Sexo, mentiras y video, así se llamó la célebre película de Steven Soderbergh en 1989. Y esas tres palabras también podrían titular el episodio de una historia de la que estoy tan cerca que hablo con conocimiento de causa. ¿Sexo?, por supuesto, es una red de prostitución fundada en el abuso de poder de superiores jerárquicos sobre sus subordinados. ¿Mentiras?, claro, así intentan cubrir la realidad que hemos denunciado en las investigaciones realizadas por el equipo de La Fm. ¿Video?, sí, ese punto nos tiene hablando aquí en este momento. Pero es mucho más que eso.
Entiendo la decisión editorial de publicar el video. Entiendo también la molestia que esta decisión generó. El video, visto en el contexto de una investigación seria que comenzó hace unos tres años el colega Enrique Tapias de Noticias UNO y retomada en el programa de investigación Séptimo día por las colegas Alejandra Rodríguez y Diana Henao, sí aporta elementos importantes a la investigación. Es una prueba, no sé si reina, pero al menos una que le da sustento a muchas otras.
Quiero señalar asuntos que no pueden olvidarse por concentrar la mirada —y el oído— en los minutos del video difundido. El joven oficial, Ángelo Palacio, entró al curso en la Escuela General Santander en 2003 y para el 2004 ya había sido víctima de abuso sexual. Fue drogado y violado, según su testimonio, por el coronel Jerson Jair Castellanos, jefe de seguridad del Congreso de la época. Denunció. No le creyeron. Por años, siguieron acosándolo laboral y sexualmente. Lo obligaban a trabajar largas jornadas, semanas enteras sin un día de descanso. Se enfermó. En 2014, ya siendo capitán, tuvo un derrame cerebral resultado del agotamiento, según los informes médicos. Casi no sale bien librado, estuvo hospitalizado varios días. Ni así se detuvo la persecución, de todo tipo. En mayo de ese año la periodista de La FM, Angélica Barrera, habló con él. Aún convaleciente, quiso contar su historia. Él la buscó. Ella lo escuchó y lo grabó. Nunca se publicó la conversación pues la directriz del momento fue recolectar más pruebas. Y así se hizo. La entrevista vio la luz dieciocho meses después. Lo enviaron “castigado” a Caquetá en medio de un tratamiento médico propio de alguien que acaba de sufrir un derrame. Se mudó a Florencia, sigue allí, le ha ido bien, ha recibido buenos conceptos de sus superiores. Tras la publicación de la entrevista, en noviembre de 2015, a Palacio le abrieron tres investigaciones: por injuria y calumnia contra el general Palomino; por hablar ante medios de comunicación sin permiso de la Policía y por no denunciar ante la institución los supuestos hechos irregulares de los cuales había sido víctima (los documentos que ha guardado el capitán Palacio y que sustentan sus declaraciones prueban lo contrario: sí denunció). Ahora están a punto de imputarle cargos y destituirlo de la institución.
Parte de esa persecución también consistió en crear falsos testigos en contra del capitán Palacio y acusarlo de delitos que él no ha cometido. En 2010 la Procuraduría le abrió una investigación porque supuestamente recibía dinero en un parqueadero en Soacha. Con el tiempo, cada uno de los testigos se retractó de sus propias declaraciones. Todos confesaron que estaban siendo presionados para declarar contra el oficial.
Muchos meses de investigación han tenido los ecos conocidos por la opinión pública y por la justicia pues hemos cumplido con hacer la denuncia no solo en micrófonos sino en instancias legales. Incluso a riesgo de nuestra seguridad. Uno de los anónimos que puso en alerta los seguimientos e interceptaciones ilegales advirtió a Vicky Dávila que meterse con la Comunidad del Anillo era muy peligroso, muchos matarían por no ver nada de ese escándalo publicado. Los involucrados son poderosos y reconocidos, “gente de bien”, dijeron. Aun así, La FM siguió adelante develando con pruebas la profunda crisis dentro de una institución a la que cada colombiano entrega su confianza y que está llamada constitucionalmente a velar por el bien de todos. Si la Policía Nacional, encargada de combatir el crimen, está enquistada por él, ¿en quién podemos confiar?
