La reforma del alcalde Peñalosa para reorganizar la salud en Bogotá no es novedosa. La propuesta de fusionar los 22 hospitales en cuatro Empresas Sociales del Estado para que cada una opere una red integrada de servicios, pretende institucionalizar una política que, como lo ha reconocido el propio Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, se ha aplicado en los últimos años, llevando al cierre de más de un millar y medio de servicios.
Las cuatro redes planteadas en el Proyecto de Acuerdo del Alcalde existen desde 2013, año en el que la pasada administración recibió el aval del Ministerio de Salud para ponerlas en funcionamiento. La conformación de tales redes se orientó por lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011 y en el primer Plan de Desarrollo de Santos, y se acompañó de los planes de saneamiento aprobados por el Ministerio de Hacienda y el gobierno distrital.
El principal propósito de este diseño no es atender las necesidades, el acceso y el consecuente derecho a la salud de los ciudadanos, sino reducir costos en el intento por mitigar en algo la crisis financiera causada por el modelo de salud vigente en la Ley 100; una de cuyas secuelas son las astronómicas deudas de las EPS con clínicas y hospitales. Al tenor de criterios de negocio, como rentabilidad y redistribución eficiente de los portafolios, que en el proyecto del alcalde Peñalosa se revalida, entre 2013 y 2014 se clausuraron 1.500 servicios en distintos puntos de atención de la red pública hospitalaria. Se suprimieron algunos como control prenatal, pediatría, vacunación, salud mental, terapias respiratorias y citologías cervico-vaginales, entre muchos otros.
A las justificadas quejas de los ciudadanos se respondió con los mismos argumentos que hoy se utilizan para defender la propuesta: que se trata de reubicar los servicios (donde sea rentable) y no de eliminarlos, obviando las barreras geográficas creadas así a los usuarios al tener que recorrer mayores distancias para ser atendidos e incurrir eventualmente en gastos adicionales. En el fondo, la concepción es mayor inflexibilidad en la oferta antes que su ampliación y desarrollo.
En cuanto a la reestructuración administrativa, también se amenaza la estabilidad de miles de trabajadores. Pese a que se ha ofrecido que se respetará a los funcionarios de planta, dicho compromiso no aparece en ningún artículo del Proyecto. Además, el 77% de los trabajadores de los hospitales públicos son tercerizados, al estar contratados, de manera ilegal y en pésimas condiciones, mediante órdenes de prestación de servicio, por lo que no hacen parte de las plantas. La formalización de las labores misionales es mandato constitucional y fundamental para brindar buena atención, su ausencia en la propuesta de la administración sería razón válida para cuestionarla tanto en su concepción estratégica como en su exequibilidad.
El Proyecto también crea, dentro del concepto de economías de escala, una agencia de carácter mixto encargada de orientar las compras de los insumos para los hospitales. Ese criterio, que podría considerarse sano para optimizar el gasto público, se distorsiona al incluir como actores posibles en las transacciones a entidades privadas, presentadas sin ánimo de lucro, incluyendo soterradamente a aquellas con estrechos vínculos con las EPS, lo que les concederá incidencia en el nuevo mercado de insumos al por mayor para los hospitales públicos.
A lo anterior, se suma la forma antidemocrática del trámite. Se ha violado la participación ciudadana que, según la Ley Estatutaria, hace parte del derecho fundamental a la salud; se le entregaron al Concejo los documentos de soporte, de más de 1.400 folios, faltando apenas tres días para la votación en primer debate, y, en una muestra de falta de transparencia, no se conoce la opinión libre del cuerpo directivo que hoy está en los hospitales y en los programas claves del sector.
Bogotá es quizás el ente territorial que más ha invertido de sus propios recursos en la salud, más allá de las transferencias nacionales; creó una EPS semi-pública; ha adelantado impactantes programas de atención y prevención cercanos a la ciudadanía; ha socorrido a su red pública con apoyos de diverso orden y, no obstante, padece -como la que más- los graves menoscabos del modelo de intermediación financiera de la ley 100. Todo hace prever que la solución de Peñalosa, enmarcada en las esencias neoliberales del mismo, agravará la crisis de ciudadanos y trabajadores en el área de la salud y sólo pretende, a lo sumo, un efecto placebo.
