El gobierno de Daniel Ortega se ha especializado en revivir las centenarias disputas de límites con sus países vecinos. El litigio que enfrenta con Colombia en la Corte de La Haya no es el único, sino varios frentes de batallas limítrofes que enfrentan con todos sus vecinos por sus sueños expansionistas.
En el caso de Colombia desde 1980, la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, decidió declarar “la nulidad e invalidez” del tratado de límites Esguerra- Bárcenas, que fijó en 1928, la línea fronteriza entre los dos países. Un tratado mediante el cual Nicaragua reconoció como territorio colombiano el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entre tanto, Colombia aceptó los dominios de Nicaragua en la costa de Mosquitos y las islas de Mangles, Corn Island y Littie Corn Island.
En aquel entonces la tesis de Nicaragua fue que debido a la ocupación norteamericana dicho tratado firmado con Colombia, fue producto de una imposición de Estados Unidos. Por lo tanto, un acuerdo firmado bajo esas circunstancias carecía de validez jurídica. Posteriormente, desconoció el Tratado de límites entre Colombia y Honduras, firmado en 1986, que determinó los linderos marítimos colombo-hondureños en el Caribe y se ratificó la soberanía colombiana sobre San Andrés y Providencia.
Los reparos de Managua se centraron que el tratado había reconoció a Honduras posesión marítima hasta el paralelo 15, mientras ellos reclamaban dominios hasta el paralelo 17. Sus argumentos fueron que el tratado “lesionaba sus derechos en el Caribe, al pretender imponer, límites arbitrarios, a través de un reconocimiento recíproco de Honduras y Colombia, en perjuicio de Nicaragua”.
A pesar que la Corte dirimió el pleito, otorgando dominios a Honduras sobre cuatro islas y reconociéndole a Managua dominios sobre 130 mil km², aún el gobierno de Ortega continua reclamando nuevas definiciones fronterizas con Honduras en el Caribe.
Nicaragua no conforme con el fallo, acude de nuevo a la Corte y demanda a Colombia. La Corte en el 2012, profirió un fallo donde estableció la delimitación marítima entre los dos países en el Caribe, donde Colombia perdió alrededor de 75 mil km² de aguas territoriales que rodeaban a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, Colombia decidió retirase del Pacto de Bogotá y no acatar el fallo. Managua vuelve y acude a la Corte y presenta dos nuevas demandas y ahora la Corte se declaró competente para estudiarlas.
La primera, sobre violaciones a la soberanía y espacios marítimos otorgados en el fallo de 2012. La segunda acerca de más dominios territoriales sobre la plataforma continental extendida. Lo polémico es que Colombia no firmó la Convención del Mar, en la cual se desarrolla esta figura. De nuevo la decisión de Colombia es no acatar las decisiones de la Corte y acudir a mecanismos de negociaciones bilaterales.
Además de este litigio en la Corte, Managua también sigue teniendo líos con Costa Rica en el río San Juan, pese a que la Corte hace seis años falló a favor de Costa Rica. Igualmente tiene otras disputas con Honduras y El Salvador en el golfo de Fonseca en el Océano Pacífico. El gobierno de Daniel Ortega, se ha dedicado a desconocer tratados y laudos arbitrales. En el caso del litigio con Honduras y el Salvador en el golfo de Fonseca, ha desconocido el fallo de la Corte de La Haya, que dirimió los dominios de las tres naciones en aquel golfo. Litigio que fue llevado a Corte y está en 1992, concedió a El Salvador dominios sobre las islas de Meanguera y Meanguerita; a Honduras sobre la isla de El Tigre y a Nicaragua posesión sobre tres millas a partir de punta Cosigüina.
En fallo determinó que los tres países, mediantes mecanismos tripartitos dirimieran los derechos de cada uno a partir de la bocana del Golfo mar adentro. A pesar de los memorandos de entendimientos que han suscritos para hacer del Golfo una región de paz, de seguridad y de desarrollo, Nicaragua no ha respetado los memorandos, ni la decisión de la Corte.
@j15mosquera
