El apoyo del Centro Democrático a las zonas de concentración estipuladas en la reformada ley de orden público la semana pasada, no significó el gran giro en la posición del partido uribista en términos de adhesión al proceso de Paz, como muchos creen, sino más bien un pequeño giro de un aspecto procedimental como lo es el mecanismo de verificación del cese al fuego, con respecto a la manera como el Gobierno de Uribe lo planteó en su época. Es sobre esto que debemos tener claridad para no llamarnos a engaños.
El Senador Álvaro Uribe durante su mandato como Presidente de la República, generó un proceso de paz con el ELN cuya fase formal -- que también fue en Cuba y duró dos años (2005-2007)-- e intentó abrir un proceso formal de paz con las FARC, el cual no fue posible debido a la gran distancia que las partes tenían en muchos temas, entre ellos, el reconocimiento político del conflicto armado y de las guerrillas, las dificultades frente al tema de los secuestrados, el intercambio humanitario, la intensidad de la confrontación que no aportaba con el ambiente mínimo necesario. Esto levó al calentamiento de las fronteras con Ecuador, Venezuela y al abatimiento de importantes jefes guerrilleros, además de la persecución política a magistrados, opositores y líderes sociales que obedecían a los intereses de la Casa de Nariño, entre muchas otros factores.
Pero si hablamos en concreto del modelo de negociación que el Gobierno Uribe tenía para afrontar un hecho como éste, ya sea con las FARC o con el ELN, notaremos un estilo vertical de negociación, con fuertes precondiciones para el inicio de los diálogos en su fase formal.
Desde la teoría de los procesos de paz de analistas como Vincenc Fisas, se puede inferir que exigir la liberación de secuestrados y la liberación de presos políticos o de combatientes de las guerrillas, es una concesión apenas lógica y que pueden hacer las partes mutuamente como acto para la generación de confianza.
Pero la dificultad de fondo se presentó cuando el Gobierno exige a su contraparte rebelde --como precondición para reconocer el carácter político del conflicto armado y entrar en la fase de negociación de los puntos de la agenda-- un cese al fuego unilateral, el cual solo sería válido y verificable para el Gobierno si el grupo guerrillero se concentrara en unos territorios específicamente delimitados dentro del país, con verificación internacional, y encima con identificación plena de cada uno de los combatientes que allí se instalen.
Tales exigencias terminan siendo rechazadas sobre todo por grupos guerrilleros que sostienen no estar derrotados, y que internamente no han decidido entregarse (es decir, no se trata de desmovilizarse solamente sino de negociar un acuerdo digno también para ellos en lo político), apelando a la lógica de la guerra. Estos interpretan que el Gobierno les exige salirse de la “niebla de combate” (es decir, de sus zonas de escondite), casi que una rendición previa o por lo menos, el otorgamiento de ventajas militares que podrían convertirse en irreversibles y que de no darse una negociación satisfactoria, terminaría siendo su propia tumba.
Pues es así como presentó el uribismo su idea de zonas de concentración. La diferencia con las zonas que se aprobaron en la ley de orden público es esencial: no es una precondición para negociar los otros puntos de la agenda de paz, sino que es parte de un procedimiento lógico (de hecho es parte del punto procedimental de la agenda denominado “Fin del conflicto”) que se debe llevar a cabo al final de la negociación de los demás puntos de la agenda.
Una cosa es que yo le exija a mi contraparte que entregue buena parte de su capacidad militar como condición para negociar, y otra muy diferente es exigir lo mismo pero después de asegurarnos una negociación sensata y aceptable por ambas partes,. De esta manera se puede llamar a diálogos de paz con un mínimo de confianza y se asegura mayor legitimidad del proceso y del acuerdo final.
