Una regla esencial de las negociaciones señala que usted no consigue lo que quiere, o se merece, sino lo que es capaz de negociar. En el caso colombiano, pareciera que los negociadores del gobierno tuvieran puesta una pistola en la cabeza que los obligue a ignorarla, pues lo que se ha escuchado es que sólo las FARC consiguen lo que quieren.
Es como si buena parte del país estuviera secuestrado y el gobierno negociara bajo la amenaza y el chantaje. El presidente parece estar convencido de generar la posibilidad de hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Esto, a cambio de que en el resto de su mandato no asesinen, secuestren ni aterroricen más a los colombianos y punto; con lo cual los asesinatos, voladuras, secuestros, violaciones, planes pistola, reclutamiento de menores, extorsión a funcionarios locales, entre muchos otros crímenes serían, entonces cosa del pasado y los que ya murieron y padecieron, como se dice cuando se menosprecia a alguien: "¡de malas!
Puede afirmarse sin lugar a dudas que no hay una sola familia en Colombia que en el último medio siglo no hubiera sufrido el caso de un secuestro, un muerto, una amenaza, un desplazamiento forzado o al menos un susto provocado por este grupo guerrillero, a lo que se le ha venido en llamar últimamente el conflicto, que en el entender de algunos es simplemente una agresión de una banda criminal, las FARC y luego otras, que han acosado a una sociedad incapaz de ser defendida por un Estado incompetente, displicente y corrupto. Es dramático el impacto de esta campaña de miedo y terror que ha afectado de manera directa a alrededor de ocho millones de personas, el doble de la población de Costa Rica. Casi 30.000 secuestrados, más de 25.000 desaparecidos, por encima de cinco millones de desplazados, más de 220.000 muertos, muchos de ellos provocados por las FARC y otras guerrillas, y otros tantos por los paramilitares que se organizaron para contrarrestar el accionar insurgente y que llegaron a niveles de crueldad insospechados.
Y a cambio, el gran logro de Colombia, sería la firma un papel, para que el presidente pueda anunciar al mundo su aparente proeza y así conseguir la notoriedad internacional que le significaría un Nobel de Paz, pues su mayor deseo -en su arrogancia y egolatría-, pareciera ser entrar a las grandes ligas de las élites del poder global.
Riesgos del post-conflicto
Se ha llevado a los colombianos a pensar con el deseo, con la ilusión de una paz que, en términos concretos, significa precisamente que no asesinen, no secuestren, no recluten menores de edad, no hagan daños a la infraestructura, no realicen retenes en las carreteras, no exploten carros, no siembren de minas “quiebrapatas” los caminos. Es tan insistente la presión publicitaria, que han convencido a mucha gente de la necesidad de “tragarse algunos sapos” y aceptar niveles adicionales de impunidad, como costo de la paz.
Para casi todo el mundo es claro que la firma de un acuerdo con las FARC, ni va a traer paz, ni mucho menos solucionará ninguno de los graves problemas del país, empezando por el más directo, el problema de seguridad. Y, más bien, podría convertirse en una especie de Caja de Pandora, que destaparía una serie dificultades sin atención por parte del estado y la sociedad.
Peor aún, si no hay justicia y reparación, no hay paz. Sin justicia ni reparación se genera un clima de insatisfacción popular y la sensación publica de nuevas y mayores injusticias; como me decía un taxista en estos días, “lo que se está comprobando es que en Colombia el crimen paga”. La experta chilena en procesos de paz, Elizabeth Lira, en una entrevista en El Espectador afirma: “Nadie puede estar por encima de la ley y habrá que ver qué trato se da a esas personas para poder garantizar sus derechos y los de la sociedad de tener reglas legales y constitucionales respetadas por todos. La base de la paz es que nadie esté dispuesto a violentar el Estado de Derecho.”
Investigadores de las universidades de Oxford y Cambridge basados en análisis de más de 60 experiencias de posconflicto, estiman que el riesgo de regresión durante la primera década de la paz es superior al 40%, y concluyen: “La paz después de los conflictos suele ser frágil: alrededor de la mitad de todas las guerras civiles se deben a las recaídas después de los conflictos”. Lo anterior implica que si el proceso no es suficientemente incluyente con los sectores más representativos del país, podría degenerar en un problema peor del actual; lo que sería muy grave como herencia de los dos períodos de gobierno de Juan Manuel Santos pues, como sugiere Fernando Savater, los gobernantes deberían, al menos, devolvernos el país como lo encontraron y no peor.
