posición del Consejo de Estado respecto de las disposiciones del estatuto orgánico del presupuesto donde se señala que la destinación de los recursos parafiscales es para el beneficio exclusivo del sector que los aporta y su competitividad. Asimismo, obvia los acuerdos firmados entre empresarios y Gobierno en el trámite de la ley 300 de 1996 donde se había aceptado el pago de la contribución parafiscal siempre y cuando se destinara para el desarrollo de los sectores aportantes. Finalmente, consideramos que se le está imponiendo a la industria una carga y responsabilidad que no le corresponde sobre las deudas que son deber del Estado”.
La presidenta de la corporación, la magistrada María Victoria Calle compartió la tesis y le dio la razón a los hoteleros ratificando que los recursos del fondo del turismo Fontur, solo pueden ser destinados a la promoción del sector turístico. La Ministra Álvarez se quedó con las manos vacías para una estrategia que ella consideraba un gana-gana, aunque los hoteleros –muchos pequeños– se consideraban timados pavimentándoles la vía con sus recursos a jugadores de grandes ligas internacionales.
El negocio con la cadena Marriott se perfeccionó antes de que se cayera el artículo. La Ministra firmó una concesión a 30 años y la cadena norteamericana invertirá $21.300 millones en la restauración, dotación, operación, mantenimiento físico y arquitectónico de la gran joya caribe. El compromiso de entregar la empresa saneada financieramente, colocó a la ministra en aprietos, forzándola a tener que buscar los $6 mil millones del pasivo pensional en otro rubro.