El capitán Palacio, adrede, grabó el video y provocó al entonces senador Ferro. Esa era su intención. Llevaba cuatro años de abusos sexuales y laborales, necesitaba comprobar que sí existía una red que le prestaba sus servicios de prostitución al Congreso de la República. Para muchos, el video no prueba absolutamente nada. Para la Procuraduría, prueba que sí había una conexión entre la Comunidad del Anillo de la Policía y el Congreso. Algunos de los elementos que apoyan este argumento son: (1) el encuentro se da en un bien público, una camioneta asignada al congresista (a pesar de que Ferro lo niega en la entrevista que le dio a Blu Radio, luego de haberlo reconocido en el propio video). (2) El joven no se está prostituyendo en una esquina; llega a la camioneta del legislador gracias a los buenos oficios del coronel Castellanos, jefe de seguridad del Congreso y enlace entre la Comunidad del Anillo y los congresistas interesados. (3) Ambos, senador y oficial, están en horas laborales. La conversación que se escucha es entre dos personas mayores que coinciden en un gusto sexual. De acuerdo. No involucra ni al general Palomino ni demuestra que el exsenador Ferro esté pagando por servicios sexuales, ni mucho menos que esté usando su autoridad para abusar de otros. No hemos dicho lo contrario. El video, en últimas, demuestra que Ferro sí conocía al oficial, a pesar de que lo ha negado en varias ocasiones en el marco de esta investigación. En entrevista con La FM, por ejemplo, negó conocerlo, a pesar de la insistencia de la mesa de trabajo en el tema. Desde el año pasado, tras la entrevista en La FM, tanto él, como el gobierno y su familia, sabían de la existencia de las acusaciones. El gobierno lo mantuvo como viceministro del Interior, cargo que ocupa tras haber fracasado en su intento de volver al Congreso en las legislativas de 2014.
Unos dicen que el video no es prueba judicial porque fue obtenido “ilegalmente”. Abundante jurisprudencia y algunos juristas, por el contrario, insisten en que el video, al ser obtenido por la víctima, se convierte en una pieza importante del proceso. Una vez más el criterio aquí tiene carácter y fundamento legal, no parte de una apreciación apresurada o personal.
La FM obtuvo el video de manos de la víctima hace algunas semanas. También lo recibió la Procuraduría. En el momento en que se recibió, la decisión editorial fue no publicarlo porque aún no aportaba nada a la investigación periodística ni estaba judicializado. El pasado martes, cuando el procurador Ordóñez leyó los cargos por los cuales investigaba al general Palomino, mencionó la existencia del video, que —cabe anotar— también ha sido aceptado como prueba por la Fiscalía. Con las declaraciones del procurador, la decisión editorial cambió y la dirección publicó el video, pues ahora sí aportaba a la historia. Hace parte del acervo probatorio para las autoridades. Estoy de acuerdo con quienes dicen que el video debió ser editado y que su publicación completa era innecesaria. La presión de la que también hemos sido víctimas en todo este proceso hace parte de lo sucedido y hoy vemos las consecuencias: el debate de muchos ahora es sobre la privacidad del seno de la familia del exsenador Ferro y no sobre lo que no debe perderse de vista: las implicaciones de esta red de presiones indebidas que socava el nombre de una institución llamada a protegernos. A todos.
El error editorial que se cometió no consistió en haber publicado el video (que es una pieza clave de la investigación) sino en haberlo hecho, debido al apuro del momento, sin la debida edición para omitir detalles que eran irrelevantes.
El escándalo de la Comunidad del Anillo ha dejado decenas de víctimas, cuyas familias sí que han sido destruidas. Doña Adiela Gómez sigue reclamando por el asesinato de su hija, Lina Zapata, quien al saber de la Comunidad del Anillo, fue asesinada, aunque su muerte la hicieron pasar como un suicidio. Las autoridades han negado sistemática y enfáticamente la existencia de esta red de prostitución por años, y esta semana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, admitió su existencia para decir que ya no existe y de paso para absolver al cuerpo de generales, incluido Palomino. En el mismo sentido habló el senador Hernán Andrade cuando tuvo que dar explicaciones por otro caso de abuso sexual que involucra a un senador activo y a un policía, cuando presidió el Senado. Caso que en su momento no denunció.
De sobra es conocido el impacto de la difusión del video que fue visto esta semana. La semana anterior, hay que recordar, recibimos el Premio de Periodismo CPB justo por el valor, la trascendencia y la veracidad de esta misma investigación y denuncia. Todo lo revelado sigue vigente. Y huele mal. La realidad puede ser incómoda pero no por ello deja de ser necesaria. Y el oficio del periodista consiste esencialmente en sacar a la luz la verdad, en particular cuando quienes abusan del poder quieren hacernos ignorarla.
(*) Periodista, miembro del equipo de La Fm
