El crimen urbano que está asentado en la ciudad Medellín va más allá de ser simple delincuencia común; es un crimen organizado que ha tenido como característica principal -a partir de la incursión en la ciudad de los paramilitares de Urabá a finales de la década de los 90- combinar paramilitarismo y mafia. Desde entonces las bandas han mutado hasta convertirse en verdaderas empresas del crimen en la ciudad metropolitana.
Alias Don Berna, como jefe visible, mas no el único, le dio un salto cualitativo y cuantitativo a las más de 350 bandas criminales y a los jefes de agrupaban parte de ellas, otorgándoles poder económico y militar en sus territorios, aportándoles padrinos políticos y agregando la infaltable protección oficial. Así logró convertirlos en subjefes y jefes intermedios de La Oficina, al servicio de la junta directiva de esta estructura criminal, que no es otra cosa que la fachada que representa a los clanes mafiosos del nunca desaparecido Cartel de Medellín.
Y estas bandas no son díscolas, como las catalogaba Jesús Ramírez, cuando era secretario de Gobierno en la administración de Alonso Salazar. A estas bandas se les dan libertad de acción mientras no riñan con la estrategia trazada, que está basada en los pactos con sectores importantes de la legalidad tanto del poder formal (administración municipal, fuerza pública, Fiscalía, entre otros), como el del poder real (empresariado, políticos, mafiosos legalizados). Los patrones del crimen han puesto a sus ejércitos armados al servicio de la estrategia de seguridad –o inseguridad- compartida en el Medellín metropolitano; una estrategia que sólo beneficia sus intereses económicos.
Casos como la llamada “Donbernabilidad” o “Paratranquilidad urbana” -que no ha sido el único pacto realizado- así lo demuestran. A Medellín le pintan la cara todo el tiempo, gastando miles de millones de pesos para cubrir las enfermedades que la carcomen: desigualdad creciente, pobreza, marginalidad, corrupción, avaricia, criminalidad y violencia, protección oficial y, por ende, nómina paralela del crimen, entre otras.
Ninguno de los últimos alcaldes ha querido reconocer los males que la aquejan y todos han esquivado el tema utilizando verdades incompletas como herramienta para justificar el fracaso en las políticas de inversión social, seguridad y convivencia.
Los mandatarios se han negado a reconocer la alianza criminal entre lo legal e ilegal, en las que, entre otras cosas, que forjó: el proyecto Orión, que en realidad fue el proyecto piloto para la siembra del paramilitarismo en el territorio urbano, específicamente <Medellín; y el pacto de la “Paratranquilidad urbana” ejecutado entre 2004 y finales de 2007, que trajo la muy anunciada pero mentirosa reducción de homicidios, la Corporación Democracia como brazo político de La Oficina, la guerra dentro de esta por la disputa del mando único, la llegada de los Urabeños, la consolidación del accionar de las Convivir, la explotación sexual de menores, las apuestas ilegales, el control territorial de las estructuras paramafiosas y sus bandas, las vacunas, el pagadiario, el lavado de activos, las casas de tortura, la desaparición forzada y el Pacto del Fusil. En resumen: han desconocido una realidad que sentó las bases de la que hoy es la capital antioqueña en materia de inseguridad y criminalidad.
Si bien la situación no es entera responsabilidad del mandatario de turno, la continuación de algunas políticas aplicadas -como lo es la seguridad democrática- y la poca seriedad a la hora del reconocimiento de las problemáticas, han contribuido a perpetuar la guerra urbana en Medellín, y el peso de la toma de estas decisiones si recae sobre los alcaldes electos.
Aunque el conflicto armado en esta ciudad ha sufrido mutaciones, lo único que no varía es la cultura ilegal que adoptó Medellín y la connivencia y corrupción de una parte de la fuerza pública que abonó, y aún abona, el camino para sostener un sistema criminal. Como claro ejemplo está el caso del hoy condenado general Mauricio Santoyo y el cuestionado e investigado general Mario Montoya, ambos por vínculos al paramilitarismo y al narcotráfico, además de enormes acciones en contravía de la protección de los derechos humanos.
Las condiciones anteriormente expuestas, dejaron un legado criminal que, en últimas, es el principal reto que deberá afrontar el alcalde electo en Medellín. Pero algo diferente se mueve este año: el alcalde Federico Gutiérrez inició sus tareas aceptando y reconociendo varios hechos que sus antecesores “pasaron de agache”.