Políticas públicas pendientes
Hay políticas que deberían ser diseñadas para construir posibilidades de éxito de un eventual postconflicto, de acuerdo con un centro de investigaciones de la Universidad de Oxford, sobre las cuales el país no parece avanzar suficientemente, relacionadas con:
- La situación de seguridad, que se refiere a la inestabilidad crónica del país. La inseguridad en Colombia se confirma con la capacidad de las propias FARC, el ELN, las bandas criminales, los narcotraficantes… que, cada vez que lo quieren, demuestran que pueden poner en jaque la seguridad con los “paros armados”. Es tan grave la falta de autoridad y orden en este país que, incluso los taxistas son capaces de paralizar las ciudades, sin ninguna capacidad de contención por parte de las autoridades.
- El compromiso internacional para presionar a las personas para hacer cumplir la paz y la ayuda para ayudar en la reconstrucción y el desarrollo. Si ni siquiera para el caso de las múltiples violaciones a los Derechos Humanos y a las libertades políticas en Venezuela se ha logrado la invocación de la Carta Democrática de la OEA, nunca será posible exigir a las FARC el cumplimiento de sus pretendidos compromisos. Menos aún, teniendo por aliados suyos y como garantes del proceso, precisamente a Cuba, Venezuela y a los países de la llamada Revolución Bolivariana, integrados en organizaciones indolentes e ineficaces como el ALBA y UNASUR. Es tan equivocado y desinformado el manejo internacional, que hasta el presidente norteamericano en su reciente visita a Cuba expresó que “Hoy Estados Unidos y Cuba están una misma mesa de conversaciones y estamos ayudando a los colombianos a terminar una guerra civil que los ha afligido durante años”. Hasta donde sabemos los colombianos, aquí no hay una guerra civil. Quién sabe cuándo se la inventaron para invocar el apoyo de Obama.
- La capacidad del Estado para mantener la ley y el orden y proveer los servicios básicos. Extensas zonas del país carecen de la infraestructura básica en servicios públicos, vías y oportunidades, y se denuncian permanentemente casos de abuso de poder, de corrupción, de violaciones, estafas, en medio de una impunidad sin control. Se expiden leyes que nadie pareciera estar interesado en hacer cumplir y, ni mucho menos, hay alguien decidido a cumplirlas. Es parte de la cultura popular latina el aforismo “hecha la ley, hecha la trampa”, que hoy retrata el desinterés de gran parte de los colombianos de cumplir las reglas, sobre todo cuando se verifican permanentemente las violaciones por parte de los poderosos y se busca seguir su mal ejemplo de obtener dinero fácil y a como dé lugar, quizá la peor herencia del narcotráfico.
- La inclusión política del Estado. Tenemos un sistema político centralista y presidencialista, un sistema de partidos corrupto y oligárquico, con organizaciones políticas, manejadas con la “ley de hierro” que describiera Mitchell, y un sistema electoral obsoleto y caduco –de fecha anterior a la Constitución del 91-, que estimula la elección y reelección de los corruptos y bandidos.
Un asunto de dinero
Las guerrillas en Colombia se han presentado como falsos justicieros en nombre de los pobres y contra los abusos del Estado, para justificar su accionar violento. Es probable que en sus comienzos, hace más de medio siglo, hubieran tenido una motivación de reaccionar frente al abuso del poder por parte de agentes del Estado, pero luego entraron en una espiral imparable que los convirtió en una máquina de miedo, terror, muerte y negocios criminlaes, aunque mantuvieron vivo su discurso.
El profesor James D. Henderson, devela que los múltiples análisis estadísticos de los estudios académicos sobre la violencia en Colombia “no revelan ninguna relación entre las privaciones económicas y la violencia, y sí una poderosa conexión entre las tasas de criminalidad y de violencia y el progreso de la industria ilícita de la droga”.
Como lo demuestra Henderson, las etapas de auge de las guerrillas y fuerzas paramilitares están asociadas a los momentos de mayor crecimiento del negocio de la droga. ¿Qué pensar ahora que, después de la eliminación de los grandes carteles de Medellín y Cali, las FARC se quedaron con la casi totalidad de los cultivos, los laboratorios y el negocio de la droga? Un informe de la revista Forbes en noviembre de 2014 concluye que las FARC son la quinta banda terrorista más rica del mundo después de El Estado Islámico y Hamás, con ingresos superiores a 600 millones de dólares anuales, lo que significaría más de un millón y medio de dólares diario. Muy curioso que en Junio de 1999 el entonces presidente de la Bolsa de Nueva York Richard Grasso se reuniera con jefes de las FARC, en la zona de distensión del Caguán, durante el proceso de negociaciones del gobierno Pastrana. ¿Será que desde entonces tenían inversiones en Wall Street?
