La historia reciente de la Universidad del Atlántico ha estado atravesada por crisis financieras que la llevaron a entrar en el régimen de la ley 550. Fuertes violaciones a los derechos humanos (que cobraron con la vida de profesores y estudiantes, y confinaron al exilio a otros), y un desempeño muy regular en términos de académicos, repercuten en las dificultades que institución ha presentado para alcanzar la acreditación de institucional. A esto se suma la inestabilidad que se ha generado en su seno, producto de las constantes disputas que los sectores de la política tradicional del departamento han emprendido, tras la búsqueda de acomodarse burocrática y clientelarmente en los escenarios de poder la universidad.
Los últimos vacíos que se han producido en las decanaturas de la universidad han generado consecutivamente un sinnúmero de expresiones de descontento de los estudiantes, que de una forma u otra, no encuentran legítimas las decisiones que el Consejo Superior. Es preciso mencionar el encargo realizado en la decanatura de Ciencias Jurídicas, ejecutado posterior a una toma pacifica realizada por estudiantes de esa facultad. Así mismo, los ceses de actividades desarrollados por las facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería el semestre pasado que obligaron al Consejo Superior a agilizar la designación en encargo de decanas para esas facultades. El último caso es el de la facultad de Nutrición y Dietética en el cual fue designado (también en encargo) un decano que a juicio de la misma comunidad de esta facultad no cumple con el perfil académico para asumir esta tarea. Esto ha llevado a los estudiantes de esta facultad a entrar a partir del pasado lunes en cese de actividades.
El saldo que deja para la universidad la cadena de decisiones erradas del Consejo Superior es el de 1 rectora y 4 decanos encargados, además, 2 decanos en propiedad que cumplen funciones administrativas en otras dependencias simultáneamente. Es decir, 6 de las 10 facultades de nuestra universidad no marchan en propiedad y corren el riesgo de reacomodarse de acuerdo a los intereses políticos de quienes componen el Consejo Superior, generando inestabilidad en los procesos misionales de la UA.
Se abre de esta forma un panorama en el cual es necesario, y además urgente, una reforma universitaria que permita en el marco de la autonomía, repensar las forma en la cual se designan las directivas académicas de la universidad, incluyendo las figuras de decanos y rector, permitiendo combinar de manera acertada la meritocracia necesaria para asumir estos cargos, con la profundización de la democracia universitaria, que haga participe a la comunidad universitaria de la toma de decisiones y al tiempo le reste poder a las maquinarias políticas del departamento que han convertido a la universidad en un botín que forcejean pasando por encima de los intereses académicos de los uniatlanticenses.