Aceptó la existencia del Pacto del Fusil y las falencias en la reducción de homicidios debido al aumento de la desaparición forzada –que también fue producto del acuerdo criminal-, y eso llevó al quitar la máscara bonita a una ciudad a la que hace rato le habían echado ácido sobre el rostro. Algunos generales, como el mayor general José Ángel Mendoza Guzmán, nos acostumbraron a versiones oficiales positiva cuando la realidad criminal estaba haciendo metástasis. Y durante cuatro años, la administración y la fuerza pública fue poco cuestionada.
Análisis Urbano denuncia esta realidad desde hace más de 6 años, desde su misma creación, y sin embargo, no viene diciendo nada nuevo: el nuevo alcalde también reconoció que en la ciudad se estaba ocultando la realidad a través de la promoción de cifras acomodadas por conveniencia política. El mandatario dejó claro que Medellín no es como la pintan –o la maquillan-, capital en la que bajan supuestamente los homicidios pero aumentan los hurtos, las vacunas, las desapariciones.
Resumen criminal
El alcalde pretende reconocer algunos aspectos de la realidad, pero el tema es muy complejo. Análisis Urbano se permite recopilar algunos aspectos del actuar criminal que Medellín padece, pero que deben tenerse en cuenta a la hora de crear políticas o estrategias de seguridad que sean efectivas para la ciudad:
- Operan dos estructuras paramafiosas de corte nacional: la Oficina del Valle de Aburrá y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Urabeños o Clan Úsuga.
- AGC y Oficina celebraron -desde julio de 2013- el Pacto del Fusil, con el fin de reorganizar el crimen en el Valle de Aburrá. Las dos tienen el control absoluto sobre las 350 bandas que operan en la ciudad y también controlan la mayoría de estas que tienen accionar en el resto de la ciudad metropolitana.
- Hay presencia del crimen trasnacional a través del Cartel de Sinaloa.
- Directa o indirectamente -ya sea por extorsión en el primer caso; o a través de la compra de productos básicos, en el segundo- en Medellín toda la ciudadanía paga “vacuna”.
- El pagadiario ha esclavizado a miles de personas en la ciudad y va en aumento.
- El tráfico de drogas interno se expande: son más de mil plazas, sin contar la megaplaza del barrio Antioquia, las plazas móviles y las cocinas instaladas en la periferia de la ciudad.
- Las 35 organizaciones de las Convivir, afianzan su poder en comuna 10 (Centro) y han cambiado su forma de operar.
- La explotación sexual de menores crece por culpa del turismo sexual.
- Hay protección oficial y nómina paralela, incluso se han detectado bandas de policías activos y retirados que están involucrados con la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.
- Se presentan falsos positivos por parte de miembros de la Policía, y cuando no son homicidios, son operativos falsos y amañados que terminan con inocentes en las cárceles a cambio de remuneración, reconocimiento y días de permiso. Operar que luego cae ante los estrados judiciales debido a lo evidente de su falsedad, y que después le cuestan sumas multimillonarias al Estado debido a las demandas que recibe para reparar los derechos vulnerados de las víctimas de la negligencia y corrupción policial.
- La cooptación de una parte del Presupuesto Participativo por parte del crimen es real.
- La penetración de las estructuras paramafiosas en muchas organizaciones sociales y comunitarias sigue latente e impide la participación ciudadana y la construcción de democracia y toma de decisiones.
- Existe padrinazgo al crimen por parte de un sector de la clase política.
- Hay injerencia y dominio territorial por parte de bandas organizadas desde municipios como Bello e Itagüí.
Faltaría enumerar más, por ejemplo, las casas de tortura, el POT criminal, el lavado de activos, la trata de personas y el tema de los migrantes que están siendo escondidos en bodegas y casas de la ciudad para luego trasladarlos a Urabá, en su paso hacía los Estados Unidos, entre otros; pero son temas que aún están en investigación por parte de este medio.
No obstante, existe la necesidad de hacer énfasis en algunas problemáticas que –sin desmeritar otras y sólo por mayor conocimiento de causa- seguimos considerando importantes:
Extorsiones
Este es el fenómeno criminal que más ha aumentado en la ciudad. Actualmente, casi todos los habitantes de Medellín están aportando la famosa “vacuna” y a veces el aporte se hace de manera inconsciente puesto que los grupos ilegales tienen cooptados, a modo de cartel mafioso, la distribución de productos que hacen parte de la canasta básica familiar como son los huevos y las arepas e intervienen hasta en el costo de los pasajes de un bus.