El tema central de la confrontación actual, pues, parece no ser político o ideológico como se pretende vender a los ciudadanos, sino estrictamente fundamentado en el manejo político del interés económico. La periodista y economista Loretta Napoleoni, luego de estudiar y entrevistar jefes de bandas terroristas de distintas partes del mundo afirma: “Descubrí que su existencia no estaba regida por la política o la ideología, sino que estaba regida por la economía. Estaban constantemente sin dinero. Constantemente buscaban dinero. Contrario a lo que muchas personas creen, el terrorismo es un negocio muy caro”.
Y agrega Napoleoni, “Durante mis entrevistas con las Brigadas Rojas, y más adelante, con otras organizaciones armadas, incluyendo a miembros del grupo Al-Zarqawi del Medio Oriente, todos fueron extremadamente reacios a hablar sobre ideología o política. No tenían ni idea de esos temas. Los líderes de las organizaciones terroristas son quienes deciden la visión política, y generalmente, son entre cinco y siete personas. El resto de los miembros lo único que hacen, día tras día, es buscar dinero”… Esto me recuerda dos experiencias de contacto con las FARC en las cuales comprobé que aún los jefes de cuadrillas o frentes no tienen idea, ni les interesa el tema ideológico o político, sino el manejo de lo económico: Una ocasión en el Magdalena Medio hace más de treinta años en el caso del secuestro de un cuñado y, otra en el Vaupés, al comprobar como extorsionaban a las autoridades locales con cuotas permanentes de dinero, comida y gasolina, hace alrededor de veinte años.
Después de ocho años de persecución en el gobierno de Álvaro Uribe, se estima que el número de insurgentes de las FARC habría sido reducido en más de dos terceras partes y sus mayores cabezas “dados de baja”. Sin embargo, al círculo que les seguía no fue posible capturarlo o eliminarlo, porque se habían refugiado en Venezuela y Ecuador, según denunció y sigue sosteniendo el entonces presidente.
Los cinco logros en la negociación
En ese contexto, el gobierno Santos lleva más cuatro años de negociaciones, aunque confiaba en que sería una cosa de meses no de años . A pesar de lo que se ha informado desde la Habana y desde las fuentes gubernamentales, hay cinco aspiraciones clave para los negociadores y jefes de las FARC, parecen estar consiguiendo de parte de los negociadores del gobierno, con la anuencia del presidente, no se sabe si: a) por incompetencia del gobierno y sus negociadores; b) por ingenuidad o, c) a propósito, como sugieren algunos comentaristas, especialmente por inferencias a partir de la reconocida vieja amistad de un hermano del actual presidente con los sectores guerrilleros. Veamos:
- Que no los maten. Los jefes ubicados en La Habana temen por sus vidas y las de sus milicias, lo que expresan como pretexto para no entregar las armas. Se argumenta el caso de los asesinatos de 2.800 dirigentes de la UP en los años ochenta, que se dice fueron realizados por el Estado y la “ultraderecha”. Sin embargo, los hallazgos del profesor Henderson revelan que fue un proceso de exterminio ordenado por el mafioso Rodríguez Gacha, quien acusaba a las FARC de “muy faltones”, supuestamente porque “cuadros de las FARC se habían tomado tres de sus cocinas de cocaína, avaluadas en varios millones de dólares cada una, y habían asolado otras”. Es tanto el miedo que hoy sienten los jefes de las FARC, que la semana anterior cancelaron un viaje a Bruselas por “miedo al terrorismo”.
- No pagar cárcel y que sean redimidos y reconocidos como luchadores por la causa del pueblo. En todas las declaraciones públicas insisten en que son rebeldes alzados contra un Estado injusto y que “no pagarán ni un día de cárcel”. Los opositores han visto estas declaraciones como un signo de impunidad con que se desarrolla el proceso, aunque el gobierno insiste por todos los medios que no será así, mientras los anuncios sobre la justicia transicional parecieran confirmar concesiones del gobierno en este sentido.
- Que les acojan su gente y les mantengan, mediante pagos y subsidios. Los voceros de las FARC han asegurado por diversos medios que no tienen dinero y el gobierno ha anunciado que habrá un fondo para pagar a los guerrilleros durante un tiempo de reinserción a la vida civil, tal como en su momento se hizo con los paramilitares. Aunque no se sabe el monto, a nivel popular se especula que podría ser la cifra de alrededor de $1,8 millones mensuales para cada exguerrillero. Se está buscando apoyo internacional y el gobierno aspira que, entre otros, los norteamericanos ayuden a soportar esa carga económica. Quién sabe si algún dinero de los contribuyentes americanos se vaya a destinar para dar pago por mensualidades a exmiembros de un grupo acusado de ser terrorista y narcotraficante.
