Se ha dicho con fuerza de ley y, ahora con contundencia Constitucional que la violencia, el despojo no son creadores de ningún derecho.
Tinta ha corrido para que el derecho a la propiedad tenga la categoría de derecho fundamental; pero hay posturas, que se dirigen a que su contenido solo sea dentro del contexto de una función social; impensable, pues, dentro de sistema que vivimos, es proclamado como central, así no se diga en la Constitución, en las relaciones de poder, en las de intermediación, vale decir: el capitalismo; no existe argumento en contrario que afirme otra cosa. Así que[1] se ‘(…) garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. (…)’; inexorable: las leyes posteriores, no pueden desconocer el fundante derecho; pero además, para efecto de la promoción y, el rechazo a un tal derecho de propiedad sin respecto de otro derecho, se ordena que la: ‘(…) propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica’; prima pues el bien común; de allí que es posible ofrecer sentido a la intervención estatal que propenda por el desarrollo y, por supuesto, la protección del derecho al ambiente sano, agregándose eso sí que, por ‘(…) motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. (…)’; y, por último, a reglón seguido, cierra el círculo con el mandato poco escuchado, especialmente en actividades que tiene que ver con la socialización de la propiedad pues: ‘(…) Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad’. Así se completa la premisa constitucional positiva.
Tinta ha corrido para que el derecho a la propiedad
tenga la categoría de derecho fundamental;
pero hay posturas que se dirigen a que su contenido solo sea dentro del contexto de una función social
Y, se manda[2]: ‘Se prohíben las penas de (…) confiscación’, pero, ‘(…) por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social’. La jurisprudencia lo desarrolla con puntualidad, en la extinción de dominio; pacífica línea[3]; al propio tiempo, la Ley 1448 DE 2011 (junio 10), ‘Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones’, establece como su Objeto central[4]: ‘(…) establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales’; consientes del hecho real que el conflicto lo es o, pasa por la posesión o desposesión de tierras; razón de más para que la Corte Constitucional ordenara[5]: ‘La expresión "con ocasión del conflicto armado," tiene un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. (…) Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de "conflicto armado" que ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano’. A lo que se agrega, la obligación constitucional, con respecto a los trabajadores agrarios, como que: ‘Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion <sic>, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos’[6].
Entonces, en relación con la disputa o presentación política de diferencias que se ha presentado en los últimos días entre el Gobierno y, la Procuraduría, se observa la ninguna revolución o evolución; la diferencia está o, se encuentra, en la prueba y, sobremanera en el derecho involucrado en el debate, no en los discursos o, posturas que, en altavoz se lanzan: que decida el juez y, no los opinadores.
[1] Artículo 58 Constitución Política; modificado por el art. 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999.
[2] Artículo 34 Constitución Política.
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-958 de diez (10) de diciembre de dos mil catorce (2014). M. (e) P. Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
[4] ARTÍCULO 1o. OBJETO.
[5] Corte Constitucional. Sentencia C-781 de diez (10) de octubre de dos mil doce (2012). M. S. Dra.: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.
[6] ARTICULO 64 Constitución Política.