Lo delicado de este fenómeno es que se ha naturalizado en la cotidianidad. En la zona céntrica de Medellín, en casi todo punto de comercio la extorsión se paga de manera obligada so pena de muerte o de eliminación del local comercial; pero en los barrios, especialmente los periféricos, el pago de la vacuna se hizo paisaje y en muchos casos no se toma por un asunto ilegal sino como un aporte al trabajo de vigilancia que ejercen “los muchachos” del sector. A esto se suma el impuesto que debe pagar el transporte público para poder acceder a algunas zonas y el uso obligado de algunos lavacoches que deben hacer los buses que transitan por estos lugares.
Cientos de renglones se pueden escribir frente a este tema, pero lo único realmente importante se dice en dos: la extorsión está afectando todos los bolsillos de esta ciudad y con ello estamos perpetuando y fortaleciendo la existencia del crimen organizado en la ciudad.
Las Convivir
Aunque muchos insisten en desconocer su existencia o, como el brigadier general José Ángel Mendoza, en solicitar que no se les reconozca con ese nombre, este grupo de origen paramilitar tiene el control territorial del centro de Medellín y dejan claro que la tranquilidad de este sector hace parte de su monopolio, pese a ser el mismo lugar en donde se encuentra el comando de la Policía Metropolitano del Valle de Aburrá (Meval). Esto lo demostraron a mediados de 2014, cuando una guerra desatada en su interior –por reacomodamiento de mandos y disputa de territorios- dejó como saldo el estallido de tres granadas en el centro, cuatro muertos y más de 30 heridos.
Las Convivir no sólo tienen el control de la zona, también son los encargados de la recolección de las extorsiones y de asegurarse del cumplimiento en el pago de la misma.
Durante la investigación sobre el reacomodamiento del poder ilegal en el centro de Medellín, realizada por Analisisurbano.com y el CIU de Corpades, se dejó claro que esta no era posible sin el aval de un sector de la fuerza pública, y en uno de los informes se cita que de la “nomina paralela” de los criminales, presuntamente harían parte un coronel de la Meval; un sargento de la Unidad de Extinción de Dominio, de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín); un subintendente del Grupo Contra Armados Ilegales, también de la Sijín, y un capitán perteneciente Grupo Antisecuestro y Antiextorsion (GAULA).
Porlo tanto, el mandatario Medellín debeía tener como política obligatoria la depuración y purga de la fuerza pública, al menos la local.
Paga diarios y cobros ilegales
Esta práctica es dominada por los grupos armados ilegales y es un modelo de cobro criminal en el que se somete a la gente, se le controla mediante préstamos de dinero y pagos a diario con intereses altos, y en dado caso de no cumplirse con el mismo, las personas son aterrorizadas, ultrajadas, amenazadas y en algunos casos condenadas a muerte.
Las autoridades locales saben de esta práctica que lleva años operando pero hasta el momento nadie, ni de la administración ni de la fuerza pública, se ha tomado el asunto en serio y este ya ha dejado un listado largo de victimas que han sido asesinadas cruelmente con el fin de mandar un mensaje de terror al resto de deudores.
Cooptación de participación política y de PP en las comunidades
Aunque algunos analistas de conflicto armado en Medellín, y la institucionalidad se empeñen en negar que esto sucede en los territorios, aún hoy existen denuncias por parte de miembros de la comunidad sobre la cooptación que los criminales han hecho de los dineros que invierte Presupuesto Participativo (PP) en las comunas. Las denuncias concretas han venido de comunas como la 8 (Villa hermosa), la 9 (Buenos Aires), la 3 (Manrrique) y la 1 (Popular).
De acuerdo a las versiones recogidas, los delincuentes controlan la participación política a través de algunos líderes –no todos- que cínicamente se ponen a su servicio a fin de controlar las votaciones o las decisiones frente a proyectos priorizados por las comunidades que reciben considerables inversiones económicas.
Así mismo, se maneja una especie de testaferrato de proyectos en el sentido de que ciudadanos inexpertos en el tema o el liderazgo social, asumen la responsabilidad contractual frente a un proyecto pero la inversión es manejada por los ilegales.
