En el resguardo indígena Inga de Aponte --municipio Tablón de Gómez, Nariño-- la tierra se está agrietando y las casas hundiendo. Allí viven unas 2.500 personas en cerca de medio millar de viviendas y familias. La comunidad se localiza al norte del departamento en zona vulnerable de difícil acceso, por lo tanto con un gran efecto de aislamiento.
El grave problema de Aponte fue detectado hace unos nueve meses, pero al asumir el gobernador de Nariño, Camilo Romero, se puso al frente de la contingencia, haciendo presencia en el terreno apenas posesionado en uno de sus primeros actos de gobierno. Solicitó todas las alertas y exigió establecer máximos mecanismos de prevención y protección de la vida. Al tiempo se realizaron juiciosas revisiones técnicas en el sitio con un monitoreo y medición de la progresión de las fallas detectadas.
Los análisis técnicos, sociales y ambientales presentan hoy resultados responsables pero alarmantes. El gobernador ha estado al tanto convocando con regularidad a consejos de gobierno y seguridad con el objeto de asumir responsabilidades y tomar decisiones a tiempo. No se han escatimado esfuerzos gubernamentales con decisiones urgentes y prudentes.
En una visita técnica realizada por la comisión interinstitucional encargada a la zona entre el 9 y el 12 de febrero del 2016, efectuaron el reconocimiento de los procesos de inestabilidad del terreno en la cabecera del Resguardo y se evaluaron de manera preliminar los posibles predios de reasentamiento indicados por la comunidad. El informe que se acaba de presentar tiene datos alarmantes y exige soluciones estructurales y en lo posible inmediatas.
A partir del recorrido de campo, se identificó que la inestabilidad de la región está asociada a un movimiento en masa activo, con un progresivo deslizamiento de materiales sólidos como rocas y tierra, que ha impactado directamente al menos a la mitad de los hogares que ya tienen daños establecidos e irreversibles. Presentan grietas, fallas estructurales y áreas de la tierra con profundas roturas que evidencian el hundimiento progresivo del suelo y la base estructural de las precarias construcciones.
Este movimiento continuo hasta la fecha, ha afectado 227 viviendas, de las cuales, 5 de ellas ya se encuentran demolidas; 16 deben ser derribadas debido a su alto grado de afectación estructural y 206 tienen en el momento daños leves a fuertes, sin embargo se encuentran dentro de la zona activa del movimiento en masa, definida como Zona 1 o de mayor riesgo.
Según el informe técnico-científico, teniendo en cuenta las características del movimiento, éste puede evolucionar a un flujo de materiales con condiciones destructivas. En términos prácticos puede producirse un derrumbe de enormes proporciones y arrasador. Es decir que además del grave daño estructural de las viviendas con posible riesgo de colapso, se suman las amenazas de grandes movilizaciones de tierra, llevando a una catástrofe mayor. Cientos de vidas humanas están definitivamente en peligro, y no solo eso, todo un proyecto construido de desarrollo humano y social que se vuelve definitivamente irrepetible.
A partir de este panorama y del comportamiento de este deslizamiento que va aparentemente lento en el tiempo pero veloz en la concepción del daño ya causado (y por venir), las dimensiones de la problemática y el número de viviendas que ya están afectadas, las instituciones y las comunidades propusieron la posibilidad de reasentarse en otras zonas. Es también la recomendación que hace la oficina departamental de gestión del riesgo en cabeza del joven ingeniero Cristian Ortega.
De allí que esa comisión interinstitucional haya apoyado y sugerido en la evaluación preliminar de los predios seleccionados por la comunidad una estrategia de reubicación del resguardo indígena de Aponte a otro lugar. El gobierno departamental bajo el liderazgo de Camilo Romero, ha tomado la decisión de escalar de manera perentoria el grave problema al gobierno nacional, para buscar una solución conjunta pronta a favor de una de las comunidades más vulnerables del país. La reubicación total es posiblemente la mejor decisión, ahora que aun se está a tiempo. Pero es un paso trascendente y de enorme costo de todo orden.
De allí que el llamado de auxilio de estas comunidades es para ayudar a resolver de forma urgente su lamentable situación. De lo contrario estaríamos de nuevo ante un nuevo Gramalote, con las nefastas consecuencias de todo orden, que saldrían mucho más costosas si no se actúa como es debido ya. El resguardo indígena Inga de Aponte en el departamento de Nariño, está colapsando, las voraces fauces de la "Madre Tierra" se lo quieren tragar. Hoy merece toda la atención, porque es de hecho una tragedia anunciada si no se toman medidas inmediatas.
