Luego de una intensa polémica y de varios llamados de atención de los concejales, el alcalde de Cali Maurice Armitage consiguió aprobar el proyecto de acuerdo 001 de 2016, por medio del cual se le conceden facultades pro tempore para que pueda dictar la nueva estructura que tendrá la administración municipal. Varias fueron las dudas que los concejales expresaron: faltas de estudios técnicos, falta de tiempo para el estudio de proyecto, poca claridad en la relación de los cargos necesarios frente a los anunciados por la alcaldía (en la exposición de motivos se manifiesta que se necesitan 5081 empleados como medida óptima, sin embargo la propuesta del alcalde sólo contempla crear 129 cargos).
A propósito de la polémica, hay que hacer una claridad histórica y política: no es la primera vez que en Cali a un alcalde le dan facultades extraordinarias para reformar el municipio y tampoco es la primera vez que se va a adelantar una reforma administrativa. En el año de 1995 el concejo le otorgó a Mauricio Guzmán Cuevas, del partido liberal, facultades para estructurar la administración municipal y en 1996 se promulgó el Acuerdo 001. En 1999 hubo que hacer otra reforma debido a la crisis fiscal tan grave que tenía el municipio (la deuda ascendía a medio billón de pesos, EMCALI estaba intervenida y el futuro de EMSIRVA era incierto).
La reforma de 1996 engrosó la lista de trabajadores del municipio, respondió a factores políticos e incluso no tomó en cuenta las consideraciones que una comisión asesora de la Universidad del Valle le hizo al alcalde Mauricio Guzmán. Justo después de esta reforma empezó el crecimiento del déficit y de la deuda que desencadenó la crisis de 1999-2000. Por otro lado, la reforma de 1999 fue una medida que debió implementarse por orden del Gobierno Nacional ya que se había promulgado la ley 617 de ajuste fiscal y era obligación de los entes territoriales recortar los gastos de funcionamiento.
El actual alcalde, Maurice Armitage, junto con sus asesores estrella Fernando Reyes Kuri y Nicolás Orejuala, han manifestado que la estructura organizativa debe reformarse, actualizarse y prepararse para el escenario del postconflicto. Se propone crear tres nuevas secretarías: Fomento Económico, Paz y Postconflicto y Participación Ciudadana y una dirección adscrita, la de Tecnología. La capacidad de recaudo tributario del municipio se ha incrementado de manera considerable luego que en el 2012 el alcalde Rodrigo Guerrero finalizara el contrato con Sicali (empresa que desde la administración de Apolinar Salcedo, 2003-2007, venía realizando el cobro de los impuestos en Cali). Por esta mala acción de un alcalde, el municipio perdió más de un billón de pesos, sin contar además la discusión política, pues con esta medida se renunció a cumplir una de las principales funciones del Estado.
Esto lo que quiere decir es que hay recursos para llevar a cabo la reforma y contratar más trabajadores nombrado y ya no por prestación de servicios. Pero cuidado, llevamos dos reformas mal hechas: una por intereses políticos en el 96 que nos condujo a una crisis y otra que se hizo a las carreras por la administración de Ricardo Cobo, del Partido Conservador, en 1999. NO se puede convertir esta oportunidad en un error que estaremos lamentando dentro de cinco o diez años y que ojalá esta reforma responda a un interés legítimo de querer actualizar la estructura y no a intereses particulares, ni del alcalde o de la clase política de esta ciudad.