Este es un tema delicado puesto que PP ha sido importante para el desarrollo social y político de las comunidades pero su funcionamiento, en ciertos casos, ha servido para fortalecer y legitimar a los criminales. Entre otras cosas, a través de esta práctica, unos cuantos criminales han logrado que se les considere una suerte de Robin Hood en algunos territorios. Tal como sucedió con Pablo Escobar, con la diferencia que ahora buena parte de los dineros que fortalecen este sistema criminal son de origen estatal.
Corrupción al interior de la Fuerza Pública
El mandatario de Medellín debería comprender que las políticas guerreristas y el aumento de pie de fuerza o de cámaras y demás sistemas de vigilancia van a tener un efecto igual a cero si la corrupción al interior de la fuerza pública y de la fiscalía no se elimina.
Al día de hoy se demostró que algunos miembros tanto de la Policía como del Ejército facilitaron la expansión del paramilitarismo en Medellín y el área metropolitana. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, lo ha hecho público en sus audiencias, e inclusive hay sentencias de la sala de Justicia y Paz de la Fiscalía que ordenan la investigación, no sólo de uniformados, sino también de un ex presidente y otros miembros de su gabinete por haber facilitado la construcción y posicionamiento del proyecto paramilitar y mafioso en la ciudad.
Así mismo, hay generales acusados, según sentencia, por narcotráfico y su cercanía a la empresa criminal que denominan La Oficina, y otros oficiales son investigados por los mismos motivos.
La Fiscalía seccional Medellín también podría estar incurriendo en una comisión de delitos que fueron denunciados por este medio en un artículo que se tituló ¿Concierto para delinquir en Fiscalía Medellín?, en el que además se pide una investigación sobre este ente, “especialmente si es una ciudad que ya cuenta con antecedentes de directivos involucrados con el crimen: caso Guillermo León Valencia Cossio, exdirector seccional de Fiscalías de Medellín a quien se le demostró su vínculo con la mafia y el paramilitarismo, condenado por prevaricato; ocultamiento, alteración y destrucción de materiales probatorios; y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos”.
En resumen, mientras no se tome en serio la depuración dentro de estas instituciones, cualquier inversión en materia de seguridad es plata perdida.
Los grupos armados ilegales
Estas estructuras criminales son el resultado o el legado del fallido proceso de desmovilización paramilitar. Si bien es cierto que en Medellín han existido este tipo de grupos desde antes de la irrupción de los paramilitares en la capital antioqueña, nunca tuvieron la hegemonía y el actuar violento y criminal que lograron durante y después de los mismo y que fue mencionado en los primeros párrafos de este texto.
Independientemente del origen de los mismos, que es necesario analizar y estudiar para comprender, lo único concreto es que aún están y aún continúan dominando y delinquiendo en los territorios. Esta problemática no puede seguir ignorándose ni tampoco recibiendo soluciones a medias que hacen las veces de paliativos.
La coyuntura que ofrece el pacto del fusil debe ser tomada con seriedad y aprovechada por la institucionalidad para lograr el sometimiento de las estructuras criminales. Antes de que el pacto llegue a su fin - desde hace meses viene mostrando serias fisuras y es sabido que la violencia aumenta al doble luego de que un acuerdo entre ilegales se rompe- la administración debe hacer propuestas serias que permitan salidas reales al control territorial, confrontación y dominio armado ilegal en Medellín
Esto debe apuntar a unos diálogos o unas negociaciones en el que los criminales se sienten con la institucionalidad, la sociedad civil y la comunidad internacional para acordar la resolución del conflicto; que se saque a los civiles del mismo y se llegue a un sometimiento a la justicia con dignidad pero sin impunidad. Y aunque el gobierno reúse aceptar propuestas, debe plantearse la construcción de un nuevo tipo de cárceles que le apunte a una verdadera resocialización, formación y preparación educacional de los sujetos, porque ningún proceso de desmovilización será exitoso si repetimos las formulas ya aplicadas, o si se tiene como centro de sometimiento los actuales penales que no son otra cosa que escuelas del crimen en donde aún imperan –y operan- los cacicazgos de los delincuentes.
La desaparición Forzada
Si en los diálogos que se llevan a cabo en La Habana se logró llegar a un acuerdo para la búsqueda de 2.760 desaparecidos asociados con las Farc, que no son sólo víctimas civiles de la guerra sino también guerrilleros muertos en combate y enterrados como NN, es imperativo empezar a plantearse lo mismo en Medellín.
