El contralor Edgardo Maya le tiene el ojo puesto a un presunto cartel de pensiones entre maestros que compromete a la directora de la Unidad de gestión pensional y parafiscal Gloria Inés Cortés.
La funcionaria fue viceministra de hacienda del exministro Alberto Carasquilla y Óscar Iván Zuluaga durante el gobierno Uribe y éste último la nombró primera directora de la naciente entidad en la víspera de comenzar el gobierno Santos, en contravía a la voluntad del recién nombrado ministro Juan Carlos Echeverry.
Según un informe de la Contraloría la unidad pensional – UGPP- en cabeza de Cortés habría autorizado una serie de pagos por algo más de $18.000 millones a 69 maestros de Magangué, Magdalena, como reconocimiento de una pensión, conocida como la Pensión gracia a la cual no tenían derecho. Esta fue creada por la Ley 114 de 1913 como un reconocimiento especial para los docentes de escuelas primarias oficiales al cumplir 50 años de edad, que hubieran servido en los departamentos más lejanos durante por lo menos durante 20 años con el objetivo de estimular el trabajo docente en los territorios apartados del país.
Según el Ministerio de trabajo los pagos a docentes sin derecho a esta pensión ascienden a algo más de $30.000, porque cubre también a maestros de Ciénaga, Lorica, Lérida, entre otros. Las investigaciones por estos casos continúan en curso. Según la Contraloría los pagos por estas pensiones habían sido suspendidos por Cajanal desde el 2006, con argumentos de sobra para no realizarlos, advirtiendo que se trataba de un detrimento patrimonial, argumento que la directora Cortés desestimó.
Los ministros Alberto Carrasnquuilla y Diego Palacio iniciaron un operativo para detener el cartel de pensiones que empezaba a formarse .
De hecho, en 2006, los ministros de Hacienda Alberto Carrasquilla y de la Protección social Diego Palacio, articulados con los entes de control formaron un frente común para ponerle frente a un cartel que ya estaba identificado. Su gestión dio resultados y se lograron frenar los pagos demostrando que se habrían realizado piruetas jurídicas por parte de algunos maestros, junto con un grupo de litigantes, los Cabrera Polanco, y jueces para poder llenar los requisitos y acceder a los beneficios de este sistema pensional privilegiado, conocido como el de las pensiones gracia.
Pero con el paso del tiempo el presunto cartel se ha reactivado frente a los ojos de la directora de la UGPP quien según la Contraloría se está quedando de brazos cruzados. En su informe, la señala por no atender las advertencias de la firma CYZA, encargada de auditar el proceso, que venía alertando desde el 2011 sobre inconsistencias pero especialmente en los soportes que entregaban ese grupo de docentes nacionales sin derecho a esta pensión, y ya con fallos y revocatorias de la misma rama reconociéndolo.
Los docentes del orden nacional sin derecho a esta pensión, como lo ha reconocido la jurisprudencia de manera unificada, son algo más de 16.000, de tener derecho a ella esto puede significar montos del orden de $7.3billones, sin prescripción, o $3.8 con prescripción de mesadas, este es el botín al que le han apostado estos carteles de litigantes, jueces y docentes, a los que se esperaba hacerles mejor frente con entidades renovadas como la UGPP.
En el informe de la Contraloría sobre la Directora Gloria Inés Cortes se indica que la “Unidad se encuentra en proceso de recuperación de los dineros pagados indebidamente a los pensionados y que incluso – se reitera – las peticionarios han manifestado su intención de devolver las sumas adecuadas”. Y aunque ya de por si es muy difícil creer que un pensionado regrese valores pagados desde el 2013, se vuelve más complicado si dicha reclamación se delega, como es del caso, en una tercera línea administrativa dentro de la UGPP, una oficina cuya función es el reconocimiento de pensiones, y que por lo tanto no cuenta con las capacidades judiciales para organizar un recobro de esta magnitud.
En su informe sobre la UGPP la Contraloría indica que la Entidad tenía los medios para haber realizado un estudio minucioso sobre los derechos de los solicitantes teniendo en cuenta que dichos pagos llevaban siete años reteniéndose por problemas evidenciados en CAJANAL. Que la UGPP no obró de manera diligente al momento de proteger los intereses de la Nación, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional y su patrimonio. El informe concluye que a pesar de ser una entidad "renovada", se evidenciaron deficiencias administrativas y de procedimiento, debilidades de control, así como una gestión fiscal ineficiente e ineficaz.
La búsqueda de reconocimientos de pensión gracia por parte de docentes que no tenían derecho a este beneficio, fue en su momento la principal causa de la liquidación de CAJANAL. Los reconocimientos irregulares de estas pensiones involucraban a jueces, funcionarios y litigantes, siendo el más conocido el de los hermanos Cabrera Polanco, quienes se encuentran detenidos luego de diez años de defraudación a CAJANAL por cientos de miles de millones de pesos.
La UGPP reemplazó a CAJANAL desde el 2011 está adscrita al Ministerio de Hacienda, tiene aproximadamente mil empleados y maneja un presupuesto promedio de $ 158.000 millones anuales; solo en 2015 se le asignaron $ 8.000 millones del presupuesto como inversión.
Se creó con un esquema de organización diseñado para blindarse contra la corrupción en lo que al reconocimiento de pensiones se refiere. La actual y única directora que ha tenido la entidad, es Gloría Inés Cortés economista de la Universidad Javeriana cuya gestión al frente de la entidad ha estado muy centrada en lograr eficiencias en la operación, para lo cual el gobierno no ha dudado en entregarle cuantiosos recursos.
Carlos Eduardo Umaña, contralor delegado en la contraloría de Sandra Morelli quien le abrió investigación a la directora Cortés pasó a ser el director de jurídico de la UGPP.
Esta es la segunda vez que el informe de la Contraloría cuestiona a la doctora Gloría Inés Cortes, en un informe de junio de 2014 el anterior delegado para el sector social Carlos Eduardo Umaña, indicaba que se le adelantaría un proceso sancionatorio por la entrega incompleta e inoportuna de la información relacionada con procesos jurídicos. El caso fue cerrado, y el Doctor Umaña en un claro caso de puerta giratoria pasó a ser el director de jurídico de la UGPP, sin mayor conocimiento ni sobre pensiones, ni sobre parafiscales.
Es necesario esperar ahora la defensa a este nuevo cuestionamiento para determinar si el detrimento patrimonial causado a la UGPP por estos pagos mal realizados, ha logrado subsanarse en algún porcentaje.
