Adriana* es una mujer que a sus 35 años ha vivido todas las experiencias que como mujer puedan vivirse. Y cuando digo todas, estoy hablando de una mujer que ha vivido en carne propia no solo ser esposa y madre, sino además ser comerciante en un país como el nuestro, donde el índice de desempleo ha sacado el temple de guerrero de las colombianas, muchas de las cuales han surgido desde sus microempresas.
Ha vivido tanto, que ya sabe en carne propia lo que es el terror de ser extorsionada y amenazada por los guerrilleros de las FARC. Ellos han intentado raptarle a su hijo, un niño de escasos siete años, quien se salvó de ser secuestrado porque una profesora suya se dio cuenta a tiempo y lo escondió en un salón de su colegio.
Era junio de 2015 y mientras Adriana trabajaba en su restaurante, Juan Carlos Ramírez, alias ‘El tuerto’-- jefe de finanzas del frente 53 de las FARC, la contactó vía telefónica. El Tuerto se le identificó como miembro de la guerrilla y la citó para que fuera hasta el municipio de Mesetas, en el sur del Meta, para que conversaran sobre cómo Adriana debería en adelante "colaborar con la causa".
Adriana y su esposo, dueños de un modesto restaurante, entraron en pánico. Lo primero que se les ocurrió fue denunciar al Gaula de la Policía, donde inicialmente los atendieron bien, y les dieron una serie de recomendaciones no para detener las extorsiones, sino para seguirle el juego a los guerrilleros, alargando las llamadas y haciendo creer a estos delincuentes que Adriana estaba dispuesta a colaborarles en sus exigencias.
Las vicisitudes de una denuncia al Gaula
Justo ahí comenzó el calvario de Adriana y su esposo. Las llamadas eran cada vez más frecuentes y como Adriana no quiso ir a Mesetas, los guerrilleros fueron más directos y le ordenaron llevar 15 millones de pesos y entregárselos en el municipio de Granada.
Asesorada por el Gaula, se alistó un paquete señuelo, y salió al punto de encuentro con los extorsionistas en ese municipio de la región del Ariari, al sur del Meta.
Una vez en Granada, con el paquete en sus manos y obedeciendo las absurdas órdenes que los guerrilleros le daban por teléfono, se paraba, se sentaba, entraba, salía. Su cuerpo sudaba frío durante los casi cuarenta minutos que duró esperando a los guerrilleros.
Ese día, el Gaula tenía todo "perfectamente" coordinado, y en el momento en que Adriana entregaba el paquete señuelo, llegaron los uniformados y capturaron a los dos presuntos delincuentes, en una operación que no tomó más de cinco minutos.
Cuenta Adriana que una vez terminado el operativo, los del Gaula la llevaron y la metieron en la misma casa donde tenían a los presuntos extorsionistas, exponiéndola ante ellos y ante la familia de estos que para este momento ya se encontraban en el sitio.
Ante esto, ella les solicitó que la llevaran a Villavicencio, pero un policía del Gaula, de apellido Rey le dijo "Señora, aquí nos vamos a demorar; si quiere espérenos, o váyase en un bus de la flota Macarena porque nosotros estamos ocupados".
Adriana debió esperar entonces, hasta que horas más tarde fue llevada a Villavicencio, pero no en un cómodo vehículo blindado de esos que hacen parte del parque automotor de la institución, sino a bordo de un camión policial.
¿Y qué hay de la protección a las víctimas?
Lo que había ocurrido era muy grave. Adriana no solo no le había pagado el dinero a los guerrilleros, sino que se expuso ante ellos y los había puesto en manos de la justicia.
Ahora está como antes de llamar al Gaula: sola, blanco de los terroristas y sin protección policial, pues efectivamente la guerrilla la volvió a contactar.
Un guerrillero que se identificó como Ferney Valencia, del frente Urias Rondón de las FARC, la contactó telefónicamente para exigirle dinero, aduciendo que ya sabían que ella los había delatado ante la Policía. En el audio, el guerrillero dice "mire mi señora el mismo Gaula les dio la información... y esta vez las cosas serán diferentes porque a nosotros en mas de cincuenta años no nos ha quedado grande nada ni militar ni políticamente".