De acuerdo al Registro Único Víctimas, Medellín registra 5.022 víctimas de desaparición forzada, de las más de 45.000 que se registran en todo el país. Estamos hablando de una cantidad suficiente de personas para llenar la mitad de la tribuna sur del Estadio Atanasio Girardot. Personas que nunca regresaron a sus hogares y que aún se les esperan, o al menos se esperan noticias que permitan ubicar sus restos.
La desaparición forzada no es un asunto que se quedó en el pasado, por el contrario, inversamente proporcional a la reducción de homicidios, este fenómeno crece año tras año y el alcalde debe tomárselo como una prioridad. Especialmente ahora que inició el “Plan Cementerio”, que, como informa la revista Semana, es un proyecto en el que Medicina Legal plantea “escarbar en todos los cementerios del territorio nacional en busca de los cuerpos que habrían sido enterrados por los actores del conflicto, lograr su plena identificación y entregárselos a sus familiares en tiempo casi récord”.
La voluntad de búsqueda de los desaparecidos de Medellín no debe limitarse sólo a La Escombrera pues esa es tan sólo la punta del iceberg de esta realidad.
Casas de tortura
Las torturas, que la mayoría de las veces terminan en decapitaciones, desmembramientos, asfixia mecánica, muerte por arma blanca, contundente o de fuego, son una realidad en Colombia. Ahora bien, también existen sitios especializados para cometerlas. Lugares destinados a la aplicación de los instrumentos de tortura y terror como método para lograr el control social, territorial y militar, especialmente por el mensaje que envía.
No obstante, la institucionalidad, y especialmente la Fiscalía Antioquia, han tenido una posición ambigua frente al tema, y se ha negado a leer el mensaje de terror que estas casas envían a la ciudad y a la comunidad en general. Estrategia política errónea para afrontar un problema que ya no se puede ocultar y cuya información, afortunadamente, se está saliendo del panorama de lo local.
A inicios de octubre de 2015, Medicina Legal reveló que 24 cuerpos desmembrados habían sido encontrados en lo que llevaba ese año Medellín, lo cual es un promedio de entre dos y tres personas al mes. Y en 2016, no sólo han aparecido desmembrado, también enmaletados, embolsados y cualquier otro nombre dado a este tipo de tortura. Y esto es sólo el reporte de quienes han aparecido porque se desconoce la cifra de desaparecidos sometidos a estos vejámenes. Un hecho es que este método de terror no se aplica en la vía ni el espacio público, necesita de espacios acondicionados para su realización, por lo tanto, y para dejarlo claro, no es un rumor la existencia de las casas de tortura en la ciudad.
Una administración poco seria frente a este problema tiene un fracaso garantizado para la resolución del mismo. Y este es un lujo que aunque el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, se lo concedió a Luis Fernando Suarez, su vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, Federico Gutiérrez no se lo puedo permitir. La problemática ya desborda en la barbarie y si no se controla a tiempo -empezando por reconocerla- tendrá unas dimensiones que impactarán en lo social, en lo político y en lo económico de la ciudad. Este mensaje de terror no se ha tomado en serio, pero hay muchas personas inocentes que están siendo víctimas de este flagelo, de esta práctica que sólo consolidad el poder armado e ilegal que cogobierna Medellín.
A modo de cierre
Lo anterior fue tan sólo un pequeño panorama que impera en Medellín, un contexto y unas condiciones que no pueden ser ignoradas. Así mismo, es una situación que debe ser analizada y estudiada para no seguir repitiendo errores. La solución, debe recordarse, no es militar;este tipo de medidas prácticamente se inauguraron con la “Operación Orión” y aún hoy, 13 años después, lloramos y lamentamos las consecuencias. El tiempo ha demostrado que la solución guerrerista no es garante de la resolución de un problema, por el contrario parece aumentar sus proporciones.
Analisisurbano.com plantea situaciones críticas que afectan la seguridad y la sensación de ausencia de la misma en Medellín, ahora está en manos del alcalde pensar y aplicar soluciones. Y recordar que la seguridad no es un asunto de izquierda, derecha o centro: es un asunto de todos.
Desde Análisis Urbano mantenemos una apuesta de fe con esta nueva alcaldía y estamos prestos a contribuir para que Medellín sea forjadora de paz urbana y cuna del inicio del posconflicto. Pero si no se escucha a la ciudadanía, que es la víctima directa del problema de seguridad, en Medellín simplemente serán cuatro años más de lo mismo.