- Que les dejen sus negocios y se los legalicen. No han reconocido que su negocio principal desde hace varios años es el narcotráfico, aunque el gobierno insiste en que debería ser considerado como un delito conexo a la rebelión. En tal caso, en el sentir del Procurador General de la Nación, se incurriría en un blanqueo oficial de capitales. Además, no se cuentan los rentables negocios de la extorsión, que según informaciones de prensa han aumentado considerablemente en las zonas de influencia de las FARC, ni de la explotación de oro y otros productos de minería; ni de la explotación de las grandes extensiones de tierras y ganados; de la extracción de Coltán, que se exportaría vía Venezuela, entre otros, de los negocios señalados a las FARC.
- Que les den acceso y cuotas significativas de poder político. El gobierno parece convencido de la necesidad de darles cupos en el Congreso de manera directa sin que tengan que someterse al escrutinio popular en un ejercicio corporativo, altamente antidemocrático, y señalar territorios en los se hagan elegir mediante circunscripciones especiales que, por supuesto, estarían diseñadas para privilegiar que representantes de las FARC sean los elegidos, sin que otros sectores puedan competir por los votos.
Y no basta
Sin embargo, y a pesar de lo que están consiguiendo, afirman enfáticamente que eso no basta, pues la “Rendición incondicional de las guerrillas, entrega de las armas, sometimiento a sus políticas, todo a cambio de dos o tres puestos en el Congreso, el paseo por unos meses de un comandante en el cargo de ministro de Trabajo o de Salud, unas cuantas promesas y hasta unos años de cárcel para los principales líderes de la insurgencia nos anuncian y listo. ¿Ingenuidad o cinismo? Tal vez las dos cosas"
Las FARC, pues, insisten en que su propósito es la toma del poder para instaurar un régimen basado en un ideario que en teoría parece muy sugestivo de lograr la igualdad en la sociedad y que, de una forma u otra todos quisiéramos, pero que una vez instaurado en el poder parece ser traicionado por ególatras que tratan de imponer su visión y convertir sus sueños en una pesadilla para una sociedad, como dijera Fernando Savater.
Las experiencias prácticas en los últimos cien años han sido desastrosas, por decir lo menos, pues en cincuenta años del régimen soviético sacrificaron no menos de cien millones de personas, casi el doble que en las dos grandes Guerras Mundiales; Cuba se convirtió en la segunda cárcel más grande del mundo, en la cual once millones de personas viven sometidas al régimen impuesto por la familia Castro; y Venezuela de ser una potencia petrolera, se volvió en un Estado Fallido, sólo por mencionar tres casos, todos con clanes y mafias gobernando en nombre del pueblo y de los pobres, donde en vez de sociedades igualitarias se han instaurado regímenes corruptos e incompetentes en los que los gobernantes aparecen como “más iguales” que el resto, con toda suerte de privilegios, como se dice coloquialmente.
Aun así, el bien vendido ideario pareciera estar consiguiendo un camino expedito por la vía de la “negociación”, lo que en medio siglo de tiros y bombas no lograron. Es claro que el gobierno Santos no entregará el Estado a las FARC, como los más pesimistas afirman; pero tampoco es menos cierto que, si al final les hacen todas las concesiones mencionados y otras que no se conocen, les podrían estar abriendo el camino para entrar a pujar en forma decidida por su ambicionado sueño de tomar el control del país y cambiar el modelo político, económico, social y cultural. “No es para nada realista pretender que las conversaciones entre gobierno e insurgencia, para poner fin al conflicto y sentar las bases de una paz estable, no toquen para nada el modelo económico”, afirmaron las FARC en un comunicado de hace apenas dos años.
Para ello, una vez firmado el acuerdo, además de un trabajo de movilización de las bases campesinas, obreras y populares, y ante la imposibilidad de que algunos de sus más connotados jefes puedan intervenir directamente en política de manera inmediata, saldrán del “closet” como se dice ahora, y actuarán en su representación una serie de amigos suyos, seguidores, auxiliadores y militantes, muchos de ellos que están insertos de manera solapada en las distintas esferas de la vida nacional, en la academia, la empresa, las cortes, la política, en fin. Ya, por ejemplo, el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus dio el primer paso, cuando reveló que hace treinta años utilizó un cuarto para revelar fotografías con el fin de hacer cédulas falsas para guerrilleros de las FARC.