Comenzaba de nuevo la tortura. Días después, cuenta Adriana que la guerrilla trató de secuestrar a su hijo de siete años, a la salida del colegio, y de no ser por una profesora que alcanzó a percatarse de la situación y llevó al niño al interior del colegio, el menor estaría en manos de ese grupo.
Agrega Adriana que el mayor Galindo, entonces comandante del Gaula, cansado tal vez de la insistencia, le ordenó un policía para que la cuidara, pero que esto solo fue por 15 días, y de nuevo la dejaron a su suerte. Solo hasta hace dos semanas, el nuevo comandante de la Policía Metropolitana le asignó un agente, pero dice que la Unidad Nacional de Protección, pese a una tutela interpuesta por el Defensor del Pueblo, no ha querido tenerla en cuenta como persona en estado de alto riesgo de seguridad.
El papel de la Fiscalía
De los dos capturados en granada el día del operativo, se sabe que aún están presos. El caso lo tiene la Fiscalía 19 en cabeza del doctor Enrique Camargo, pero según Adriana, este no avanza. Jorge Arturo Rodas y Carlos Alfonso Reyes, capturados el día del polémico operativo, próximamente podrían salir libres por vencimiento de términos, toda vez que las audiencias de manera extraña se vienen dilatando una y otra vez, hasta el punto que la última audiencia fue cancelada según el juez "Porque el Fiscal tenía una cita médica".
En este sentido, se consultó al director seccional de Fiscalías del Meta, doctor Robinson Chaverra, quien manifestó que para la Fiscalía el caso está priorizado: "Yo siempre he dicho que la persona más importante en estos casos es la víctima; ella, (Adriana) es la reina de este proceso, y en este sentido, estamos seguros con nuestro trabajo que el caso no va a prescribir. De hecho, la próxima audiencia en contra de los dos presuntos extorsionistas la tenemos para el próximo 2 de marzo, y respetamos y comprendemos eso sí, el dolor y el miedo de la víctima. Tenga la seguridad que este caso lo vamos a sacar adelante, pero es importante decir también que por más sólido que consideremos nuestro acerbo probatorio, será el Juez de Garantías el único competente para emitir si hay condena en contra de estos dos señores".
El papel del Gaula
Para hacer juicio a la verdad, y en vista de la gravedad de estas denuncias, también fui al Gaula de Villavicencio y me encontré con que el Mayor Galindo ya no está al mando de este grupo policial. Me recibió entonces el Mayor Jhon Jairo Romero, actual comandante de esta unidad, quien me dice que si bien es cierto, entiende el temor de Adriana y no fue él quien conoció de primera mano el caso. Sin embargo, dice conocerlo a fondo. Desestima que el caso del pequeño hijo de Adriana haya sido un intento de secuestro. Cree más bien que fue un intento de hurto.
Romero reconoce que las amenazas en contra de esta mujer siguen, y está seguro que los dos capturados en el operativo seguirán en la cárcel, y que no se les van a vencer los términos porque asegura que se le está haciendo seguimiento al caso por parte del Gaula.
En cuanto a la seguridad de la víctima, dice que el agente que la cuidó un tiempo lo hizo 40 días y no 15, pero es enfático en afirmar que el Gaula no tiene competencia para poner a un policía a brindar acompañamiento a la víctima, ya que esto es una competencia de la U.N.P.
De nuevo el miedo
Hoy, Adriana sigue atemorizad. Pasa las noches en vela soñando que los terroristas la persiguen. Su esposo está enfermo y a raíz del trauma que dejan este tipo de persecuciones entró en depresión y hoy no sale de su casa.
Ella, por su parte, no se separa de sus hijos un solo instante y dice que continuará trabajando porque considera que ella no es la delincuente, los delincuentes “¡Son los de las FARC”.
Adriana teme por su seguridad, y dice que de lo único que se arrepiente es de haber contado su problema a lo que ella denomina "Una tragedia llamada Gaula".