El presidente Santos presentará un proyecto de ley para poner en cintura la corrupción administrativa “concentrada en las regiones”. A retazos intenta solucionar la crisis estructural de la Justicia, que al igual que falencias en la Educación, Salud e inequidad en distribución de ingresos, nos ubican entre naciones del Tercer Mundo y no en las “de buenas prácticas”, característica de países OCDE. Divulga la ‘buena nueva’ y otra legislación más exigente para castigar a corruptos ‘de provincia’, en momentos que se destapa el escándalo de sobrecostos por más de 4.000 millones de dólares (más de trece billones de pesos) invertidos en modernizar la refinería de petróleo de Cartagena, Reficar, gracias a contrato diseñado y abierto durante el primer gobierno de Uribe y dejado a “buena voluntad” de los contratistas de Chicago que tuvieron cuenta abierta para pedir más dinero de Ecopetrol, trabajar con su gente contratada a precio de ‘gringo fino’, a su ritmo, cotizaciones y antojos durante los gobiernos de Uribe y Santos.
Al conocer pormenores del mayor torcido en la historia de la contratación pública colombiana, se nota a la legua, que desde el curubito del Gobierno de entonces y de Ecopetrol, el robo estaba planeado al aceptar como socia mayoritaria a la multinacional suiza Glencore, sin experiencia en construcción de refinerías, pues se concentra en la extracción de minerales. Esta contrato a Chicago, Bridge and Iron (CB&I) para la ejecución y re- vendió su participación a Ecopetrol. El multimillonario contrato entregado a CB&I, lo ejecutó trayendo personal administrativo y técnico con honorarios y subcontratos con sobrecostos escandalosos y utilizando parte de maquinaria reciclada en viejas refinerías gringas, según denunciaron directivos de la USO. “Por esta razón la planta pronto tendrá que ser parada y sometida a mantenimiento y reparaciones”, expresó el Presidente del sindicato. Lo que emberraca es el constatar que un contrato de esa magnitud se haya ejecutado sin control efectivo de auditores, la Contraloría, Procuraduría, Superintendencias y demás entes encargados de vigilar la ejecución de las obras.
En realidad la corrupción administrativa es un cáncer que afecta a nuestro país y vecinos de la región, sin discriminar si los gobiernos son de “izquierda o derecha”. La macro-corrupción en Colombia, Venezuela y Brasil, para citar ejemplos más escandalosos, se concentró en empresas como Ecopetrol, PDVSA y Petrobras, cuando el precio del barril de petróleo superaba los 100 dólares y nadie notaba sobresueldos y contratos leoninos firmados por funcionarios movidos por el afán de enriquecerse sin medida aprovechando controles inoperantes de las instituciones de los Estados y auditorias contratadas por estos.
Según informe inicial de la Contraloría General de la República, más requisitos exigen a un contratista municipal o departamental para aprobarle un contrato de dos millones de pesos, que los que los requeridos a contratistas extranjeros y gringos, como los de Reficar, por más de 4.000 mil millones de dólares, que se duplicaron gracias a marrullas y complicidad de altos funcionarios del gobierno y Ecopetrol, comiendo bajo mesa jugosas comisiones. Así facilitaron la consumación del despojo aprobando adiciones presupuestales sin chistar y dejaron a los gatos cuidando la carne, sin mayor control, para que les dejaran parte jugosa del pernil.
El presidente Santos mientras anuncia mayores penas a quienes saquean presupuestos de Municipios y Departamentos para pagar los compromisos adquiridos con los contratistas y mafiosos que financiaron sus campañas, debería extender sus preocupaciones a los ‘príncipes’ del gobierno central que manejan licitaciones y contratos como el de Reficar.
Por lo menos en este país, donde niños de Guajira, el Guaviare, Cauca y otras regiones abandonadas se mueren de hambre y desatención del Estado, deberían castigar estos atentados contra los escasos recursos públicos con penas tan graves y efectivas como las aplicadas a secuestradores y genocidas.
La indignación que causa el mega-robo de Reficar, encuentra justificable que en países como la China e Indonesia fusilen altos funcionarios públicos que se roban el presupuesto nacional. Pero en Locombia, las ratas con alas, o mejor los vampiros de cuello blanco, posesionados del banco de sangre, siguen orondos y ‘exiliados’, argumentando “persecución política”, con sus familias en Miami, derrochando los millones de dólares que oportunamente escondieron en el anonimato de cuentas ocultas en las Islas Caimán, Suiza y otros paraísos fiscales, para después de los años regresar, con sus hijos, esposas, concubinas y demás asociaciones familiares para delinquir, a financiar paramilitares para que maten a sus colegas: las ratas de alcantarillada que atracan y roban celulares, desplacen a campesinos de tierras que vienen a ‘comprar’ a precio de huevo, como el magistrado Pretelt, y a lanzarse como candidatos a las Alcaldías, Gobernaciones y Congreso, para continuar haciendo lo que mejor saben: Asaltar el presupuesto nacional con la complicidad del pueblo borrego que los elige.
