¿A los jugadores de la selección Colombia, en época de la Copa América Centenario, habrá quién les pregunte cuánto les pagó Santos por vestir camiseta blanca, alusiva al proceso de paz? Tanto o más desinformado y ciego hay que estar para hacer a un periodista preguntas por el estilo; menos a raíz de un artículo en contra del uribismo. Ambos casos son homenajes históricos: el primero, a la apariencia pasada del combinado nacional. El segundo, a los hombres y mujeres afectados por las políticas del expresidente Uribe; colombianos de a pie, en su arrolladora mayoría. Sólo el último reducto de la “Seguridad Democrática” explica estas acusaciones.
Considerando el pobre salario del oficio en este país, habrá quienes creen viable semejante transacción. Pero lo cierto, estimado lector, es que el presidente Santos no paga por esto; para eso tiene un periódico, propiedad de su familia. Pero hay múltiples razones para que no lo haga. La principal: no nos conoce (y muchos de nosotros no podríamos estar menos interesados en conocerlo). En segundo lugar, muchas de las denuncias contra el expresidente Uribe consolidan su rabo de paja; situación llevada al extremo con el escándalo de REFICAR. Por último, nada tenemos para celebrarle los periodistas a un Juan Manuel Santos incapaz de cumplir con las labores que exige su estatus de mandatario.
Lo que menos tenemos para celebrarle, sin duda alguna, es la inseguridad que enfrenta el gremio periodístico en la actualidad. Sin que lo mencionen en sus noticieros los medios masivos, de los cuales nace la idea del periodismo que se vende al mejor postor, regresan las amenazas a periodistas de medios pequeños y ciudades alejadas del mapa mediático. Tales amenazas llegan en medio de una ola de asesinatos de líderes sociales y campesinos. Amenazas cuya materialización preocupa en tanto que los homicidios de periodistas en Colombia, como lo consigna el Centro de Memoria Histórica en el informe “La palabra y el silencio”, tienen histórica tendencia hacia la impunidad.
En silencio, de manera paralela, ocurre un nuevo caso de exterminio político. Como los dirigentes de la UP en tiempos de Pablo Escobar, los militantes de Marcha Patriótica, sin quién los escuche, gritan que los están matando en las narices del Gobierno. Las cifras los respaldan: de 2012 a 2016 han sido asesinados alrededor de 118 miembros del partido en todo el país. Estos homicidios a puertas del proceso de paz tienen una sola firma: paramilitarismo. O bien, BACRIM; sobrenombre de los protagonistas de desmovilizaciones ficticias orquestadas por el Doctor Ternura, posteriormente reorganizadas. Ahora sin otra ideología que enriquecerse a partir de vacunas y narcotráfico (aunque evidencien una clara tendencia política).
Mientras Santos, con el coraje ensayado desde el desacato a la Corte Internacional de La Haya, desafía al fortalecido Clan Úsuga, se extiende a sus anchas un paramilitarismo con poder suficiente para establecer paros y toques de queda, asesinar efectivos de la fuerza pública y movilizar amedrentados municipios el 2 de Abril. Es claro que, en las condiciones actuales, los guerrilleros de las FARC serán asesinados en cuanto vuelvan de La Habana, tal como ocurrió con los reinsertados del M-19 y el EPL años atrás. Dado que el gobierno nacional no es capaz, en lo inmediato, de garantizar seguridad a la oposición en el post-acuerdo, la consecuencia lógica es que dicha inseguridad provocará una continuada dilatación del proceso de paz.
El foco de las amenazas está, por lo pronto, en Atlántico, Córdoba, Antioquia y Cauca. En esta última ciudad, diez periodistas recibieron el pasado lunes un ultimátum para abandonar la región en una semana, a través de un panfleto firmado por las Águilas Negras. Las mismas que amenazaran años atrás a investigadores y columnistas de renombre como Daniel Coronell, Hollman Morris y Claudia Julieta Duque. El panfleto sentencia a muerte a los “periodistas serviles del castrochavismo”, además de declarar objetivo militar a familiares y colaboradores de los nombres en lista.
Si usted, estimado lector, tiene a Juan Manuel Santos como único responsable del peligro aquí denunciado, haga memoria de quién inventó ese término monstruoso e incomprensible de “castrochavismo”, que sus seguidores pregonan hasta el cansancio.
@AlexCamposSando
